Carta del director
Termina 2022 y es el momento de hacer balance de un año en que hemos podido relanzar la actividad de la Fundación Carolina, pero que también ha planteado una agenda más exigente y difícil.
El pasado 24 de noviembre el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), José Manuel Salazar Salazar-Xirinachs, presentaba la edición 2022 del “Panorama Social”, una de las publicaciones anuales insignia de esta organización. Tras dos años de pandemia, y una etapa previa de estancamiento económico, la región presenta una situación desalentadora: en palabras de Salazar-Xirinachs, ya podía hablarse abiertamente de una nueva “década perdida” para el desarrollo, con indicadores de crecimiento económico aún peores que la anterior, la registrada en los años ochenta del siglo XX, tras la crisis de la deuda. Desde 2020 no ha habido avances en la reducción de la pobreza, que afecta al 32% de la población de la región, y esta situación se ceba especialmente en los más jóvenes, con más del 45% de la población infantil y adolescente en esa situación. Mujeres, indígenas y afrodescendientes también presentan tasas más elevadas, y mayor incidencia de la pobreza extrema. Con relación a este último indicador, el retroceso acumulado en 2022 es de 25 años, por lo que la expresión “década perdida”, de por sí grave, se queda corta para reflejar la severidad de esa situación.
Ese informe destaca también la “crisis silenciosa” que atraviesa la educación, que ha sido particularmente golpeada por dos años de pandemia y prolongados periodos de cierre de escuelas y centros de educación media y superior, que una digitalización “de urgencia” no ha podido paliar debido, entre otros factores, a la brecha digital que caracteriza a la región. Esa brecha responde con claridad a desigualdades de renta, territoriales, y a las que afectan a grupos indígenas o afrodescendientes. No se trata solo de diferenciales de acceso a Internet, pues inciden en carencias graves de competencias y habilidades digitales. La dimensión educativa de la crisis es particularmente seria en la medida que retroalimenta desigualdades ya existentes, y contribuye a perpetuarlas al trasladarlas a las generaciones más jóvenes. CEPAL habla de un “efecto cicatriz” de la pérdida de aprendizaje, de menor acceso a niveles educativos superiores, y de aumento de la proporción de jóvenes sin cualificación, que ni estudia ni trabaja. En esa crisis, en suma, está en juego el futuro de la región y las posibilidades de reducir sus arraigados patrones de desigualdad.
Aunque la crisis de la educación es más grave en los niveles de primaria y secundaria, también afecta a la educación superior: para los estratos bajos y medios-bajos el acceso a la educación superior, que suponía un gran esfuerzo económico para las familias, era un importante mecanismo de movilidad social ascendente. La imposibilidad de acceder a la educación superior o el abandono de los estudios por efecto de la crisis frustra esas expectativas para muchas familias, y también supondrá menos oportunidades de empleo para quienes ya han obtenido sus diplomas.
Por todo lo anterior, la educación ha de ser uno de los ejes necesarios y prioritarios tanto de las estrategias de recuperación pospandemia como de las políticas de cooperación para el desarrollo. No se trata solamente de recuperar los niveles de inversión previos a la pandemia. En la mayoría de los países han de aumentar, y habría de mejorar su impacto distributivo, en aras de una mayor equidad. Esas estrategias, además, abren oportunidades de reforma para mejorar la calidad, incorporar tecnologías digitales, y mejorar la adquisición de las habilidades y competencias necesarias en unas sociedades que han de enfrentar una “triple transición” que habrá de ser justa, pues en ella está en juego la renovación del contrato social. Una transición socioeconómica, en aras de una mayor equidad en sociedades desiguales que han sufrido, además, el zarpazo de la pandemia; una transición digital, que permita avanzar a economías lastradas por una baja productividad; y una transición verde con la que se pueda contribuir a las metas globales de descarbonización y de lucha contra la emergencia climática y, en suma, a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
En 2022 la Fundación Carolina ha tratado de responder a esos retos reforzando la orientación de su oferta de posgrado a los retos de esa triple transición. Con 594 becas en total, la convocatoria de este año ha tratado de responder de manera simultánea a objetivos formativos y de movilidad de estudiantes y personal investigador, y a la mejora del conocimiento mutuo de las sociedades latinoamericanas y española. 2022 también ha permitido recuperar plenamente el programa de visitantes, el más afectado por la pandemia: junto a los ya asentados programas de jóvenes líderes y liderazgo público, se ha recuperado el programa de mujeres líderes iberoamericanas. El área de estudios y análisis ha desplegado una intensa actividad de reflexión y debate sobre los retos compartidos de la democracia y la renovación del contrato social, las agendas de igualdad de género, el desarrollo en transición, o las agendas de cooperación en un mundo incierto, en el que la guerra de Ucrania supone una nueva sacudida geopolítica. Los retos de la transición justa, en la UE y América Latina, en particular, se analizaron en un seminario internacional colaboración con Oxfam-Intermón. Sobre todos estos asuntos también se han generado diversas publicaciones. Especial énfasis se ha puesto en la renovación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, objeto de un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con participación del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, y de monografías publicadas en colaboración con la Fundación ICO o la Fundación EU-LAC. Con motivo de la reunión ministerial UE-CELAC en octubre de 2022, la Fundación Carolina y la Fundación EU-LAC organizaron sendos eventos paralelos en Buenos Aires y Montevideo para presentar esas publicaciones. En conjunto, a través de estas actividades de reflexión y análisis, la Fundación Carolina ha tratado de contribuir a la preparación de la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, que habrá de tener un fuerte acento latinoamericano.
En este balance del año que termina hay otros tres elementos a destacar. En primer lugar, se ha culminado un nuevo estudio sobre el valor social de las becas de la Fundación Carolina, que se presentará en la próxima reunión de su Patronato. Este estudio muestra un elevado grado de satisfacción con la formación recibida entre quienes han disfrutado de una beca de la Fundación: se confirma que ha contribuido a mejoras profesionales y académicas, y que han generado un impacto positivo en su entorno. Este estudio no solo representa un instrumento de medición de la efectividad de la Fundación como instrumento de cooperación con Iberoamérica. Es también un importante elemento de rendición de cuentas a patronos, universidades y los propios exbecarios/as.
En segundo lugar, los Presupuestos Generales del Estado para 2023, ya aprobados por el Congreso de los Diputados, recogen un aumento significativo de los recursos para la Cooperación Española, y ello también comporta un incremento de la contribución pública para la actividad de la Fundación, vía Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ese aumento permitirá reforzar la convocatoria de becas de 2023 y, sobre todo, atenuar el fuerte impacto de la inflación sobre los costes de manutención y transporte cubiertos por dichas becas. Esperamos que ese aumento sirva también de estímulo para reforzar las contribuciones de los patronos privados de la Fundación.
El tercer elemento es la aprobación en el Congreso de los Diputados, por una amplia mayoría, de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Este texto, que derogará la anterior Ley aprobada en 1998, supone un importante avance para la modernización de la política pública de cooperación que desarrolla la Administración General del Estado. Establece sus objetivos, medios e instrumentos, y gobernanza, y define con precisión el sistema de la Cooperación Española, que entre sus organismos ejecutores incluye a la propia Fundación Carolina, junto a la ya mencionada AECID y la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Con ello, la Fundación Carolina adquiere carta de naturaleza legal dentro de dicho sistema, y un reconocimiento de su particular estatuto y mandato.
Para la Fundación Carolina, 2022 arroja, en suma, un balance positivo. Pero también un escenario desafiante, que reafirma la pertinencia de su propuesta y actividad como instrumento para una cooperación avanzada con América Latina, en el seno de Iberoamérica, y en el marco de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Con ese bagaje y retos encaramos un 2023 en el que, con la presidencia española del Consejo de la UE, América Latina tendrá un lugar destacado en la acción exterior española y de la UE.
Termina esta carta con el agradecimiento a quienes han hecho posible esos resultados con su apoyo y compromiso con la Fundación. A la Junta Rectora, por su respaldo permanente y el impulso al aumento de los recursos; al conjunto del Patronato, por renovar su apoyo institucional y financiero; a las universidades y socios institucionales con quienes trabajamos; y a todo el personal de la Fundación, por su profesionalidad y compromiso.
Madrid, diciembre de 2022
José Antonio Sanahuja, director, Fundación Carolina
