Recientemente ha viajado a Madrid para participar en el seminario “Diálogos sobre Cuba”, momento en el que le realizamos esta entrevista.
Asumió el cargo de subsecretario de Defensa con la recién elegida presidenta Michelle Bachelet en 2014 ¿Cuáles fueron las actuaciones más destacadas en esta etapa?
Durante ese periodo la tarea más importante en ese ámbito en particular fue continuar con el proceso de reformas que se puso en marcha en Chile, a partir del proceso de transición, un proceso que tomó mucho tiempo, desde el régimen autoritario a la democracia en 1990, puesto que en Chile el régimen autoritario dejó instituido un conjunto de instituciones que organizaron el sistema económico y social. Así, por ejemplo, en Chile tenemos una Constitución neoliberal; también se articuló un sistema de instituciones políticas contra-mayoritarias, para impedir las reformas a ese primer modelo, y, finalmente, había un conjunto de instituciones de seguridad nacional propias de la etapa que vivió América Latina durante la Guerra Fría. Con estos tres pilares se intentó, por lo tanto, construir una institucionalidad que permitiera limitar a la democracia que se iba a desarrollar más adelante, fruto del proceso de movilización que terminó en una transición democrática. Desde entonces, lo que se ha estado haciendo en el ámbito en el que me desempeñé como viceministro de Defensa es profundizar el proceso de reformas iniciadas diez o quince años después de la transición.
La transición tuvo una primera etapa muy dura, muy difícil, de mucha contestación militar a las autoridades democráticas. Hubo tres amenazas de golpe de Estado por parte de Pinochet, hasta que fue detenido por orden del juez Garzón en Londres. Eso, junto con la dinámica electoral que terminó aislando a los militares, cambió el escenario, porque la derecha terminó necesitando diferenciarse de los violadores de los derechos humanos. Esta combinación abrió un escenario distinto que permitió, a partir del año 2005, un proceso de reformas constitucionales, y, después, a partir de 2010, es decir 20 años después de la transición, unas reformas de carácter legal que reestructuraron la institucionalidad del conjunto de la defensa, no solamente en el ministerio sino también, sino desmantelando el conjunto de instituciones de alto nivel de seguridad nacional. Hasta el 2005, los militares conservaron un papel político tutelar por sobre todas los poderes del Estado, y esto es lo que se desmanteló con las reformas. El proceso se puso en marcha durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y ha sido continuado durante el primer y el segundo gobiernos de la presidenta Bachelet, orientado a la construcción de instituciones democráticas para la relación civil militar del país.
“Si hoy día se analiza, desde el punto de vista estratégico, la situación de seguridad en el mundo, probablemente América Latina sea la zona más estable, donde hay menos conflictos internacionales. Y esto no es casualidad, sino que es el resultado de una gestión política de largo plazo de los gobiernos democráticos”.
Por otro lado, desde la defensa, también se profundizó en una política de cooperación regional e internacional, orientada a consolidar las instituciones de cooperación que, con la democratización, también se estaban desarrollando en la región desde 1990, y que gradualmente permitieron que esta se consolidara como un espacio continental muy estable en términos comparados. Si hoy día se analiza, desde el punto de vista estratégico, la situación de seguridad en el mundo, probablemente América Latina sea la zona más estable, donde hay menos conflictos internacionales. Y esto no es casualidad, sino que es el resultado de una gestión política de largo plazo de los gobiernos democráticos, que se inició con la democratización en Argentina y en Brasil, y continuó con la de Chile y el proceso de paz en Centroamérica.
A su vez, eso originó una dinámica en los años noventa que terminó con la adhesión de toda la región al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares, pero también a los tratados y convenciones que prohíben las armas químicas y bacteriológicas. De esta forma, en América Latina se proscribieron todas las armas de destrucción masiva y se generó una red muy intensa de medidas de transparencia y de confianza entre los Estados. A esta dinámica se añadió la práctica, poco reconocida pero muy importante durante el siglo XX, de la resolución pacífica de controversias. Esa combinación terminó por estabilizar a la región, y facilitó el proceso de democratización. Por esta razón, la región se autodefine desde los años noventa como una zona de paz, y se va consolidando en este siglo. En la actualidad, todo está en discusión porque hay una crisis política global, cuyo impacto no solo afecta al ámbito de la seguridad, sino que también alcanza a la calidad de la democracia o a la propia suerte de las democracias en la región.
¿Cuáles crees que son los desafíos progresistas en este momento en América Latina?
América Latina está experimentando los mismos problemas que ha producido el proceso de la globalización en todo el mundo. Se trata de problemas que, aunque tienen elementos comunes, se manifiestan de manera distinta en cada región, o en cada país. Entre los elementos comunes se encuentra el hecho de que la globalización estableció un rodamiento de la economía internacional y del funcionamiento del sistema financiero que ha supuesto que las instituciones políticas se vean debilitadas. Además, este proceso ha reordenado también toda la política internacional y eso es lo que ha impactado sobre las democracias en América Latina, que, asimismo, tienen que lidiar con sus propias dificultades históricas.
América Latina es un continente con una tradición oligárquica importante, con déficit democráticos muy conocidos, muy profundos, con un alto nivel de militarización en la política y de violencia interna en cada Estado. En América Latina ha habido más violencia dentro de los Estados que entre los Estados, y ese déficit democrático marcó la etapa de democratización prolongada que se inició en la década de los ochenta. Esto ha hecho que las democracias en América Latina, a su vez, tengan algunas falencias estructurales, que se han visto agravadas porque, con la globalización, muchas decisiones que antes estaban radicadas en los Estados han subido de nivel y escapado al control nacional. No obstante, y a diferencia de Europa, en América Latina no existe un proceso de integración que permita la intermediación de la dinámica de la globalización con las dinámicas nacionales. En América Latina la integración ha sido básicamente intergubernamental, no supranacional.
En consecuencia, entre los déficits de las democracias en América Latina y los déficits de la globalización, la crisis democrática es muy aguda. De ahí que la percepción ciudadana de la democracia se haya ido deteriorando. En este sentido, el último informe del Latinobarómetro realmente es lapidario. No solamente se ha producido una disminución de la valoración de la adhesión a la democracia, sino que también hay algunos fenómenos preocupantes como, al igual que en otras regiones, el surgimiento de liderazgos iliberales. Se trata de liderazgos convocados por los electores frente al fracaso de la democracia, pero que tienen fórmulas de salida a la crisis que van debilitando la democracia. Es el caso del presidente de Brasil, por ejemplo, muy controvertido, pero también tenemos situaciones de crisis democrática en Nicaragua, Guatemala y Venezuela, y esta última amenaza con derivar en un conflicto interno a internacional aún más agudo si no hay capacidad para alcanzar un entendimiento político. En ese escenario se ha producido un proceso de repolitización y de contestación ciudadana en Chile y otros países, porque la gente está cuestionando el tipo de democracia que estamos viviendo, y demandando regímenes más inclusivos y más democráticos.
A eso se añaden nuevos fenómenos, como la crisis migratoria, que ya no es solamente de Estados Unidos con México y América Central; ahora es latinoamericana, es regional. La crisis en Venezuela ha originado una ola migratoria masiva hacia América del Sur. América Latina se creía inmune frente a algunas dinámicas de la globalización, como el fenómeno migratorio, y en muy poco tiempo ya lo tiene instalado como un nuevo clivaje de la política regional, lo que progresivamente ha alimentado discursos nacionalistas. En resumen, una crisis democrática que genera una respuesta iliberal y esa respuesta iliberal a su vez se ve alimentada, en un segundo momento, por la crisis migratoria, que genera respuestas nacionalistas.
¿En este momento las Fuerzas Armadas tienen un protagonismo renovado en América Latina?
Hay una cierta tendencia en la región a darle un papel cada vez mayor a las Fuerzas Armadas, que ha tenido dos momentos: un primer momento se originó con el fracaso de las políticas públicas de las democracias ante el crimen organizado, que en América Latina es muy poderoso. El Estado es débil en América Latina; históricamente, tiene dificultades para enfrentar el crimen organizado, que, además, es una institución muy poderosa porque genera mucho dinero y desarrolla capacidades incluso para combatir al Estado. No nos olvidemos que, en México, algunos de los cárteles de la droga reclutaron unidades completas de las Fuerzas Armadas mexicanas para integrarse al cártel; ese es el origen de algunos cárteles, por ejemplo. Se trata de instituciones muy poderosas que actúan transnacionalmente y los Estados latinoamericanos, en general, han respondido de forma insuficiente, lo que a su vez ha generado dinámicas muy populistas, que con el tiempo se han ido profundizando.
Una de las respuestas ante el fracaso del Estado y de las instituciones civiles ha sido llamar a las Fuerzas Armadas para que encaren los problemas de seguridad ciudadana. Fue una política que originalmente promovió Estados Unidos, después del fin de la Guerra Fría y a partir del proceso de la democratización, para replicar la respuesta que Estados Unidos desarrolló en los años setenta. Pero al margen de esto, los países de la región han ido llamando gradualmente a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de las políticas de seguridad: en México, en Brasil y así sucesivamente en toda la región, salvo en Uruguay, Chile y Argentina, aunque recientemente los gobiernos de derecha en Argentina y Chile han hecho algunos movimientos en ese sentido, pero con menos fuerza.
Por otro lado, en un segundo momento y ante la erosión de las democracias de la región, ya no solamente es que hayan aparecido los militares frente al problema de la seguridad, sino que también emergen como respuesta al déficit de la política, y este es el caso de Brasil. La región está transitando a una nueva etapa en que las Fuerzas Armadas adquieren protagonismo tras la etapa de las dictaduras que siguió a la crisis del modelo desarrollista en los años sesenta y setenta, y que fue una etapa de mucha represión y muertes. Sin embargo, treinta o cuarenta años después, los votantes de algunos países, como respuesta al fracaso de la democracia y a la incapacidad institucional para resolver los déficits históricos y enfrentar la gobernanza de la globalización que escapa a nivel nacional, parece que quieren militares. Es una situación bien compleja.
¿Cree que en América Latina ha fracasado la utilización del ejército como hacen algunos gobiernos populistas para combatir el narcotráfico?
Creo que lo complicado es que los gobiernos populistas sigan convocando a las Fuerzas Armadas, o que los votantes estén empezando a votar candidatos militares, a pesar de que, desde el punto de vista estadístico o empírico, resulta evidente que el involucramiento de las Fuerzas Armadas no produce resultados en la lucha contra el crimen organizado. Al contrario, lo que suele ocurrir es que, frente a esos episodios de militarización, el narcotráfico intenta corromper a las instituciones militares que a su vez se desprofesionalizan para asumir el papel de policía; y al mismo tiempo se incrementa la violencia y la letalidad de las operaciones antidrogas, deteriorando asimismo las instituciones democráticas-. Por eso los resultados son negativos por todos lados. Y pese a que toda la región, desde México hasta el Cono Sur, con las excepciones indicadas, tiene a los militares involucrados en la lucha contra el narcotráfico, la demanda de cocaína en Estados Unidos y en Europa no baja y el precio tampoco. En esta lucha se ha fracasado y eso ha abierto el debate sobre la legalización de las drogas en América Latina y en Estados Unidos. Este es un debate en el que hay que profundizar para enfrentar esta cuestión de manera mucho más seria. Pero, en este escenario regional de incremento del populismo y del nacionalismo, que también es global, ese debate ha perdido fuerza. Estamos en un momento complicado y eso plantea serios desafíos, digamos, a las miradas democráticas, tanto de la región como internacionales.
El motivo de su viaje ha sido participar como ponente en el taller “Diálogos sobre Cuba”, organizado por Laura Tedesco. ¿Cuál cree que debe ser el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mirando hacia el futuro de Cuba?
En Cuba hay un proceso político muy complejo que transita desde un régimen como el cubano hacia un estadio distinto, pero en los términos planteados por el mismo régimen. Se trata de un proceso de transición desde el punto de vista económico hacia algo distinto; pero todavía estamos por ver los resultados que tendrá esa dinámica. Mientras tanto, se siguen dando situaciones complejas desde el punto de vista de la observancia de los derechos humanos. En todo caso, todavía hay mucho camino que recorrer, y los actores democráticos de la comunidad internacional, tiene una posición clara sobre hacia dónde tiene que avanzar Cuba: hacia un régimen democrático y, sobre todo, hacia un régimen que respete los derechos humanos.
