El miedo no está solo en Europa. Los datos del latinobarómetro, la encuesta que desde hace 25 años mide el pulso económico y social de América Latina, muestra que, aunque el apoyo a la democracia como forma de gobierno sigue siendo mayoritario, ha aumentado el grupo de indiferentes. O lo que, es lo mismo, el número de personas a las que les da igual tener una democracia que una dictadura.
Las desigualdades, que empezaban a ser reducidas en América Latina, están con toda probabilidad en la base de este cuestionamiento creciente de todas las formas y colores parlamentarios, y los Gobiernos muestran limitaciones para resolver el día a día de una ciudadanía cada vez más dependiente del empleo informal y más afectada por diversas violencias.
La factura de la pandemia ha sumado 50 millones de pobres en la región. La elevadísima inflación ha incrementado una deuda externa que, en un contexto de malestar social, difícilmente va a resolverse desde los ajustes fiscales. El margen fiscal existente, además, requiere traducirse en derechos y servicios para las personas para ser sostenible. La tensión entre desigualdades y democracia ha desatado olas de protestas sociales en Chile, Ecuador, Colombia o Perú. Está en riesgo la consolidación que se había venido dando desde la transición a la democracia en los años 80.
Aun así, hay razones para el optimismo. Porque pese a todo, y contra viento y marea, en América Latina, igual que en Europa, la democracia resiste. Por delante, el reto de una triple transición -verde, digital y socioeconómica- que la región y la Unión Europa se han comprometido a abordar desde la colaboración y la cooperación.
Podemos preguntarnos si será necesario formular nuevos pactos sociales para que estas transiciones sean afrontadas con la aceptación e involucración plena de la ciudadanía. Para que no vean en ellas una nueva amenaza a la ya sangrante desigualdad de la región, las instituciones deben dar un paso adelante: proponer nuevos liderazgos y soluciones innovadoras. El intercambio de experiencias con pares de instituciones europeas puede ser un disparador de esta creatividad.
El reto climático requiere estrategias de descarbonización que tengan en cuenta no solo los aspectos técnicos para potenciar renovables y reducir las emisiones, sino también estrategias para abordar los impactos sociales de esta transición que algunos países europeos ya han iniciado. Los sistemas fiscales pueden ser revisados para ser más progresivos, descentralizados e incorporar perspectiva de género. Políticas de protección social y de cuidados podrían ser pilares para garantizar que estas transiciones son justas y no dejan a nadie atrás. Las violencias vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico podrían abordarse con una mayor integración regional de las instituciones a lo largo de toda la cadena penal.
Los nuevos contratos sociales deben reservar, en definitiva, un espacio destacado para la cooperación entre instituciones que todavía comparten los valores de la democracia y el Estado de derecho. Este denominador común de intangibles puede y debe persistir y ensancharse, antes de que sea demasiado tarde.
Las instituciones a ambas orillas del Atlántico tienen, por el momento, un amplio espacio de maniobra a través de la cooperación pública.
