La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria. Afecta a todas las esferas de la vida social y económica, e interpela de manera directa a la forma en la que se ha configurado la relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza en una fase de globalización tardía. Agudiza tendencias y fracturas que eran previas a la pandemia, y también es un catalizador para el cambio.
Antes de la llegada de la pandemia, la región mostraba un panorama de economías y sociedades frágiles. Agotado el ciclo de las materias primas, el periodo 2014-2019 registró el peor desempeño económico de los últimos setenta años, y un nuevo aumento de la pobreza. 2020 se inició con bajo crecimiento y un retroceso del comercio mundial, causado por guerras comerciales y tendencias de desglobalización. En el plano social, el bajo crecimiento, la persistente desigualdad y la captura política de las elites tradicionales frustraban las expectativas de ascenso social y “buen gobierno” de las nuevas clases medias en ascenso. En el plano político, existía una seria crisis de representación, la desafección y la falta de confianza en las instituciones y los partidos políticos. Revueltas sociales, y la derrota generalizada del oficialismo en distintas elecciones son indicadores del alto grado de insatisfacción política y malestar en la democracia presente en la región.
En este escenario, ya frágil, la COVID-19 puede suponer el desplome de las economías y una crisis social y política muy grave. Según estimaciones de CEPAL, el PIB regional puede descender -5,3% (el peor índice en un siglo) y 30 millones de personas más pueden caer en la pobreza, que alcanzaría así al 35% de la población. Buena parte de los avances sociales de las últimas décadas se perderían. Lo más grave es que la desigualdad y la falta de cohesión social, que ya eran graves, en tiempos de pandemia se tornan más lacerantes, y para muchas personas -en particular, las más vulnerables- se convierten en una cuestión existencial, en términos de medios de vida, riesgo de contagio, acceso a los servicios de salud, educación y brecha digital. La pandemia también agrava los problemas de desigualdad y violencia de género y supone una grave crisis de la economía del cuidado, feminizada y precarizada.
Ante la pandemia es vital aumentar el gasto sanitario, asegurar un ingreso mínimo para los más vulnerables, apoyar a las empresas, mantener el empleo y preservar el tejido productivo. Pero América Latina tiene poco margen en política monetaria y está más endeudada y con menor margen fiscal que en 2008 —en 2019 ya se destinó a pago de intereses más que a salud—, por lo que el acceso a financiación externa es esencial. El problema se ve agravado por la escasa presión impositiva, que en parte se debe a la baja progresividad de los sistemas contributivos de la región y a sus altas tasas de evasión fiscal.
Antes de la pandemia, países como Argentina y Ecuador ya estaban aplicando programas de ajuste con duras medidas de austeridad. Con esta crisis, muchos países se pueden ver abocados a una nueva crisis de deuda y a un prolongado ciclo de políticas de austeridad. El compromiso del G20 de hacer todo lo necesario frente a la crisis es hasta ahora más retórico que real y deja a un lado a los países de ingreso medio. El acceso a la financiación del FMI es limitado y condicionado; Estados Unidos ha bloqueado en el G20 una nueva emisión de DEG para facilitar liquidez a los países en desarrollo, y las iniciativas de moratoria de pagos de deuda del G20 son limitadas solo cubren a los países más pobres, dejando fuera a América Latina. Sin respuestas adecuadas, además del coste humano, las nuevas políticas de austeridad pueden agravar las fracturas sociales, complican la formulación de un nuevo contrato social, y plantean riesgos políticos ante el ascenso de fuerzas iliberales, populistas y de ultraderecha.
En resumen, la crisis sanitaria, económica y social que trae la COVID-19 se produce en un escenario político fragmentado y polarizado, con elevada desafección ciudadana, economías frágiles, alta desigualdad y agravamiento de la pobreza y la exclusión, que pueden dar paso a nuevas revueltas sociales y a crisis políticas profundas. Con estos elementos, América Latina puede ser uno de los escenarios en los que se dirimirán algunas de las fracturas o dilemas claves del mundo post-COVID-19: entre nacionalismo y cooperación global; entre sociedades abiertas y cerradas, democráticas, o autoritarias; y entre sociedades más desiguales y excluyentes, o que sepan y puedan reescribir el contrato social, generando mayor cohesión e inclusión.
Este escenario interpela de manera perentoria a la cooperación internacional y al multilateralismo. Lo más urgente es que exista el apoyo económico y financiero necesario para que América Latina pueda articular una mejor respuesta a la pandemia y a la profunda crisis económica y social que supone la COVID-19. Es importante que las iniciativas multilaterales con ese objetivo se vinculen a una mayor coordinación y cooperación económica en la región, superando su actual fragmentación y polarización, así como a un mayor esfuerzo fiscal por parte de las elites de cada país.
Con ese objetivo, España y la Unión Europea han de reforzar su estrategia de implicación constructiva con América Latina reafirmando el compromiso de largo plazo con la democracia y la cohesión social, de forma que la respuesta a la pandemia y las estrategias de salida a esta crisis refuercen la alianza mundial a favor del multilateralismo y la gobernanza global, y contribuyan a materializar la Agenda 2030. Finalmente, más allá de ese apoyo financiero multilateral, esta crisis también es una oportunidad para impulsar una nueva estrategia de cooperación avanzada con América Latina, más horizontal, y con más recursos. En ese marco, debe ampliarse el apoyo para las redes científicas y la transferencia e innovación, en áreas prioritarias para el desarrollo y la Agenda 2030: salud pública, resiliencia social y económica, medio ambiente y transición energética, movilidad sostenible… sin olvidar la defensa de la ciencia abierta, en el marco del compromiso iberoamericano y los trabajos de Naciones Unidas sobre el derecho humano a la ciencia. Se trata, en suma, de una cooperación que más allá de la respuesta inmediata, contribuya a una salida social y verde a la crisis, más inclusiva, sostenible y resiliente, que impulse la transición ecológica y un nuevo contrato social.
