En un ciclo relativamente corto, y en algunos casos, ante la sorpresa de muchos, varios países de América Latina —Ecuador, Chile y Bolivia— se han visto sacudidos por crisis políticas y amplias protestas sociales. Perú también ha vivido una crisis política que es una derivada más de los casos de corrupción asociados a las prácticas de Odebrecht. En México, los graves acontecimientos de Culiacán son una muestra de los riegos del desborde de la violencia asociada al narcotráfico y la debilidad estatal. A ello se suma la crisis de Venezuela, la más grave y de largo alcance, que ha generado un éxodo poblacional masivo que afecta al conjunto de la región. En Argentina, con el telón de fondo de una profunda recesión económica y una grave crisis social, las elecciones presidenciales han llevado a un cambio de gobierno y de orientación de la política exterior y de desarrollo que es la expresión de un amplio descontento social. En Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y Honduras, por distintos motivos, presentan un escenario problemático en términos de estabilidad y gobernabilidad democrática. La elección de Bolsonaro en Brasil es también la expresión de un país polarizado social y políticamente y sin un rumbo claro.
En suma, el panorama de relativa estabilidad que ofrecía América Latina hace apenas un año, de la mano de un ciclo de gobiernos liberal-conservadores, ha desaparecido en pocos meses, en algunos casos, como Chile, de manera relativamente sorpresiva, y las políticas de gobierno de esa etapa parecen estar ahora ampliamente cuestionadas.
Tanto desde el punto de vista del análisis de sus causas y dinámicas, como de la respuesta política, ese escenario plantea interrogantes de gran calado: ¿Se trata de crisis de alcance eminentemente local, con causas y agentes ubicados en cada país, aunque coincidentes en el tiempo, o responden a dinámicas regionales y/o globales? Si es así, ¿Son causas estructurales, o dependen de la iniciativa de determinados actores políticos y sociales? Se ha llegado a afirmar que detrás de esas protestas sociales se encontrarían actores externos que estarían conspirando contra la estabilidad política y la prosperidad que habría alcanzado la región al dejar atrás el ciclo de gobiernos progresistas anteriores.
Un análisis riguroso parece indicar que sí hay causas estructurales que son comunes al conjunto de la región: en primer lugar, el ascenso de clases medias y aparición de una amplia franja de población vulnerable ante la recesión económica, que ya está presente, y que suponen una difícil combinación de expectativas en ascenso, y de frustración y descontento al comprobarse que no se pueden materializar. En segundo lugar, un generalizado “malestar en la democracia” que se concreta en una amplia crisis de representación política, de desafección ciudadana y de desconfianza en las instituciones y en las elites, que se ha manifestado ya en el “súper ciclo” electoral de 2017-2019. Ese “malestar” está claramente reflejado en las encuestas de opinión, como el Latinobarómetro, que en su edición 2018 registró los peores indicadores de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la región de los últimos 25 años. Estos factores causales serían también la particular expresión latinoamericana de una dinámica global de desafección y crisis de la democracia, de rechazo a las elites, y de contestación o cuestionamiento de la democracia y el orden liberal internacional que se observa también en otras latitudes.
Ahora bien, esos factores se manifiestan de distinta manera en cada país, y se suman a factores de estructura y de agencia que son propios de cada escenario nacional. Esos factores diferenciadores son clave: explican las importantes variaciones que existen en la región: que haya o no revueltas populares, y sus dinámicas particulares (Ecuador, Chile); o que el descontento se canalice por mecanismos electorales (Argentina); que el motivo de la protesta se relacione más con la desigualdad o la precariedad socio-económica (Argentina, Chile, Ecuador), o con factores políticos o electorales, como el fraude electoral (Bolivia) o la corrupción (Perú).
A la vista de esos factores, la afirmación de algunos líderes políticos de que las protestas hayan sido manejadas desde el exterior es, a todas luces, sencillamente ridícula. Y el recurso a las fuerzas armadas y la apelación al mantenimiento del orden como garantes del poder constituido difícilmente puede ser la solución a problemas sociales y políticos que requieren de ejercicios de diálogo y concertación de amplia base. Refleja, más bien, la incapacidad o rechazo de las elites tradicionales a reconocer demandas sociales legítimas en sociedades aún segmentadas y con una profunda brecha de desigualdad. Ese amplio “malestar en la democracia”, y las protestas a las que ha dado origen, apelan a la reconstrucción del contrato social con mecanismos que aseguren sociedades más inclusivas: Supone una ampliación de la agenda democrática y la exigencia de políticas públicas más amplias, inclusivas, y de mayor calidad, de transparencia y rendición de cuentas de elites e instituciones, un nuevo “pacto fiscal”, y sociedades más abiertas, que permitan el ascenso social y la renovación de las elites.
