La cuarta sesión del ciclo “Diálogos con América Latina”, organizado por la Fundación Carolina y celebrado en Casa de América el 19 de febrero de 2019, se centró en el tema del “Trabajo decente y el diálogo social”. La mesa, moderada por Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), contó con la participación, como ponentes, de Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).
Juan Pablo de Laiglesia, en su intervención inicial, enmarcó el debate bajo el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS8) de la Agenda 2030, que interpela directamente al “trabajo decente” de acuerdo con una lectura inclusiva del crecimiento económico. En este sentido, también hizo referencia a la histórica colaboración sindical que se ha producido entre España y los países latinoamericanos, bajo el estímulo constante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la destacada cooperación gestada en el seno de la OISS, administrando acuerdos y compromisos en el ámbito del trabajo y de la seguridad social.
A su vez, el SECIPIC citó la reciente publicación, de febrero de 2019, del Panorama social de América Latina de la CEPAL[1], en la que —aunque se aportan datos esperanzadores— persisten cifras sobre desigualdad y pobreza que subrayan la necesidad de impulsar el gasto social y de afrontar los retos de la inclusión y la autonomía económica. A este respecto, cedió la palabra a Mario Cimoli, para que profundizase en las recomendaciones que presenta el informe.
Inclusión social y futuro del trabajo
El secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL se detuvo, en primer lugar, en describir las tendencias que refleja el Panorama social para pasar, a continuación, a exponer el perfil de las políticas sugeridas. De este modo recordó cómo, en el contexto de un ciclo económico positivo, se ha producido en la región un descenso consistente de la pobreza y una reducción de la desigualdad, tal y como ilustra el mejoramiento del índice Gini (pasando de un 0,54 en 2002 a un 0,46, todavía alto a nivel global pero correcto en perspectiva histórica para la región). Ello, no obstante, no suspende el hecho de que América Latina continúe siendo una región muy desigual y heterogénea en el plano productivo, con un sector informal demasiado elevado. De ahí que la CEPAL, según indicó Cimoli, proponga la mejora de los instrumentos de la política social, ante todo relativos a los derechos laborales, la protección de los grupos más desfavorecidos y el sistema de jubilación. Asimismo, resulta crucial atender en clave económica a las condiciones del mercado en la región, esto es: se requiere sostener un crecimiento inclusivo, pero que impulse al tiempo políticas productivas que permitan expandir el mercado de trabajo.
Para ello es imprescindible interpretar correctamente el nuevo ciclo político en marcha, con el fin de no repetir fórmulas o esquemas de análisis del pasado. No cabe quedarse estancados en la antigua dicotomía ideológica, que enfrenta un modelo más intervencionista ante otro que lo fía todo a la lógica de los mercados. Hay que superar este debate y se hace preciso combinar la calidad de las medidas públicas con una visión del crecimiento que tenga en cuenta nuevas variables. Y es que no se pueden resolver los problemas sociales, de inclusión, de mejora de salarios, etc., sin afrontar las cuestiones que tienen que ver con la realidad de la estructura productiva, en la que han pasado a cobrar mayor protagonismo las tecnologías, los servicios, la innovación o el empuje de las ciudades.
Hay ejemplos concretos que nos dan cuenta de ello: cuando a principios de la década de 2010 México solicitó a la CEPAL su pronóstico sobre la sustitución de los trabajadores en el sector automotor por robots soldadores, entonces se apuntó que ocurriría en el año 2028; sin embargo, este proceso ya se está dando. Otra muestra, esta vez a futuro, la suministra la llegada de la tecnología móvil 5G, cuyo implantación va a establecer pautas y protocolos sobre instrumentos y estándares de producción, procesos de distribución, etc., que van a afectar a nivel micro sobre el sistema productivo de un modo que acaso no podamos imaginar.
Los modelos de negocio que se conciben en la actualidad cambian con una rapidez extraordinaria y, en paralelo, no cabe olvidar que el crecimiento supone la condición necesaria para que puedan generarse herramientas institucionales dirigidas a integrar a los sectores más rezagados en el proceso productivo. Ello obliga a adoptar una mirada flexible, que sea consciente de las modificaciones que se están gestando en las bases del sistema. Se trata, pues, de pensar la inclusión social en la era digital, en un mundo además en el que gran parte de los países están tendiendo al ajuste del gasto público y donde seguramente las relaciones bilaterales van a jugar un papel más importante, en una región, por lo demás, en la que los flujos migratorios están siendo más fuertes que nunca.
La relevancia del diálogo y la negociación colectiva
Según señaló Juan Pablo de Laiglesia, en todo debate sobre el futuro del mercado laboral conviene rescatar la palanca del diálogo social como cauce para garantizar el empleo digno y decente. Sobre ello hizo hincapié Antonio Baylos, apuntando de entrada que el diálogo social consiste, ante todo, en una cuestión de método de gobierno. En efecto, el diálogo social es una forma muy recomendable para obtener la legitimación democrática de las políticas públicas y de las medidas económicas y sociales, y de ahí que la OIT se refiera al mismo como un integrante nuclear del concepto de dignidad, inserto a su vez en el de trabajo decente. En consecuencia, resulta esencial reivindicar las enseñanzas de los países donde la cultura de la concertación acredita mayor arraigo, como en España, tanto más a la luz de las circunstancias del nuevo ciclo político.
Ciertamente, el caso español puede exhibir un acervo que se remonta a la época de la transición y llega hasta la crisis, y se refleja en la gestión cotidiana de las relaciones de producción y laborales. Ello se explica por el rol que han venido cumpliendo los agentes del diálogo: el poder público, la patronal —que defiende la idea de la eficiencia del mercado como la forma más justa de asignar los recursos— y, por último, el sistema sindical. Se trata de un sindicalismo que además, al igual que ha sucedido en otros países, ha logrado actualizar su naturaleza adoptando el perfil de un proyecto autónomo. De este modo, se ha emancipado de su tradicional subordinación a los partidos obreros, proponiendo un modelo de convivencia y regulación anclado sobre la centralidad del trabajo como eje de la cohesión social, pero que no olvida mirar al futuro. Este modelo se sirve de mecanismos como la participación institucional, la negociación colectiva ¾como se verá a continuación¾, o incluso la presencia mediática, y es el que se confronta con los proyectos del resto de agentes del diálogo social, en un proceso de “transacción positiva”, donde entran en juego factores como el ciclo económico y los modelos de negocio propios de cada momento. Esta es la noción genérica de diálogo social que debe acompañar necesariamente cualquier idea de gobernanza laboral y social, que España ha vuelto a recuperar a finales de 2018 y que debe proyectarse hacia América Latina.
En el planteamiento del diálogo social como forma de gobernanza también hay que reflexionar sobre los contenidos que gestiona y aquí es cuando cobra entidad el concepto de negociación colectiva: un instrumento idóneo para el tratamiento flexible de los cambios que implican las nuevas tecnologías de la era digital. En la historia del sindicalismo, que es una actividad esencialmente pragmática, muy empírica, hay experiencias de enorme interés que ilustran la relevancia de este tipo de negociación. Así, cuando España se tuvo que acoplar en los años ochenta a la reconversión industrial exigida por Europa o cuando, más recientemente, hubo de afrontar el problema de transición energética, la negociación colectiva, tripartita, ha sido clave. En estos procesos todos los actores fueron muy conscientes de los retos a abordar, en tanto se tocaban temas muy sensibles ligados a la erradicación de industrias que mantenían miles de puestos de trabajo. Pues bien, según advirtió Baylos, en virtud del equilibrio de intereses, al poder público le corresponde un papel determinante en el fomento de una lógica propiciatoria, opuesta a la de una imposición procedente de proyectos políticos unilaterales. Y en momentos tan decisivos como el actual, el poder público no puede dejarse llevar por conductas impulsivas o cesaristas, más aún si en última instancia el propósito es garantizar la protección social de los trabajadores y trabajadoras.
Protección social y empleo digno
En su intervención, Gina Riaño enlazó con esta referencia, abundando en el alcance que implica el concepto de protección, que cubre todo el ciclo vital: la infancia, el periodo formativo, el momento de la maternidad, la circunstancia del desempleo o la vejez. A su vez, introdujo dos premisas previas propias de América Latina: su acentuada desigualdad y el enorme porcentaje de informalidad laboral que registra. Y es que el 53% de sus trabajadores y trabajadoras (140 millones de personas) se desempeñan en empleos que no están formalizados, quedando situados fuera del sistema de la seguridad social, sin cobertura sanitaria alguna ni posibilidad de computar para su jubilación, en un escenario de completa desprotección. A ello se agrega la gran inestabilidad laboral en la región, donde la vida media de un individuo en el mismo empleo se sitúa aproximadamente en un periodo de seis meses. Así, sin perjuicio del ciclo de bonanza económica citado —gracias al cual 39 millones de trabajadores han podido formalizar sus contratos— el reto continúa siendo inmenso.
En esta línea, Riaño recalcó cómo las mujeres (junto con los jóvenes y los trabajadores rurales) constituyen uno de los colectivos más afectados, por cuanto su ingreso en el mercado laboral se produce en los sectores de menor productividad y su retribución es un 16% menor que la de los varones. Bajo este enfoque de género cabe impulsar políticas que reconozcan y compensen los trabajos del cuidado no remunerado (cuidado de los niños, de los mayores, de las personas con discapacidades…), tal y como de forma tímida ha empezado a hacerse en Argentina, Chile o Uruguay. Sin embargo, las distorsiones persisten y se trasladan al sistema de protección, por lo que al cabo las mujeres disfrutan de una cobertura menor en sus pensiones y sufren mayores cargas de mala salud, pese al aumento de su esperanza de vida. Profundizando en el análisis de los colectivos más vulnerables, también se aludió al desafío que procede del incremento de los trabajadores migrantes, pero que la OISS ha encarado, articulando el primer instrumento internacional de ámbito iberoamericano para que no vean menoscabados sus derechos sociales. Se trata de una iniciativa que no solo protege al trabajador migrante en cuestiones de invalidez, o de cara a su pensión, sino que le dota asimismo de garantías en caso de accidentes y enfermedades profesionales.
En todo caso, indicó Riaño, cabe ser optimista de cara al futuro. La economía verde, la economía digital y la economía de los cuidados pueden conllevar oportunidades de crecimiento sostenible y empleo digno. La sociedad va a tener que reciclarse y formase de manera permanente, y habrá de estar abierta a adquirir nuevas competencias con el fin de prepararse para un nuevo horizonte laboral. Al mismo tiempo, América Latina tendrá que fortalecer su institucionalidad, teniendo además en cuenta que —de acuerdo con la práctica totalidad de las constituciones de la región— la responsabilidad de la seguridad social recae sobre el Estado. Para ello sus administraciones han de invertir en las capacidades de las personas, de los trabajadores y de las empresas. Este optimismo, puede extenderse a las propias prácticas de la región, en términos de diálogo multipartito —según el modelo del Pacto Global al que se han sumado la OIT y la OCDE— y que implica un diálogo social mejorado, por cuanto involucra a todo tipo de agentes, al margen de los habitualmente representados en el diálogo social.
En efecto, de acuerdo con Baylos, la forma sindicato puede acoger todo tipo de figuras, no solo asociadas al trabajo activo, integrando también a las personas ubicadas en la frontera del trabajo de los cuidados o al servicio del hogar familiar, incluso a los sujetos en circunstancias de exclusión social (colectivos indígenas o quienes sufren explotación infantil) hasta el punto de que el proyecto sindical conecte con la noción de ciudadanía. En este terreno, el sindicato modula su función, pasando de un papel representativo a convertirse en una suerte de mediador o interlocutor político con los poderes públicos, participando así en la definición de las políticas sociales de la inclusión, o de la lucha contra la pobreza.
El reto de la integración regional
Ante la cantidad de problemáticas que remueve el tema (crecimiento sostenible, inclusión, movimientos migratorios, políticas de género, etc.) el panel de especialistas llegó a una conclusión compartida, ya adelantada por Riaño: si la región no actúa en bloque no se obtendrán avances. Todos los gobiernos latinoamericanos tienen que contemplar estos asuntos bajo una óptica de política de Estado, no de gobierno, y desde un enfoque supranacional. El planteamiento se hace evidente en el ámbito migratorio donde, como se apuntó, hay que consolidar instrumentos de regulación de los flujos para que la prestación concreta del migrante quede debidamente preservada, toda vez que la calidad del sistema de protección se prueba precisamente en momentos de crisis.
Ahora bien, la reflexión regional se extiende igualmente a la dimensión productiva. Tal y como explicó Cimoli, el estado del comercio electrónico intra-regional es un buen ejemplo, porque no está funcionando: no hay garantías por parte del sistema financiero de la seguridad en los pagos online, no hay certidumbre de que el producto llegue y, si lo hace, que lo haga en plazo, etc. No obstante, la realidad regionalizada de los mercados exige urgentemente un modelo de integración, aunque sea de “geometrías variables”, empleando las herramientas disponibles (Comunidad de Caribe, Mercosur, Alianza del Pacífico…), orientado a la integración. Que ello ocurra en el plano comercial es tan necesario como que suceda en la dimensión social. Más integración resulta, en definitiva, clave y de ahí la importancia de los acuerdos de la OISS con la Comunidad Andina de Naciones o con Mercosur. Pero hace falta más voluntad política, mayor coordinación e intercambio de experiencias, a riesgo de que la invocación a la integración regional se limite a mera retórica.
Relatoría redactada por José Andrés Fernández Leost
Fundación Carolina
[1] CEPAL (2019): Panorama Social de América Latina 2018, LC/PUB.2019/3-P, Santiago LC/PUB.2019/3-P, Santiago, (accesible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf).
