El 26 de noviembre de 2020 tuvo lugar la décima edición del ciclo “Diálogos con América Latina”, organizado conjuntamente por la Fundación Carolina y Casa de América, bajo el tema: “Universidad, ciencia y conocimiento en tiempos de pandemia: perspectivas iberoamericanas”. Como ponentes intervinieron el ministro de Universidades, Manuel Castells; la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones, ÉTNOR, Adela Cortina; el profesor de investigación del departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Martínez; y la bióloga Raquel Chan, directora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Santa Fe, Argentina. El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez Solimán, moderó la sesión e introdujo el evento esbozando una panorámica sucinta sobre el estado de la educación superior en Iberoamérica y los estragos provocados por la pandemia del virus SARS-Cov2.
La COVID-19 ha transformado el mundo en su conjunto y sin duda ha tenido un impacto notable sobre la educación. En este ámbito, las clases presenciales tuvieron que suspenderse, las funciones formativas se vieron alteradas, y las formas docentes tradicionales hubieron de adaptarse a los medios digitales. En este contexto, la brecha digital ha exacerbado las desigualdades preexistentes. Muchas personas han quedado fuera de las oportunidades que ofrece la digitalización, en especial las pertenecientes a los sectores más vulnerables. Esta situación, apuntó el director de la AECID, podría ser el detonante de un progresivo abandono escolar, impactando especialmente sobre la enseñanza secundaria y terciaria; por ello podríamos estar ante una generación perdida. En el espacio iberoamericano, además, muchos de los problemas que ha implicado la COVID-19 vienen arrastrados del pasado. Hay 30 millones de universitarios/as provenientes de estratos bajos y desfavorecidos, cuyas expectativas de desarrollo socioeconómico —de movilidad ascendente— ya se encontraban frustradas por el desajuste entre la formación y la demanda del mundo laboral.
El análisis educativo no puede desvincularse del marco referencial de la Agenda 2030. Y así, a lo largo del diálogo, se trataron asuntos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros: el 1 y 2, que buscan poner fin a la pobreza y erradicar el hambre; el 4, referido a la necesidad de una educación de calidad; el 9, centrado en la industria, la innovación y las infraestructuras; y el 17, dedicado a las alianzas para lograr los objetivos.
El impacto de la pandemia en la educación superior
En su primera intervención, el ministro de Universidades, Manuel Castells, puso el acento en cómo la grave crisis económica, social y sanitaria derivada de la pandemia ha realzado la importancia de las universidades en la sociedad. La gran mayoría de la I+D se realiza en estas instituciones académicas y ha sido precisamente en este contexto de crisis cuando la sociedad se ha percatado de lo fundamental que es la ciencia en todos los aspectos de la vida humana. Las universidades son las depositarias del saber profesional y el centro formativo de los/as trabajadores/as que se han revelado esenciales (médicas, enfermeros, virólogos, epidemiólogas, pero también psicólogos o sociólogas). En opinión del ministro, es el momento de que los gobiernos den prioridad a la universidad como infraestructura básica de la sociedad, la cual destaca por su resiliencia y capacidad de adaptación a los cambios.
En lo que se refiere al caso español, Castells destacó la capacidad de las universidades para transitar a sistemas de enseñanza online, así como el eficaz control de los contagios que han demostrado sobre su entorno. Ningún estudiante ha perdido su curso académico (2019-2020), toda vez que los exámenes y mecanismos de evaluación se adaptaron a las demandas del contexto. Además, se evitó la interrupción de las clases gracias al recurso a métodos telemáticos o semipresenciales, por lo que, en un cómputo general, tan solo se habría visto afectado un 0,03% del estudiantado. El ministro también indicó cómo, entre el curso anterior y el presente (2020-2021) se ha mitigado la brecha digital (entonces inferior al 2%), gracias a la transferencia de 400 millones de euros del gobierno a las universidades y al aumento de la conectividad labrado durante el periodo estival.
Sin embargo, no ha podido ocurrir lo mismo en América Latina y el Caribe (ALC), donde a la brecha socioeconómica ya existente se ha sumado una brecha digital más acentuada. De ahí que en los sistemas universitarios de la región se torne indispensable una mayor inversión digital, con el fin de que estos puedan adaptarse a la semipresencialidad o a la enseñanza telemática en el caso de un hipotético nuevo confinamiento.
En esta línea, se debatió sobre las diferencias entre la enseñanza presencial y los sistemas online, a partir de una posible interpretación de la educación a distancia como un sustitutivo de menor calidad. A este respecto, Castells sostuvo que una de las virtudes de la presencialidad radica en que la universidad no es solo para aprender, sino que es también un medio de interacción social, de modo que cumple una función expresiva que desborda su carácter instrumental. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, también afirmó que, pese a la creencia generalizada, la enseñanza virtual de calidad es posible, tanto más debido al control y supervisión que ejercen las agencias de calidad. A su vez, el sistema de enseñanza virtual es justo el más propicio, tanto para facilitar la educación a lo largo de la vida (formación continua), como para acabar con la marginalización territorial de zonas remotas, de especial interés en ALC.
Como aporte final, el ministro recalcó la predominancia ya establecida de los modelos híbridos, puesto que buena parte de la interacción entre el profesorado, el alumnado y la propia labor investigadora se produce en el entorno digital, lo que genera una suerte de comunidad intelectual conectada en red, pero no aislada. En esta esfera, el uso del internet no puede entenderse en absoluto como un instrumento menos adecuado o concreto, y en todo caso su impacto difiere en función del uso que se le otorgue.
La ética en la educación y la ciencia
La profesora Adela Cortina presentó la doble tarea que define a las universidades: ya sea presencial u online, estas deben formar a los/as profesionales y a la ciudadanía. En los ámbitos profesionales se debe tener claro que la técnica está al servicio de cada uno de los oficios y que estos proporcionan un bien a la sociedad. Bajo su prisma, las metas de cada profesión recalan no tanto en las instituciones, sino más bien en las personas, que son sus beneficiarias, así como en la naturaleza, que es vulnerable y a la que hay que proteger. Como propuesta para la acción, la filósofa sugirió la introducción de una asignatura de Ética en todo estudio de Grado, que sirva para incentivar el debate sobre cuáles son los valores y metas de cada profesión. En paralelo, recordó el carácter cívico que define a la universidad, contrario al espíritu dogmático y al fundamentalismo, y que resulta esencial para que la ciudadanía se guíe por la razón pública y el pensamiento crítico.
Enlazando con ello, criticó la noción de individualismo, calificándolo como un invento propio de ideologías neoliberales, que presuponen que las personas pueden comportarse aisladas unas de otras. En contraposición a dicho enfoque, argumentó que la universidad construye y proporciona espacios de discusión y diálogo abierto, es decir, de deliberación, en los que crece y se articula la comunidad científica. Sobre esto abundó igualmente el ministro Castells, quien señaló cómo las sociedades que mejor han gestionado los desafíos de la pandemia han sido aquellas que se basan en valores de comunidad, empatía y colectividad —como China, pero también Corea o Taiwán, que son países democráticos— frente a las culturas dominadas por el individualismo.
Por último, Adela Cortina insistió en la necesidad de mitigar la excesiva burocracia que perdura en el terreno universitario y de centrar los esfuerzos en la formación cívica de los/as profesionales, comprometidos en su entorno cotidiano con los problemas reales que están surgiendo a raíz de la pandemia. A ello agregó la exigencia de adoptar una visión cosmopolita, imprescindible en tiempos de globalización.
El profesor Carlos Martínez, por su parte, quiso destacar el papel crucial que cumplen la ciencia y los centros de investigación en el escenario actual, donde problemas como la pandemia ya no son insulares, sino de índole global. Las plataformas no vinculadas al país o la región en la que vivimos, y a las que acudimos para proveernos de servicios y bienes, ilustran dicha globalidad.
Ahora bien, según Carlos Martínez, la pandemia del SARS-Cov2 ha puesto de relieve la susceptibilidad y falta de preparación de nuestras sociedades. Frente a esta realidad, la ciencia constituye el recurso idóneo para gestionar la complejidad de los riesgos globales. Es más, ante las limitaciones de los discursos nacionalistas, cuyas propuestas se basan en respuestas sencillas (nacionalismo metodológico), problemas como la COVID-19 exigen soluciones conjuntas que impulsen la cooperación científica internacional. La creación del Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde no solo se analizan datos, sino también se articulan mecanismos de acción multilateral para afrontar los problemas, se fundamenta en este tipo de cooperación. La gestión de la pandemia, igualmente, es un buen indicador que demuestra la relevancia de las alianzas —tanto internacionales como público-privadas—, y la importancia que supone compartir información y conocimiento experto, lo que ha repercutido en la rápida generación de vacunas, tema que se trató posteriormente.
Tras la intervención del inmunólogo, Adela Cortina consideró pertinente “levantar una bandera por las humanidades”. Recuperando las consideraciones de Charles Percy Snow, propuso superar la concepción binaria de un conocimiento dividido en “dos culturas”, que dominó el siglo XX y que separaba tajantemente entre ciencias exactas y humanidades. Estas han de trabajar conjuntamente, toda vez que la ciencia debe preocuparse también por el porvenir de las personas. Por ello, señaló, vale recordar la tesis de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, según la cual los saberes avanzan por medio de tres ámbitos interconectados: el conocimiento científico, campo tradicional de las ciencias experimentales; el práctico, de la comprensión mutua y el entendimiento; y el conocimiento emancipatorio, propio del interés último que nos une como personas. Bajo este prisma, cualquier problema político implica una dimensión ética, la cual debe a su vez ponderarse en la ruta de toda investigación científica.
En sintonía con lo anterior, el profesor Carlos Martínez reconoció cómo, en efecto, las ciencias experimentales y las humanidades conforman un solo saber compartido y fundamental, que ha de orientarse a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En este sentido, consensos tales como la prohibición de la clonación o de la modificación del genoma en línea germinal ilustran que los avances científicos son mediados por la sociedad, y es preciso atender la voz de los/as especialistas en ética.
La bióloga argentina, Raquel Chan, retomó la cuestión de la relevancia de la ciencia y el conocimiento, dado que sus resultados han permitido al conjunto de la humanidad estar, ante la COVID-19, en mejor situación que la experimentada hace 100 años con la llamada “gripe española”. Más aún, en virtud de los avances científicos, se ha logrado poner freno a problemas globales como, entre otros, el fin de la pobreza y la erradicación del hambre (ODS 1 y 2). No obstante, como afirmó Martínez Solimán, la consecución de estos ODS en 2030 resulta, tras la llegada de la pandemia, cada vez más complicada. En este punto, Raquel Chan indicó cómo aquí el problema no es de tipo científico, sino que atañe a la política de distribución de la riqueza. Se trata de un asunto especialmente trágico en muchos países en desarrollo (incluyendo ALC), que contrasta con su condición de países productores de alimentos. Con todo, y poniendo la vista en el futuro, la bióloga advirtió que en 30 años el problema tendrá que resolverse desde enfoques científicos, habida cuenta que el crecimiento demográfico obligará a generar más alimentos y energía. Dicho enfoque será imprescindible para evitar el incremento de la conflictividad por los recursos, cuyo impacto probablemente recaiga ante todo en los países del sur global. Entre las innovaciones a retener, mencionó la utilidad de los bancos de semillas, en tanto preservan semillas de todas las especies, permitiendo su estudio y aplicación posterior.
En el tramo final del diálogo, Carlos Martínez recuperó el debate sobre la vacuna contra la COVID-19. Así, subrayó la importancia de que esta cumpliese con los criterios de eficacia, seguridad y universalidad, a lo que añadió la referencia a su gratuidad. Ciertamente, la producción de una vacuna es siempre compleja, dado que mientras algunas aparecen con rapidez, otras tardan mucho y otras nunca llegan. Sea como fuere, la cooperación del mundo científico y farmacéutico resulta crucial y más aún si se aspira a que cumplan con los requisitos descritos.
El inmunólogo recalcó cómo el esfuerzo de la comunidad científica en la lucha contra el coronavirus ha sido mayúsculo, lo que prueba la existencia actual de 180 vacunas. De entre ellas, tres (a fecha del diálogo) ya han sido testadas en más de 40.000 personas y previenen de las patologías más peligrosas. No obstante, aún deben superar los protocolos de los organismos reguladores, como el la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Se tiene que demostrar, pues, que son seguras y eficaces. En todo caso, la historia del descubrimiento de esta vacuna representa un caso curioso. Por un lado, la de Pfizer-BioNTech proviene de un pequeño laboratorio en Alemania, cuyos investigadores, de origen turco, redirigieron sus esfuerzos en investigación sobre el cáncer al coronavirus. Por otro, la vacuna desarrollada por la start-up Moderna, procede asimismo de la aplicación de conocimiento previos, extraídos igualmente de estudios contra el cáncer.
El ministro Castells aludió por su parte a la experiencia española, centrada en garantizar el acceso a la vacuna a toda la población. De ahí que el gobierno hubiese adquirido 140 millones de dosis, incluyendo en la compra una cláusula para donar, pensando en regiones como ALC. A su vez, incidió en las oscilaciones sobre el precio de la vacuna (que va de los cuatro a los 70 euros), y advirtió sobre la posibilidad de que algunos agentes del sector privado, además de cubrir gastos, intentasen extraer una ganancia extraordinaria, aprovechándose de la necesidad mundial. Cabe recordar que el director de Pfizer vendió acciones de la compañía y se enriqueció el mismo día en el que se anunció la validez de su vacuna. Justo para evitar este tipo de amenazas, resulta imprescindible invertir en I+D de carácter público, en el entendido de que —como indicó Carlos Martínez— la ciencia no solo genera conocimiento, sino que también proporciona bienestar y riqueza a los países.
Finalmente, Raquel Chan puso el foco en ALC, subrayando sus diferencias y carencias frente a España o la Unión Europea. En su opinión, la clave vuelve a situarse en el ámbito de lo político, ya que la accesibilidad depende de cada gobierno. Ello hace todavía más vulnerables a los países menos desarrollados, donde los sistemas políticos suelen ser también menos democráticos. Ahora bien, si la vacuna no alcanza a todos los estratos de la sociedad no habrá una cura colectiva, conclusión que compartieron el resto de ponentes. En consecuencia, y de forma incluso más perentoria que en España, se hace precisa una mayor apuesta pública en I+D, que deje de entender la inversión en ciencia como un gasto secundario.
