Un “nuevo contrato social” para América Latina. Una propuesta para pensar los nuevos rumbos de Latinoamérica, que sugiere nuevas líneas de investigación o, al menos, un enfoque revisitado de los que conocemos. En la crisis global que vivimos los problemas avanzan más rápido que las respuestas del Estado o la sociedad, y todos resultamos afectados, aunque unos más que otros.
Indudablemente nuestras instituciones requieren una revisión, la cuestión es quién hace estas propuestas, y cómo, ante el riesgo de radicalizar aún más los puntos de vista. En nuestra región, marcada por la extrema desigualdad, presenciamos la polarización de los agentes sociales, de la sociedad frente al Estado y frente a los actores privados, que llega inclusive a no reconocer las instituciones a través de las cuales se gobierna, cuestionando su legitimidad.
Tratándose de la crisis ambiental y climática, al Estado tiene una doble posición: es el ente legítimo para resolverla, pero, a la vez, se le imputa gran parte de la responsabilidad.
En el territorio se manifiestan las desigualdades de acceso a los recursos naturales, y hoy en día el agua es el ejemplo más evidente de esta situación. Por un control inadecuado del territorio, del uso del suelo y de la localización de las actividades económicas, las personas viven en zonas de riesgo, zonas con estrés hídrico, y es aquí donde se cuestiona el papel del Estado en su conjunto. ¿Cómo debe resolver las desigualdades y los impactos negativos en el ambiente, y gobernar de mejor manera estas realidades que se ven exacerbadas por el cambio climático?
Desde luego, el modelo vigente debe modificarse, y es lo que yo entiendo como un nuevo “Pacto social verde”, siguiendo la propuesta de Robyn Eckersley en The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, a partir de la base de una gobernanza deliberativa en la arena pública que integre todas las voces, las preocupaciones. Sin embargo, preocupantemente, en el ámbito ambiental se observa una polarización: la sociedad que propone “nuevas instituciones” frente a las del Estado que se revelan insuficientes, y que pueden o no converger.
La urbanización es uno de los temas en los que hay que poner mayor atención. En Latinoamérica es uno de los fenómenos más vertiginosos: más del 80% de las personas viven en ciudades que demandan recursos naturales, impactan el entorno ambiental —disminuyendo los servicios ecosistémicos—, y son responsables en gran medida de las emisiones de CO2. Paradójicamente, es en las ciudades donde los impactos del cambio climático son más visibles e intensos. Pero las capacidades de gestión del territorio de las autoridades locales son limitadas frente a la incertidumbre que plantea la crisis global (sanitaria, hídrica, climática y económica). La ciudad industrial de Monterrey en México es un ejemplo, cercano al temido “día cero”, por la falta de agua. A todos se les redujo el acceso; sin embargo, es en la periferia donde los impactos son más severos, donde se constata un crecimiento urbano que no fue bien planificado, y que se extendió hacia zonas donde es difícil garantizar los servicios.
Este panorama, más que desolador, debe conducir a nuevos rumbos de investigación, a nuevos enfoques y a propuestas flexibles y creativas. Solo así se puede avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Si el ODS 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, busca construir ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes, es en estos contextos periféricos donde hay que poner atención; la gobernanza territorial se construye con estos actores vulnerables para convertirlos en agentes de acción colectiva, que superen así su condición de grupos que no pueden cambiar su situación.
Desde el Sur global hay una respuesta contestataria al neoliberalismo, por los efectos destructivos del ambiente, el despojo de los dueños originarios y la falta de voz de las poblaciones vulnerables. De acuerdo con Eckersley, es necesaria una reconfiguración institucional del Estado que pasa necesariamente por incluir la preocupación ambiental e impulsar nuevos modelos de gobernanza orientados hacia un Estado verde, en el cual este no pierda la rectoría (no debe hacerlo), puesto que en el pacto social es el garante de la equidad. A esto en Europa se le llama “transición ecológica”, pero va orientada hacia el mismo fin: un nuevo Pacto social verde.
Desde la investigación debemos ser creativos, flexibles y tolerantes para acercar las posiciones científicas y políticas que están detrás de las soluciones. Hay que preservar la riqueza ambiental con la que contamos, y gestionar de otra manera el uso de los bienes ambientales que, desde las ciudades, desde los territorios (inclusive trasnacionales) se demandan. Solo así se puede avanzar en el ODS 11, pues en las ciudades es donde el ser humano encuentra la posibilidad de convivencia, diálogo y desarrollo. Ese es el objetivo final de los ODS: el bienestar integral del ser humano. Y es así como los investigadores contribuimos a la conformación de ese nuevo Pacto social verde.
