La COVID-19 llegó al continente americano en el primer trimestre de 2020 y, desde entonces, la veloz expansión de la pandemia, desde el norte al sur de América, está dejando muerte, exclusión y miseria, entre otras situaciones. En la región, el sistema de salud entró en máxima alerta, implicó graves consecuencias, y exigió la imposición de cuarentenas y confinamientos que han desequilibrado los ritmos normales y rutinarios de la economía, y de otras áreas vitales para la vida cotidiana de la población.
En El Salvador se estableció el estado de emergencia y de excepción entre el 14 de marzo y el 14 de junio de 2020. Durante ese intervalo se confirmaron un total de 3.826 contagios y 74 fallecimientos, entre ellos, los de 20 mujeres. La ONG internacional “Medicus Mundi”, en un comunicado de 20 de junio, informó que en ese mismo lapso se produjeron en el país 21 feminicidios, visibilizando cómo la violencia de género supone un riesgo mayor que el virus mismo. Esta cifra marcaba un aumento durante el confinamiento del 70% de la violencia contra las mujeres en las relaciones de familia. Por su parte, en el boletín de la plataforma periodística “Connectas”, se presentaron las siguientes cifras: 26 feminicidios, 60 denuncias por violación, y 2.318 mujeres agredidas, todo ello en un país con un alto subregistro de casos.
Hay que tener en cuenta que el confinamiento —implementado por el gobierno para contener el avance de la pandemia—, el miedo a romper la cuarentena, el establecimiento de la atención a distancia y el hecho de tener que mantener una convivencia familiar continuada con el agresor, han supuesto limitaciones para formalizar denuncias, a lo que se sumó el miedo de las víctimas a verse recluidas en centros de confinamiento. Por otro lado, a nivel institucional, la pandemia ha debilitado o incluso paralizado los servicios públicos y el acceso a recursos de asistencia.
A su vez, los entornos de violencia y hostilidad que se han propiciado, han dificultado la labor de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en el ámbito de los medios de comunicación digital. A través de estos medios se ha intentado deslegitimar a quienes criticaban la situación, mediante mensajes encaminados a desacreditar a las organizaciones de derechos humanos, empleando incluso lenguajes misóginos.
Ante este escenario, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos presentó, el 15 de junio, un comunicado suscrito por alrededor de 40 organizaciones latinoamericanas, dando cuenta de los datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). En su informe trimestral, hecho público en mayo, la APES presentó 54 casos de vulneración a la libertad de prensa, e indicaba que, en 39 ocasiones, estas se dieron entre marzo a mayo, y al menos nueve se produjeron contra mujeres. Entre las agresiones se identificaron restricciones al quehacer periodístico, ataques digitales y bloqueos a la información.
Por otra parte, los abusos de carácter policial y la omisión de servicios estatales que garantizan el acceso a derechos básicos, se han visto reflejados en los casos de Sara Yamileth Benítez y Ana Cristina Barahona, quienes fueron acusadas de romper la cuarentena domiciliar cuando realizaban compras de alimentos y medicinas. Igualmente, las mujeres defensoras de los “Sistemas de agua comunitarios”, del Cantón Agua Zarca, en el municipio Guacotecti (departamento de Cabañas), denunciaron que el 10 de noviembre de 2020 fueron agredidas, recibieron comentarios sexistas y vieron obstaculizado su acceso al agua.
En el contexto de estos sucesos, “Medicus Mundi” ha identificado tres vulnerabilidades específicas que afectan a las mujeres, consecuencia de la situación que ha provocado la pandemia:
1. Aumento de la violencia intrafamiliar, por convivencia con el agresor.
2. Déficit de acceso a los servicios de salud, en concreto sexual y reproductiva.
3. Aumento significativo de la vulnerabilidad económica, dado que las mujeres ejercen la mayor parte del trabajo informal, el más afectado por el escenario de crisis.
Estas vulnerabilidades coinciden con las detectadas por la Oficina de ONU-Mujeres en El Salvador, desde donde se subraya el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas, la sobrecarga del trabajo que sufren, y la reducción de sus ingresos económicos.
A la luz de lo expuesto, corresponde considerar que las instancias que impulsan la ciencia y la tecnología, y son formadoras de pensamiento humano, crítico y propositivo, así como los movimientos de mujeres y feministas, deben formular aportes en lo relativo a los siguientes aspectos:
1. Producción de nuevos conocimientos y perspectivas visionarias sobre los temas emergentes de la agenda feminista.
2. Estudio del impacto en mujeres, adolescentes y niñas sobre cómo la crisis está afectando a su autoestima, al disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos, y a sus propios proyectos de vida.
3. Impulsar formas alternativas de desarrollo y crecimiento económico, en relación con un enfoque de género en economía y en el trabajo de los cuidados.
