Varios países latinoamericanos están viendo aumentar sus índices de violencia y homicidios, y sufren una mayor presencia del crimen organizado. Este fenómeno se produce en un
contexto de agudización de las desigualdades socioeconómicas de la región y un creciente
descontento ciudadano hacia las instituciones democráticas.
Ante ello, un gran número de líderes, partidos políticos y gobiernos están recurriendo a políticas “de mano dura”, con discursos y prácticas punitivistas, de gran impacto mediático, y con un importante respaldo electoral. No obstante, el tratamiento de esta problemática pasa por acudir a un enfoque
multisectorial y multidisciplinar, que contribuya a diseñar políticas de seguridad enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
