En septiembre de 2020 se cumplirán 25 años de la Resolución, por parte de Naciones Unidas, de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995. Es importante recordar esta fecha puesto, al contrario de lo que a veces se supone, nada de lo que está hoy establecido, lo está de por sí, o se ha instaurado por el mero paso del tiempo, menos aún si se trata de nociones, ideas, valores y concepciones que atraviesan las prácticas humanas y regulan las relaciones sociales. Esto tampoco ocurre con las políticas estatales, ni mucho menos con algunas de las ideas que, como sombras fantásticas, acompañan el hacer histórico de las luchas femeninas.
La Conferencia y la Plataforma de Acción Mundial (PAM) constituyeron un importante reconocimiento a las múltiples y diversas luchas de las mujeres del siglo XX en todo el mundo. Dicha Conferencia fue la mayor de las celebradas en la historia de Naciones Unidas, así como la más importante sobre la materia. Participaron 181 países y casi 50.000 personas, sumando a los/as participantes de la Conferencia, los/as del Foro no gubernamental. Este Foro de ONG, celebrado en el distrito de Huairou (Beijing), representó la mayor reunión de activistas de todo el mundo, y evidenció que las luchas feministas también importan en África, Asia y, sobre todo, en América Latina y el Caribe.
El evento produjo una enorme expectación a escala mundial, y en su transcurso se produjeron acalorados y tensos debates que hicieron que se llegase al final de la Conferencia sin haber consensuado un documento final —como tradicionalmente se acuerda en las cumbres—. Las primeras propuestas suscitaron reservas sobre distintas materias, que iban desde la “cuestión del aborto” hasta el reconocimiento de los derechos humanos universales e inalienables, pasando por asuntos económicos y financieros, o referidos a la herencia o la opción sexual, por citar algunos de los más ásperos y controvertidos.
Finalmente, una vez acordada la Declaración, Beijing 95 se ha convertido en un símbolo de reconocimiento a las mujeres y sus demandas. A partir de ella, los Estados del mundo se comprometieron a diseñar y llevar a cabo políticas públicas que incorporasen la visión de género, es decir, integrando un enfoque opuesto al de la subordinación y exclusión de las mujeres. Sin embargo, pasados 25 años —según testimonian diversas evaluaciones que se realizan cada cinco años— la ejecutoria de muchos gobiernos ha reflejado un pobre y desigual cumplimiento de lo pactado.
Como ha afirmado Michelle Bachelet, se han realizado algunos avances: “El número de mujeres parlamentarias nacionales casi se ha duplicado […]. Más de 150 países ahora tienen leyes sobre acoso sexual […]. El matrimonio infantil ha disminuido a nivel mundial […]. Los países tienen significativamente más datos sobre la violencia contra las mujeres […]. El porcentaje de mujeres en trabajos remunerados ha aumentado […]. Más de 140 países garantizan la igualdad de género en sus constituciones […]. Los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo han adoptado convenios para eliminar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, y proteger los derechos laborales de las trabajadoras domésticas”. No obstante, según afirmó asimismo Bachelet: “todavía estamos lejos de la paridad… ”, y existen riesgos de regresión. Así hoy, 25 años después, algunos de estos mínimos logros se ven amenazados, ya sea por medio de su eliminación y/o neutralización, ya por su banalización y pérdida de sentido.
Como si se anticipase al futuro, Virginia Vargas, coordinadora de las ONG de América Latina y el Caribe, afirmó en la plenaria final de la Conferencia que: “En este concierto de palabras todo está dicho, la mejor denuncia es el silencio”. Blandió entonces una pancarta que decía “Justicia, Mecanismos y Recursos”, y que resumía con estas palabras esenciales lo necesario para convertir lo pactado en acción. Veamos que ha ocurrido desde entonces.
Justicia
25 años después de la Conferencia existe una creciente reacción patriarcal en el mundo, que enfrenta las políticas acometidas en los años post-Beijing, y hace responsables a las mujeres de los procesos de descomposición que las políticas neoliberales y conservadoras han impulsado en diversos escenarios. Esto se manifiesta en los feminicidios, o en la crueldad y saña que se ejerce contra los cuerpos y vidas de niñas y mujeres. Además, se produce en un trasfondo de silencio por parte de las jerarquías políticas y religiosas, de ineficiencia del sistema de justicia, y de indiferencia ante el avance de las políticas fundamentalistas que insisten en revertir algunos de los magros logros alcanzados. El disparatado proyecto en Panamá de crear un registro de nombres para los no nacidos, mientras se desprecia la vida de las mujeres realmente existentes, constituye un claro ejemplo.
Recursos
En la Conferencia de Beijing se insistió en que urgían no solo discursos, sino también recursos. No obstante, en la evaluación sobre los avances que se realizó diez años después, en 2005, se señalaba que: “la ayuda prometida por los bancos, las agencias de cooperación y los países desarrollados no llegó como debiera haberlo hecho; los gobiernos tampoco asignaron suficientes recursos —ni materiales ni institucionales ni humanos— para la implementación de la PAM; las Naciones Unidas fueron perdiendo la ‘capacidad instalada’ del sistema para dar cuenta de todos sus compromisos; en este mismo periodo, las fuerzas conservadoras y los fundamentalismos […] fueron adquiriendo más poder”. Mientras tanto, en Panamá determinadas jerarquías ignoran el trabajo que realiza el Comité Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres o el Consejo Nacional de la Mujer, e intentan restar aún más competencias y recursos a la institucionalidad hoy existente.
Mecanismos
En julio de 2019, la ministra de la Mujer de Brasil declaró: “… las niñas de Marajó son violadas porque son tan pobres que no tienen bragas”. En tanto alto cargo, pretendía explicar así el aumento de las agresiones sexuales hacia niñas, adolescentes y mujeres en un territorio turístico. Se trata de una situación paradójica puesto que, pese a que su condición de ministra de la Mujer demuestra que se han creado o fortalecido mecanismos institucionales en respuesta a los compromisos de la PAM, tales agresiones persisten.
En efecto, tras Beijing 95 se han articulado mecanismos institucionales para que, también desde los Estados, se impulsen procesos democratizadores liderados por las mujeres y sus organizaciones. Así, en Panamá se creó la Dirección Nacional de la Mujer, destinada a conseguir avances en igualdad social, convertida en 2008 en el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Según la promesa de campaña del actual presidente, Laurentino Cortizo, el INAMU se convertirá en el Ministerio de la Mujer. Lejos, pues, de generar mecanismos para justificar la opresión y una vuelta atrás, se trata de mejorar los derechos, libertades y garantías para las vidas de las mujeres. Solo así tiene sentido establecer dichos mecanismos, que serían innecesarios si se limitasen a sostener que las niñas deben vestir de rosa. Ojalá las decisiones estén a la altura del histórico compromiso.
