La pandemia del COVID-19 ha plantea al mundo retos de un alcance y una magnitud como pocas veces hemos visto. Sus consecuencias negativas afectan a casi todos los ámbitos de la sociedad, y sus impactos sanitario, social y económico, en algunos casos, son catastróficos. La pandemia también ha impactado negativamente a los derechos humanos, revirtiendo algunos de los avances logrados en muchos países y regiones. Aunque el virus no discrimina, su impacto sí lo hace. Las personas que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad han sido las más afectadas y millones y millones están quedando en una situación de exclusión.
Como resultado del acceso desigual a las vacunas, las vidas de muchas personas están en riesgo, lo que puede agravarse con la aparición de nuevas variantes.
Por otra parte, las desigualdades entre los países y dentro de ellos parecen ampliarse. Como ha señalado el Banco Mundial, la pandemia ha hundido a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, millones de personas han caído en pobreza extrema y millones de empleos están siendo destruidos. Los países necesitan tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis económica. Sin embargo, una recuperación económica a dos velocidades es una recuperación que no es sostenible y que acabará provocando nuevas catástrofes y crisis.
Este es el momento en el que necesitamos un liderazgo transformador. Sólo tenemos un camino: recuperarnos mejor en sociedades más igualitarias y sostenibles.
Desde el principio de la pandemia, mi Oficina ha emitido orientaciones sobre múltiples aspectos de esta crisis, todas ellas con un mensaje central: para ser eficaces, los esfuerzos de recuperación en todos los ámbitos deben basarse en un enfoque de derechos humanos.
Así como la recuperación, las acciones de desarrollo basadas en los derechos humanos también son herramientas poderosas que hacen a nuestras sociedades más seguras y resistentes a nuevas pandemias u otras futuras catástrofes globales. Además, ponen nuestro énfasis en las personas más expuestas a la discriminación y exclusión. Esta es la mejor manera de reducir las desigualdades y restablecer nuestro camino hacia la realización de la Agenda 2030.
Tenemos que aumentar enormemente la inversión en gasto social y garantizar el acceso de servicios esenciales para toda la población, teniendo en cuenta que la educación, la salud, la protección social y un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación y el acceso a agua potable, son derechos. Más aún, el acceso a servicios asequibles y de calidad para todos -incluidos los más vulnerables- es la base de sociedades más pacíficas, igualitarias y exitosas. Por tanto, lo que se necesita es una economía de los derechos humanos.
Para esta tarea, la disponibilidad de información y datos desglosados es fundamental; por ejemplo, para poder realizar un análisis interseccional relevante que nos permita diseñar y poner en marcha políticas públicas eficaces. Es sencillo: no podemos solucionar los problemas si no conocemos sus causas y la forma cómo impactan en la vida de las personas.
Las restricciones necesarias para combatir el COVID-19 han supuesto un obstáculo para la recopilación de datos sobre el impacto de la pandemia y las medidas tomadas por los Gobiernos en la población y en todos los ámbitos de las sociedades, incluyendo su impacto negativo sobre el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, como el aumento de la discriminación a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. Toda vez que muchos de los grupos más afectados por la pandemia ya experimentaban los niveles más altos de discriminación, estos datos son fundamentales para mitigar sus efectos.
La recopilación y disponibilidad de estos datos e información debe continuar y ampliarse de forma tal que constituyan herramientas que formen las bases de los esfuerzos que puedan conducirnos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos son tiempos de desafíos. El COVID-19 ha puesto al descubierto el elevado coste que supone la ausencia de los derechos humanos en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Sin embargo, toda gran crisis puede dar paso a una oportunidad para un cambio transformador.
La pandemia también ha puesto de manifiesto, en líneas generales, dónde hay que hacer cambios y cuáles deben ser estos cambios. La solidaridad y la cooperación mundiales son imprescindibles. Trabajemos y caminemos juntos. Sólo las políticas con un enfoque de derechos humanos podrán abordar las causas de las desigualdades, construir sociedades con justicia social y desarrollar economías más fuertes. También coadyuvarán a impulsar o fortalecer sistemas políticos más inclusivos, que reconstruyan la confianza de las personas en sus Estados, y nos permitan llegar a los más excluidos.
