El 13 de noviembre de 2022 tuvo lugar una manifestación en México en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que, junto a las marchas feministas del 8 de marzo, ha sido la más nutrida desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018. Esta protesta tuvo la peculiaridad de que se replicó en todos los estados de la República Mexicana con una muy amplia participación en ciudades como Morelia (Michoacán), Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León).
La guerra de cifras en cuanto al número de asistentes en la Ciudad de México no se hizo esperar en las polarizadas redes sociales mexicanas. Poco después de iniciada la marcha, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, twitteó que eran entre 10.000 y 12.000 personas las que asistieron, cifra que lo fue dejando en ridículo conforme se empezaron a publicar las impresionantes fotografías.
Según los organizadores, la marcha fue un éxito, con más de 650.000 asistentes, y más de un millón si se suman los que salieron a las calles en el resto del país. En cuanto a los motivos de la protesta, las visiones son también muy contrastantes: para los participantes, que incluyeron partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de todo tipo, el objetivo era defender la integridad e independencia del órgano electoral. Para los partidarios del gobierno, y en palabras del propio presidente, se trata de una marcha “clasista” y “racista”, de una élite corrupta que defiende privilegios. Nada fuera del guion que marca la polarización política en el México actual, pero la nutrida asistencia a las manifestaciones en todo el país da una idea de lo que está en juego.
AMLO no confía en la autoridad electoral porque está convencido —y promueve esa visión entre sus partidarios, que son muchos— de que le arrebataron la victoria en las elecciones de 2006 (donde perdió por un estrecho margen de 1%) y en 2012 (cuando el gasto de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rebasó por mucho los límites autorizados). Quiere hacer desaparecer al INE en su forma actual, a pesar de que la institución fue reformada tras ambas elecciones (la más reciente en 2014), y que es la que avaló su abrumadora victoria de 2018. Hasta ahora, todas las reformas electorales habían sido un reclamo de la oposición, especialmente de AMLO y su partido, que exigía elecciones cada vez más equitativas y confiables. Que la idea de reforma venga ahora del gobierno levanta la sospecha entre un amplio sector de la sociedad de que, en realidad, lo que se busca es someter a la autoridad electoral al control del gobierno.
La gran movilización en defensa del INE se debe a que, en contraste con la opinión del presidente, es una de las instituciones en las que más confían los mexicanos según diversas encuestas. La credencial de elector emitida por el INE es de facto la identificación oficial por excelencia, en la que todos confían, porque cuenta con una serie de candados de seguridad, que incluye fotografía, firma y huella digital, con los que el Instituto Federal Electoral (IFE) en su momento, y el INE ahora, elaboran el padrón electoral, cuestión que tomó décadas blindar contra todo tipo de fraudes. Como señaló José Woldenberg, único orador en la marcha y primer presidente consejero del IFE, erosionar la confianza que ha generado el INE entre los ciudadanos implica eliminar la posibilidad de que la alta conflictividad de los comicios mexicanos se canalice de manera institucional y sus resultados sean aceptados por todos. Que el propio gobierno, desde el poder descalifique a la actual autoridad electoral introduce un elemento de tensión en la política mexicana que se pensaba ya superado y que, llegado este punto, no tiene fácil solución. Si pasa la reforma, una parte importante de la población, y en especial la oposición, dudará de la imparcialidad del árbitro electoral, y si no pasa la reforma, será el propio gobierno el que desconfíe.
La propuesta gubernamental es parte de una reforma electoral amplia, con muchos elementos, algunos de los cuales pueden ser discutibles o incluso deseables, todos analizados de manera exhaustiva por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Lo que preocupó y movilizó a la gente es la parte que se refiere a la conformación del Consejo General de lo que sería el nuevo órgano (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC) y del Tribunal Federal Electoral: el gobierno propone que todos los cargos se decidan por elección popular a partir de candidaturas definidas por la propia Presidencia, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso, en un momento en el que controla los tres poderes.
Esta idea es problemática en al menos dos aspectos. Primero, como todo árbitro o tribunal, su legitimidad no es de origen mayoritario, sino que proviene de su capacidad técnica, de su imparcialidad y reconocimiento por todos. Por tanto, su conformación debe provenir del consenso, no responder a la lógica mayoritaria: su función es defender/vigilar a todos, incluidas las minorías y los partidos que pierden, y poder castigar a quien viole la ley, sea quien sea, incluidos los ganadores. Segundo, la propuesta no contempla ningún mecanismo para asegurar la capacidad técnica de quienes sean postulados, en contraste con la conformación actual. El INE es de los pocos órganos públicos mexicanos en donde se ha promovido la construcción de un servicio civil de carrera, junto con el servicio diplomático. Dejar a un lado la profesionalización y la priorización de la capacidad técnica para convertir al propio órgano electoral en objeto de una elección, cuyos candados no están definidos, preocupa a la ciudadanía, que ya ha visto uso y el abuso de consultas populares no organizadas por el INE para legitimar decisiones ya tomadas, como sucedió, por ejemplo, con la que se usó para detener la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de dudosa legalidad.
Por eso, la Comisión de Venecia, un organismo parte del Consejo de Europa, compuesto por expertos que emite opiniones consultivas con referencia a estándares internacionales en materia electoral, concluyó en su opinión sobre la reforma que el “sistema propuesto para la selección de los miembros del INEC y de los jueces del Tribunal Electoral no provee garantías suficientes de su independencia e imparcialidad; en particular, la elección […] por voto popular no es consistente con los estándares electorales existentes y las mejores prácticas”.
Otro elemento preocupante de la propuesta es eliminar a los organismos y los tribunales electorales de las entidades federativas, centralizando todo en un solo órgano nacional, más susceptible de captura, a la vez que será imposible atender todos los reclamos y litigios que siguen a cada elección en México, especialmente a nivel local y estatal. En su discurso, Woldenberg, señaló: “Tan sólo el año pasado los institutos estatales registraron 275,424 candidaturas locales. Con tales números ¿es deseable y posible concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola institución?”
Finalmente, otra de las propuestas más preocupantes es que el INE deje de integrar el padrón electoral para que ahora lo haga el poder ejecutivo mediante la Secretaría de Gobernación. Esta cuestión llevó años de lucha y negociación, para blindarla contra la tentación de manipularlo desde el poder. Es una de las razones por las cuales, las elecciones mexicanas son de las más caras del mundo y el presupuesto del INE, tan alto. El posible uso de todos esos datos personales en manos del gobierno no deja de ser también una cuestión delicada.
Algunos aspectos de la reforma electoral propuesta por el presidente no parecen tan amenazantes a simple vista, pero preocupan a la oposición por el contexto en el que se aplicarían. Por ejemplo, eliminar el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos, puede, en primera instancia, verse como algo positivo, pues el gasto es excesivo desde cualquier punto de vista, en un país que tiene más de 55 millones de pobres. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta que el partido en el poder desvía recursos permanentemente del gasto gubernamental hacia sus actividades proselitistas (como ha sucedido siempre), queda claro que este recorte afectaría a los partidos de oposición principalmente, sobre todo a aquellos que no controlen alguna parte del presupuesto por medio de gubernaturas o presidencias municipales.
La reducción de tiempos de radio y televisión estatal (de 48 a 30 minutos) con fines electorales también suena bien en principio, pues no parece ser necesaria tanta campaña. Pero si se tiene en cuenta que el presidente utiliza diariamente dos horas de radio y televisión en cadena nacional para su conferencia de prensa conocida como “la mañanera”, tiempo que dedica a descalificar a sus adversarios y señalar con nombre y apellido a quienes lo critican, el resultado será, en efecto, reducir los espacios a los que tiene acceso la oposición.
Pero bueno, esto siempre ha sido así, en México y muchas otras democracias, donde es sabido que quien gobierna tiene la ventaja del incumbent, porque tiene a su disposición muchos medios para transmitir sus ideas y lucir sus acciones. Por eso, estos temas están sobre-regulados en el sistema electoral mexicano, pero se han vuelto cada vez más difíciles de monitorear y de castigar, debido, por un lado, al descaro con el que se brincan la ley unos y otros, y por otro, dada la reducción feroz del presupuesto, tanto de los tribunales electorales como del INE mismo.
No hay que perder de vista que estas propuestas se dan en medio del proceso de sucesión de 2024, que ya está en marcha, con los candidatos a suceder al presidente, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, en plena y abierta campaña anticipada. La simple propuesta de cambiar las reglas del juego en este momento ya resulta desestabilizante.
Siguiendo con el contexto, esta propuesta se debe ver en el marco del retroceso democrático en el que se encuentra México actualmente, y por eso tuvo tanto éxito la movilización del 13 de noviembre. México es uno de los países con más periodistas asesinados, mientras el propio presidente los ataca desde la “mañanera”, las conferencias de prensa matutinas del presidente, en lugar de defenderlos, como advirtió el propio Parlamento Europeo. En septiembre de 2022, la Guardia Nacional, creada en 2018, quedó bajo mando militar hasta 2028, lo cual ha sido denunciado por numerosas organizaciones de la sociedad civil, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por otra parte, el gobierno actual ha trasladado más de 160 funciones civiles al ejército: aduanas, vacunas, banco del bienestar, construcción del aeropuerto y el tren maya y hoteles.
La propuesta se comenzó a discutir en el Congreso, donde se requiere de una mayoría de dos tercios, porque implica una reforma constitucional, que la coalición oficialista no tiene, por lo que necesitaría del apoyo de algún partido (o pedazo de partido) del bloque opositor. Sin embargo, tras la marcha del 13 de noviembre, resulta más difícil obtener ese apoyo, por lo que el presidente ya anunció que hará la reforma por medio de leyes secundarias, como sucedió con la reciente reforma del sector eléctrico. De aprobarse, la oposición podrá impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia, donde puede quedar “congelada” su discusión, en tanto se emprende el desmantelamiento del INE.
