La decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, reunidos en México en 1991, de instituir las Cumbres anuales de esta comunidad, fue visionaria. Acogiendo las raíces culturales y lo que llamaron “un rico patrimonio (fundado) en la suma de los pueblos, credos y sangres diversos” como ejes articuladores de esta comunidad peculiar —y no la geopolítica—, decidieron construirla como un “espacio común” capaz de reconocerse unido aun en esa diversidad.
La decisión fue también propia del contexto en que se produjo. Acababa de concluir la Guerra Fría y el concepto de Estado-Nación no vivía sus mejores días. Aunque las grietas en los Balcanes ya se habían abierto irrevocablemente, y pese a que el mundo caminaba hacia los horrores del terrorismo fundamentalista, aún prevalecía en Occidente una hermosa presunción democrática.
En efecto, en la Europa atlántica sólidamente integrada, y en una América Latina crecientemente unida por el ideal de la libertad con pluralismo, la ilusión de concretar definitivamente la que hasta entonces había sido una democracia elusiva y difuminada se veía al alcance de la mano.
