Tan precisa es la apetencia que a ser amadas tenemos.
Que aun sabiendo que no suma, nunca dejarla sabemos.
Sor Juana Inés de la Cruz
He querido comenzar con esta frase de una lúcida monja, Sor Juana Inés de la Cruz, porque el desprendimiento de una misma parece estar justificado por parte de las mujeres, cuando experimentan un sentimiento amoroso. Y que en el caso de cubrir las necesidades de todos sus miembros, solo en ocasiones, goza de la reciprocidad del marido o de los hijos e hijas. Según datos de ONU Mujeres, el 58% de las mujeres latinoamericanas trabajan en la economía informal porque “sus” obligaciones familiares se lo impiden. El entrecomillado responde a las veces que repetimos esta fórmula para explicar la realidad, cuando se trata de una división sexual del trabajo, entre el mundo doméstico y el mundo público.
Incluso en aquellas trabajadoras que se inscriben en un mercado regular, la discriminación por sexo no cesa. Veamos varios ejemplos, en 13 economías iberoamericanas se prohíben realizar los mismos trabajos que los hombres, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, entre otros. Pero además, el derecho a la propiedad de la tierra está condicionado por el esposo como cabeza de familia, incluso existen registros que no contemplan un segundo propietario, con lo cual la mujer que trabaja en las explotaciones agrarias y ganaderas de su marido, quedan extenuadas entre la exigencia del trabajo rural y un ámbito doméstico cargado de tareas que solo ella desempeña. Hemos de preguntarnos, ¿por qué todavía perviven las discriminaciones por ejemplo, derivadas de no compartir bienes gananciales, o bien, por qué razones tenemos legislaciones que requieren de la previa solicitud del marido para que la esposa pueda tomar decisiones económicas sobre la familia?.
La mayoría de los países, cuando en los foros internacionales, como el Comité CEDAW, (Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas), se interpela a sus gobiernos sobre la tibieza en la aplicación de las políticas públicas de igualdad, suelen depositar el principal inconveniente en la falta de presupuestos. Si bien es cierto, que ninguna política pública puede ser tomada en serio sin una memoria económica, es evidente, el respaldo presupuestario no lo explica todo. Hacer efectivas medidas contra la brecha salarial, con voluntad política y una participación acordada de los empresarios, los cuales pueden ser recompensados con distintivos de calidad, o de igualdad. Las Administraciones Públicas siempre han de ser tenidas en cuenta para la modernización de un país, por ello un trato diferente para hombres y mujeres es una torpeza económica, más que un asunto de justicia social. Me gustaría rescatar a este respecto, el concepto acuñado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea trabajo de igual valor, el cual fue sumamente útil para señalar aquellas ocupaciones que, conteniendo las mismas tareas, registraban distinta retribución entre mujeres y hombres. No afrontar este hecho, deriva en una brecha salarial, cuyas cifras son preocupantes: si entre 1990 y 2014 la diferencia salarial era de 12,1%; en estos momentos entre la última fecha referida y el 2018 se alcanza ya 25,6% entre mujeres y hombres, y me estoy refiriendo a mujeres con formación trabajando en sectores regulares de la producción. Es una pregunta obligada, también, para las organizaciones sindicales, las cuales son responsables de promover procesos de negociación con las empresas, pero me temo, como ocurre en mi país, que hay convenios colectivos donde la igualdad queda reducida a las clausulas sociales, pero no a las regulativas que son las más importantes en el convenio, respecto a los salarios, jornadas laborales, formación interna, entre otras muchas. Todo ello, sin olvidarnos de los 120 millones de mujeres afrodescendientes, indígenas, para las cuales es preciso disponer de medidas específicas o leyes que eviten una desigualdad interseccional, raza, género, edad, clase social, etcétera.
Gobernar es decidir. Pero esta decisión no depende solo de quien ostenta el poder ejecutivo, sino también de la composición del poder legislativo con sus cámaras de diputados, donde las leyes pueden prosperar –o en cambio, enredarse en discusiones interminables- paralizando propuestas. Como reiteradamente ha ocurrido con leyes contra el feminicidio, a pesar de ser la primera causa de muerte entre mujeres de 15 a 49 años. Lo mejor de la Agenda 2030 es su fórmula para conocer la realidad: los países han de aportar sus estadísticas. Ante los datos no cabe decir que las mujeres se resisten a participar en la vida política, sin preguntarse cómo se configuran unas listas electorales, o si las mujeres candidatas está expuestas a episodios de violencia por pretender ejercer la ciudadanía representativa. Qué fácil es responsabilizar a las mujeres de la falta de paridad en los gobiernos, cuando su presencia constituye una excelente herramienta de transformación, según los informes de ONU Mujeres. Lo importantes será hacerse preguntas incómodas para que no venzan los estereotipos.
