Algo se mueve en las izquierdas latinoamericanas

La victoria de Gabriel Boric en Chile frenó la posibilidad de que la derecha radical recobre impulso en Sudamérica. Un triunfo de José Antonio Kast habría contrarrestado en gran medida el debilitamiento de Jair Messias Bolsonaro —que se enfrenta a la posibilidad de una derrota en octubre de este año a manos del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva— y la crisis del uribismo en Colombia, en un año también electoral, donde la izquierda está bien posicionada. Pero, al mismo tiempo, la victoria de la alianza de izquierdas chilena, a la cabeza de un candidato de 35 años proveniente de las luchas estudiantiles de 2011, impacta en un progresismo latinoamericano que busca reacomodarse en un nuevo contexto regional y global: el agotamiento del “giro a la izquierda” tal como lo conocimos, con diversos matices nacionales, en las primeras dos décadas del siglo XXI, y un escenario internacional diferente al que facilitó el “consenso de los commodities” y diversos programas redistributivos.

De manera algo paradójica, empero, existe la posibilidad de que —en ausencia de la anunciada “ola de derechas”— termine habiendo más países gobernados por fuerzas progresistas que durante la “marea rosada” original. Pero, podríamos decir que será un “giro a la izquierda de baja intensidad”.

De manera general, las izquierdas refundacionales, al estilo de Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero también a su modo del kirchnerismo en Argentina y en modo más soft del lulismo en Brasil, han dado paso a “gobiernos sin hegemonía”, retomando el término con el que Fernando Molina describió al de Luis Arce Catacora en Bolivia, y que podríamos extender a Argentina, donde el kirchnerismo se transformó en una facción de un peronismo en busca de identidad, sin la capacidad de irradiar hegemonía cultural que tuvo, sobre todo, entre 2008 y 2015, y a Perú, donde uno de los objetivos de Pedro Castillo es evitar la destitución por parte del Congreso, desde donde la derecha trata de debilitarlo. Incluso Andrés López Obrador, pese a su elevada popularidad, no tiene fácil avanzar su “Cuarta Transformación”, sumado a que la ausencia de reelección hace incierta la continuidad del proyecto de “regeneración” nacional, al menos en su idiosincrasia actual, tras el fin de su mandato.

Por el otro, en los casos en los que quedaron fuera del poder, vemos partidos que buscan regresar al gobierno en condiciones diferentes a las de antaño: la derrota del correísmo en Ecuador —particularmente dura en las zonas indígenas— mostró sus límites como fuerza político-social, mientras el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño brega por volver al Planalto muy alejado de sus tiempos gloriosos. Sus posibilidades aparecen más bien como una función del desastroso gobierno de Bolsonaro y de la vigencia personal de Lula, que incluso ha hecho alarde en las redes sociales de su fortaleza física a sus 76 años pese al martirio producido por una cuestionada ofensiva judicial que lo llevó a una celda en Curitiba durante 580 días. En este tiempo, el peso histórico del PT ha sido puesto en cuestión por una serie de candidaturas de izquierda, sobre todo de jóvenes, erigidas por fuera del partido nacido en el corazón obrero paulista y que en estos años ha mostrado poca capacidad para leer de manera autocrítica su historia reciente.

La crisis del populismo de izquierda en la región tiene, sin duda, su epicentro en Venezuela. Se trata de algo que puede parecer contraintuitivo porque el chavismo es la única fuerza de izquierda que no ha perdido el poder desde 1999, pero, al mismo tiempo, su evolución hacia una suerte de “autoritarismo caótico” ha servido para que todas las derechas de la región, y fuera de ella, presenten a este país —el único en proclamarse socialista tras la caída del Muro de Berlín— como un espantajo. Y puedan decir, además, que socialismo rima de nuevo con colas, desabastecimiento, persecución política, e incluso con saqueo del patrimonio nacional por parte de una camarilla boliburguesa/militar, aumento de las desigualdades y derrumbe de la economía y de los servicios sociales. En paralelo, la emigración masiva funciona como prueba de ese fracaso para los sectores populares de la región, que de la noche a la mañana vieron llegar a miles de venezolanos a sus barrios con relatos sobre los efectos del caos económico y la hiperinflación.

El caso de Nicaragua —asimilado a menudo al resto de la izquierda continental— es más complejo, aunque también viene siendo una piedra en el zapato para los progresismos latinoamericanos. Daniel Ortega y Rosario Murillo, que suelen activar a diario diversas simbologías sandinistas, se han movido con un pragmatismo extremo: Nicaragua es a la vez parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés), mantuvo durante varios años una buena relación con el Comando Sur de Estados Unidos en temas como la lucha antinarcóticos —antes de las sanciones estadounidenses—, hasta hace muy poco tenía relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, y fue (es) financiada en abundancia por organismos multilaterales. Además, Ortega mantiene opacos vínculos económicos-financieros con supuestos enemigos de la “expansión del comunismo” en Centroamérica, como Juan Orlando Hernández, el mandatario saliente de Honduras cuyo partido fue derrotado por Xiomara Castro, presidenta electa y esposa de Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009. Por todo esto y mucho más, como la eliminación del aborto terapéutico, desde su regreso al poder en 2007 Ortega nunca fue una figura popular entre las izquierdas latinoamericanas.

Los progresismos regionales navegan hoy con una brújula precaria y los viejos discursos “nacional-populares”, que a menudo homogeneizan demasiado al “pueblo” y no responden a las diversidades sociales del presente, tienen una decreciente capacidad de interpelación (en sus versiones extremas estos discursos conducen además a cierta infantilización de las lecturas del conflicto político y social). Por otro lado, las izquierdas en el poder deben gobernar de manera negociada, ya sea con fuerzas más centristas o con las propias coaliciones que las sostienen. Xiomara Castro ganó en Honduras en alianza con el político y presentador de televisión Salvador Nasralla (centroderecha) y reivindicando el “socialismo democrático” en lugar del bolivarianismo de antaño, Alberto Fernández gobierna limitado por una complicada relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, Arce Catacora ejerce su poder en el marco de una tensión más o menos disimulada con Evo Morales —presidente del Movimiento al Socialismo (MAS)— y Pedro Castillo choca a diario con Perú Libre, el partido por el que postuló como invitado. Por su parte, Lula Da Silva intenta un acercamiento con el centro y tiende la mano al exgobernador de São Paulo Geraldo Alckmin, miembro del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (centroderecha a pesar del nombre) y Boric necesitó el apoyo electoral de la vieja Concertación y seguirá necesitándolo en el Congreso cuando asuma en marzo de este año.

Si las izquierdas refundacionales —que no se limitaban al bolivarianismo duro— se pensaban a sí mismas en largos periodos de gobierno, hoy deben lidiar con electorados más lábiles y opiniones públicas más crispadas (especialmente en el marco de la pandemia). Nadie podría decir ya que “el pueblo llegó para quedarse 500 años en el Palacio”, como lo hizo en 2012 Evo Morales recuperando el número-símbolo de los cinco siglos desde la conquista de América. La experiencia boliviana mostró, precisamente, los riesgos de los backlash reaccionarios favorecidos por las ansias reeleccionistas por fuera de los periodos habilitados por la Constitución y por la imposibilidad de pensar en abandonos temporales y no catastróficos del poder (o meramente cambio de candidatos dentro del mismo partido).

En este marco, la victoria de la izquierda chilena podría aportar una mirada renovada. Por un lado, generacional, que no se reduce a la edad del presidente electo. Basta mirar la lista de alcaldes y alcaldesas de grandes ciudades y comunas para encontrar a jóvenes apenas treintañeros provenientes en su mayoría de la “generación del 2011” que puso el acento en el rechazo al lucro en la educación como epítome de un modelo de mercantilización radical de la vida social. Un modelo que busca ser reemplazado por la nueva Constitución que actualmente se está discutiendo en la Convención Constitucional, con una mayoría progresista, y que deberá ser refrendada en un plebiscito de salida en el que, a diferencia del resto de las elecciones, el voto será obligatorio. Y en paralelo a la dimensión generacional está la irrupción feminista, que ha atravesado la política y la sociedad chilenas. En el caso de la izquierda, es visible esta nueva generación de mujeres jóvenes no solo en el Frente Amplio sino en partidos “tradicionales” como el Partido Comunista (PC), lo que ha ayudado a tender puentes con los frenteamplistas, con sensibilidades e historias de vida compartidas. Camila Vallejos, Karol Cariola y Irací Hassler son algunas de las figuras emergentes en estos años y han renovado la cara de un PC que ha logrado una renovación significativa, incluso en su estética, sin renunciar a su identidad histórica.

Por otro lado, hay una mirada ideológicamente más “fresca”. Ya en las primarias con el PC, en las que derrotó al alcalde Daniel Jadue, Boric buscó marcar diferencias con la vieja cultura comunista de la Guerra Fría y poner a los derechos humanos en el centro de la política, pero también de la geopolítica. Por ejemplo, en julio de 2019, Boric tuiteó: “El informe de @mbachelet sobre Venezuela es categórico. El gobierno de Nicolás Maduro está violando gravemente los derechos humanos. Desde la izquierda debemos condenarlo sin empates ni matices”. En la campaña electoral, obligó al PC a relativizar declaraciones de algunos de sus dirigentes sobre Nicaragua. También la renovación ideológica/generacional ha dado lugar a elaboraciones político/académicas sobre una nueva diplomacia progresista definida como “turquesa” (posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales (verde) como en el cuidado del océano (azul)) y “feminista”.

Vale la pena detenerse brevemente en las críticas del Frente Amplio chileno al bolivarianismo. A menudo se leen los cuestionamientos a la experiencia venezolana en términos de radicalidad/moderación, lo que suele resultar analíticamente pobre y políticamente sesgado, dado que en Venezuela no se avanzó en ningún proyecto de sociedad alternativo —la reciente dolarización de hecho de la economía es solo una muestra de los contrasentidos que encierra ese “modelo”—. Las críticas de Boric —y del Frente Amplio— no se asientan en una moderación abstracta o “centrismo” sino en la necesidad de que la transformación social sea acompañada de una mayor democratización. Por eso, en la campaña electoral, el candidato de la izquierda pudo vencer también moralmente a la derecha con un discurso que promueve una mejora en la cultura cívica frente a los retrocesos que promovía Kast, sin que este pudiera endilgarle con éxito la promoción de un doble discurso.

Gran parte de los déficits del “giro a la izquierda” latinoamericano ha residido en la falta de capacidad o de voluntad para construir instituciones de bienestar sólidas (a menudo por el cortoplacismo electoralista), que con la pandemia asumen una mayor urgencia. El caso venezolano, que algunos denominaron “cultura de campamento”, ha sido un caso extremo pero ilustrativo de armado de “instituciones” ad hoc, a menudo poco eficaces y/o difíciles de sostener en el tiempo. Aunque de manera bastante menos crítica, esos déficits fueron generalizados en modelos en los que el consumo popular mejoró más que el bienestar social. Mientras el mencionado “consenso de los commodities” cancelaba la discusión sobre el modelo de desarrollo deseable.

Esto no significa que el nuevo gobierno chileno tenga un camino de rosas. Aunque la victoria de la alianza Apruebo Dignidad alinea las instituciones con las calles, como ha señalado el sociólogo Manuel Antonio Garretón, los obstáculos no serán pocos en los niveles político/institucional, económico y social. Ni tampoco pretendemos poner sobre las espaldas del próximo presidente chileno una carga adicional de la que ya tiene, ni transformarlo en la nueva “experiencia de moda”. Pero un programa que combine Estado de bienestar, democratización social y lucha contra el cambio climático, como el que reivindicó en su campaña, no solo podría renovar las agendas de cambio en la región sino tender puentes entre el Sur y el Norte globales, donde también las fuerzas progresistas se encuentran en medio de una crisis de identidad (y de votos) sin precedentes, incluso donde llegan al gobierno, como se ve en el caso de los partidos socialdemócratas. Esto tendría, sin duda, menos del “exotismo familiar” latinoamericano que algunas experiencias “populistas” pero quizás podría ser más eficaz. Y encarnar, al mismo tiempo, un reformismo social y climático tan ausente como necesario en el planeta entero en estos tiempos que corren.