La caída y detención exprés de Pedro Castillo —luego de su intento de disolver el Congreso y “reorganizar” la Corte Constitucional, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Corte Suprema de Justicia— ha dado lugar a una ola de protestas con epicentro en el sur del país pero que se ha ido extendiendo al resto del territorio peruano. En la base de este movimiento hay un elemento de “economía moral” muy fuerte: la sensación de que el Congreso —con 9% de apoyo social— al final se salió con la suya: echó a Castillo pero los desprestigiados diputados “se quedaron todos” y se niegan a adelantar las elecciones para 2023.
Pese a los problemas del gobierno de Castillo —corrupción, entornos opacos, conductas erráticas— muchos campesinos e indígenas sentían que tenían las puertas más abiertas del Palacio. Por otro lado, los discursos que festejaron su caída y las características del nuevo gobierno de Dina Boluarte —recostada en la derecha y las fuerzas armadas— sedimentan la imagen de que una élite “racista y arrogante” ha recuperado el poder, aunque la presidenta provenga, como Castillo, del “Perú profundo” y se haya dirigido en quechua a sus “hermanos y hermanas” para pedirles su apoyo.
La represión y las muertes solo han reforzado estas percepciones, en medio de velatorios públicos y masivos de los fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad. La entrada de la policía a la universidad de San Marcos, tras el derribo de una puerta con una tanqueta, ha llevado las denuncias de violaciones al Estado de derecho al corazón de la capital peruana y probablemente gatille la participación más decidida de los estudiantes universitarios y los habitantes de Lima en las protestas.
Boluarte se atrincheró en un discurso de mano dura frente a los generadores de caos e inestabilidad y dio vía libre a la represión, pero su intento liderar el “partido del orden” chocó con sus dificultades para recuperar la paz social y con la extensión territorial de las movilizaciones. Ante la llegada de nuevos contingentes a Lima, el martes 24 de enero la mandataria insistió con su discurso contra los “radicales”, pidió una tregua y perdón por las muertes, y le solicitó al Congreso acelerar el adelanto electoral.
El gobierno ha venido tratando de vincular las protestas con el terrorismo (acusando a exintegrantes del grupo armado Sendero Luminoso) y con las “economías ilegales”, lo que ha caldeado aún más los ánimos y la sensación de agravio del Perú excluido. También se apeló a la figura del enemigo externo, sobre todo acusando a Evo Morales de querer dividir Perú y a los ponchos rojos aymaras de introducir armas por la frontera peruana (el congresista fujimorista Ernesto Bustamante ha sugerido invadir militarmente Bolivia).
Las economías ilegales/informales están en el centro de la escena, pero más que una infiltración de sus referentes en las manifestaciones, se trata del producto de una dinámica económica y social vigente en el mundo andino, que se ha profundizado en las últimas décadas. El veterano dirigente de izquierda y ministro fugaz de Castillo, Héctor Béjar describió así la situación del país tras las reformas neoliberales de los años noventa: “El Perú es un país sin derechos, donde es normal trabajar 12 o 14 horas diarias, donde no se tiene seguridad social ni jubilación, etcétera. A cambio de eso, haces lo que se te da la gana: ahí puedes formar una empresa, dedicarte al contrabando, te conviertes en lo que los liberales llaman autoemprendedor o microempresario, y entonces vulneras todas las leyes. Lima y todas las grandes ciudades son un caos…”. El régimen que denuncia “lo ilegal” es uno en el cual casi todos los presidentes terminaron encarcelados por corrupción o suicidados, como Alan García Pérez.
Comparando este “movimiento popular” con el de su juventud, Béjar sostiene: “Ahora en el Perú existen redes sociales muy populares, que tienen poder económico (…) que van desde el hombre o la mujer que te vende unas cuantas botellas en una calle de Lima hasta los que te transportan mucha mercadería desde China. Se trata de una ‘burguesía popular’ peruana que está en ascenso”. Esos sectores se “mezclan” con el mundo plebeyo.
El oxímoron de “burguesía popular” es productivo para pensar las tensiones de estos procesos: cómo estas economías se inscriben en la globalización, que llega a las grandes ferias chinas, y mantienen al mismo tiempo vínculos con el mundo social y étnico que las rodea mediante diversas redes familiares y de compadrazgo
La minería “artesanal”, los cultivos de coca, el contrabando o el tráfico de drogas son algunas de estas expresiones que pueden ir desde lo informal a lo ilegal.
El caso de la minería informal/ilegal es particularmente importante, sobre todo el papel de la extracción de oro, en el marco del boom de la minería en el país. “Por características geológicas y por los propios pisos ecológicos que se presentan en Perú, se desarrolla este tipo de minería tanto en yacimientos de llanura aluvial, sobre todo en zonas de Amazonía baja (como Madre de Dios, una parte de Puno, Loreto, etc.), como en yacimientos filonianos o de vetas diseminadas, sobre todo en zonas de los Andes y de Costa”, explicaba José De Echave en un artículo de 2016.
A veces, estas “burguesías populares” hacen sus propias apuestas estéticas, como ocurre con los cholets en la ciudad boliviana de El Alto. Varios “frentes de defensa” locales, articulaciones de organizaciones diversas activas en estas protestas, incluyen en su seno estas realidades, lo que ha dado lugar a artículos de periódicos sobre las relaciones de dirigentes con lo informal/ilegal presumiblemente a partir de información policial o de inteligencia. La antropóloga Alison Spedding ya había hablado de “semicampesinos” para dar cuenta de los vínculos urbano-rurales en Bolivia, donde los dirigentes campesinos jóvenes hoy pueden tener una licenciatura en la universidad. Las redes comerciales transfronterizas no son una novedad en los Andes, provienen del periodo colonial, pero hoy se articulan con nuevas dinámicas de “globalización desde abajo”.
Se trata, y esto es particularmente cierto en Perú, de un mundo profundamente mercantil pero víctima, a la vez, de un fuerte racismo antiindígena y anticholo (todo ello solapado con viejas pujas entre Lima y Cuzco). Sin duda, estos cambios sociológicos son un desafío para la derecha, pero también para las fuerzas de izquierda, en la medida que encarnan “capitalismos andinos” resistentes a las simplificaciones sobre la subalternidad o lo “ancestral”.
Mientras que en Bolivia las nuevas “élites” desplazaron parcialmente a las viejas élites “blancoides”, sobre todo en el occidente andino y valluno (el Movimiento al Socialismo (MAS) federa a muchos de estos sectores), en Perú las élites “blancas” son más resistentes y tienen más poder social y económico. Pero quienes las desafían han proyectado a menudo su peso económico en poder local e incluso en el Congreso nacional. Y con Castillo habían dado un paso más.
Pero pese a conservar su influencia, las élites tradicionales ya no pueden ejercer su dominio/hegemonía como antes. El modelo basado en una tecnocracia estable (el presidente del Banco Central lleva 15 años en el cargo y tiene mandato hasta 2026) y una élite política que gobierna a los tumbos encuentra hoy sus límites.
El país vive así una situación de crisis política sin fin, con un diseño institucional que amplifica las tensiones en lugar de canalizarlas. Las elecciones en 2023, como piden las manifestaciones, no serán suficientes probablemente para estabilizar la situación, y casi con seguridad se repetirán escenarios de fragmentación como los que vimos en la elección de 2021, pero quizás sí sirvan para evitar más muertes y parar la escalada.
