El 23 de febrero de 2021 tuvo lugar el duodécimo seminario del ciclo “Diálogos con América Latina”, organizado conjuntamente por la Fundación Carolina y la Casa de América, bajo el título: “De la COVID-19 a la Agenda 2030 en América Latina”. Como ponentes intervinieron Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Luis Felipe López Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, moderó el debate, e inició su intervención presentando los desafíos que, por efecto de la COVID-19, afectan al desarrollo sostenible en la región y a la consecución de la Agenda 2030.
En primera instancia, subrayó la importancia del papel de los gobiernos e instituciones para subsanar la complejidad de la situación, y enfatizó el compromiso de España de cara a la Agenda 2030, destacando cómo el plan que el gobierno ha asumido y puesto en marcha, secundado porla Unión Europea, se fundamenta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, y siendo conscientes del contexto de partida, la labor consiste en compartir ideas y conocimientos e, inmediatamente, en tomar decisiones paraalcanzarlos objetivos, implementando políticas públicas verdaderamente eficaces, y asegurando la cooperación del sector privado.
Los retos que enfrenta América Latina
En su tramo inicial, el debate se centró en desgranar los retos que afronta América Latina a consecuencia de la pandemia, y en reflexionar sobre la Agenda 2030, no solo como marco conceptual y normativo de actuación, sino también como instrumento práctico de gestión, indispensable para solventar las dificultades sobrevenidas. En esta línea, Alicia Bárcena recordó que los problemas estructurales de la región se han visto amplificados por la crisis sanitaria y económica.
En primer lugar, se encuentran las enormes desigualdades que afectan a diversos aspectos de la realidad, puesto que son de ingresos, de etnia o de género, y no cabe relativizar su urgencia: la igualdad debe ser vista como un prerrequisito para el desarrollo y no como un resultado del mismo. En segundo lugar, están los problemas estructurales relativos a la baja productividad y a la baja diversificación productiva, que también se están viendo agravados. Y el tercer problema es el del reducido espacio fiscal, que puede derivar en un alto incremento de la deuda. Por todo ello, se necesitan políticas de cooperación que, a diferencia de las medidas adoptadas hasta el momento por las instituciones internacionales, incluyan a los países de renta media.
Seguidamente, Alicia Bárcena enumerótres asimetrías que experimenta la America Latina. En primer lugar, la asimetría climática: consiste en que, pese a que los países de la región no generanuna gran cantidad de emisionescausantes del cambio climático, padecen en cambio fuertes impactos de este, en forma de desastres naturales más frecuentes e intensos, como ilustra la sucesión de huracanes que han golpeado recientemente a los países de Centroamérica y en particular a Honduras. La segunda asimetría ocurre en el ámbito sanitario, y se expresaactualmente en el acceso desigual a las vacunas. Se está comprobando cómo los países latinoamericanos no estaban preparados ni contaban con recursos suficientes para gestionar una pandemia. De hecho, ha quedado en evidencia tanto la fragmentación de los sistemas de salud como el alcance de la desprotección social. Finalmente, está la asimetría en el financiamiento para el desarrollo y la cooperación, toda vez que, pese a las necesidades que requieren los países de renta media —mayoritarios en la región—, en el G20 estos han quedado relegados a un plano secundario.
Ante estas circunstancias, convendría impulsar medidas de redistribución equitativa de la liquidez, aplicando un “keynesianismo para los muchos”, a través de la implementación de políticas fiscales activas. Y apoyar especialmente a la región del Caribe, debido a que sus países sufren simultáneamente vulnerabilidad climática, deuda externa ycaída del turismo.
A continuación, Luís Felipe López Calva expuso otros retos adicionales a los que se enfrenta la región. Desde hace tiempo, recordó, el PNUD sostiene que en Latinoamérica no hayuna sociedad de clase media consolidada, a pesar de contar con países de renta media. Es decir: persiste un alto nivel de vulnerabilidad, tanto en el plano macroeconómico como en el ámbito de los hogares. En el plano macroeconómico, la crisis de la COVID-19 ha revelado claramente la existencia de dicha fragilidad, en tanto América Latina ha sido la región del mundo donde la contracción económica ha sido mayor.
Esta vulnerabilidad se ha visto asimismo reflejada en términos de mortandad, puesto que la región, aun representando al 9% de la población mundial, concentra el 30% de las muertes a escala global. Por otro lado, y pese al esfuerzo de los gobiernos, se ha incrementado la pobreza y, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han destruido más de 34 millones de empleos. A estas repercusiones económicas y sociales, se suma una fuerte erosión de la dimensión educativa, ligada a una destrucción del capital humano que, consecuentemente, afecta a la cohesión social y a la mayor carga doméstica que, ante todo, soportan las mujeres.
Soluciones y propuestas: universalidad,confianza, inclusión digital, enfoque de género e inversión pública
Tras tratar los problemas, los ponentes presentaron diversas iniciativas orientadas a paliar la situación, enmarcadas en el horizonte de los ODS de la Agenda 2030.
El representante del PNUD aludió a cuatro principios a seguir. En primer lugar, es necesario repensar los sistemas de protección social, de modo que se recupere la noción de universalidad. El segundo principio consiste en encauzar la inversión en infraestructuras digitales bajo un enfoque inclusivo. Es tercer lugar, es crucial encontrar motores sostenibles para el crecimiento, lo que comporta reformularla conceptualización del desarrollo de acuerdo con las sugerencias que elabora el PNUD. Y, en cuarto lugar, resulta clave caminar hacia una gobernanza efectiva, lo que implica repensar un nuevo pacto social en la región.
En relación con ello, el PNUD ha publicado un documento a modo de guía que aborda tres asuntos: i) la citada universalidad de la protección social, ii) la reconstrucción de la confianza en las instituciones, y iii) la búsqueda de mecanismos para crear un pacto social más incluyente. Adicionalmente, y ante el problema de destrucción del capital humano, López Calva señaló que el PNUD está trabajando conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF )con el fin de ofrecer soluciones ante un escenario en el que las escuelas van a reabrirse siguiendo un modelo mixto, pero cuya puesta en práctica aún depende del acceso a las vacunas. De ahí que su acceso equitativo sea precondición fundamental, en todos los órdenes, para la recuperación.
Por su parte, Alicia Bárcena planteó tres medidas fundamentales. En primer lugar, puso el foco en las mujeres, puesto que son ellaslas que están siendo especialmente golpeadas por la crisis. Así, apuntó que el ODS 5 (“igualdad de género”) debía ser reformulado, con el fin de examinar qué mecanismos han de ponerse en marcha para lograr este objetivo. En consecuencia, la primera medida que propuso consiste en proporcionar un ingreso básico de emergencia a las mujeres en situación de vulnerabilidad por efecto de la pandemia, un grupo que representaa 15 millones de personas. Esto, afirmó, tan solo supondría emplear el 0,3% del PIB, lo que resulta asumible y viable. Su segunda propuesta remitió a la necesidad de cerrar la brecha digital mediante una “canasta básica digital”—un ordenador portátil, un smartphone y una conexión barata de banda ancha—, que conllevaría un 1% del PIB en promedio regional, además del imprescindible apoyo del sector privado.
Por último, su tercera medida radica en potenciar la inversión pública, concretamente en distintos sectores dinamizadores: i) el sector energético, impulsando una transición energética con la que se pase de un 10% a un 40% de energías renovables, contando con una inversión del 1,3% del PIB (gracias a esta medida, subrayó, las emisiones se reducirían un 30%, y se generarían millones de empleos); ii) el sector de la electromovilidad, reconvirtiendo el parque de autobuses de diésel a eléctricos; iii) el sector de la economía circular, fomentando un reciclaje que generehasta 450.000 empleos; iv) el sector de la bioeconomía, promoviendo investigaciones innovadoras que rastreen soluciones en la naturaleza; y v) el sector del turismo, en el que resulta primordial avanzar hacia un turismo más sostenible.
Finalmente, la secretaria ejecutiva de la CEPAL insistió en priorizar el cierre de la brecha económica y la social; ahora bien:partiendo del cumplimiento del ODS 1 (“erradicar la pobreza”), mediante un pacto social que genere una redistribución de la riqueza del 1% más favorecido al 1% máspobre, lo que lejos de perjudicar a la economía suscitaría un crecimiento del 4%. Pero, para ello,es indispensable contar con el concurso de los socios más aventajados y fomentar simultáneamente un multilateralismo renovado. Este aspecto, por lo demás, enlaza con una meta imperativa para la región: la de la integración regional, que hay que reimpulsar por medio de un plan de desarrollo integral, en el que España podría actuar como agente facilitador.
Repensando la Agenda 2030
En la reflexión sobre la oportunidad de estas iniciativas, Cristina Gallach introdujoel debate sobre las metas y los indicadores de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento ha perdido credibilidad debido al retrocesoque ha traído consigo la pandemia. En este sentido, se hace preciso repensar de qué modo la Agenda 2030 puede continuar operando como marco de actuación.
Ante esta cuestión, Alicia Bárcena apeló, en primer lugar, a la voluntad de compromiso por parte de la comunidad internacional. No obstante, es cierto que las urgencias a corto plazo absorben el tratamiento de los objetivos a largo plazo, lo que limita la disponibilidad derecursos para avanzar hacia los ODS. La revisión de la Agenda 2030, en todo caso, ha de abordarse manteniendo en el horizonte su consecución.
Del mismo modo, López Calva subrayó la importancia de preservar la referencia global a los ODS como símbolo de construcción de una comunidad internacional basada en unos ideales compartidos. No cabe olvidar que, independientemente del contexto, se trata de una agenda validada por todos los países, con unos propósitos definidos con claridad según una hoja de ruta que la crisis, precisamente, ha vuelto a poner en valor.
Ahora bien, la cuestión estriba en cómo avanzar materialmentehacia los ODS. A este respecto, destacan tres elementos en los que el PNUD trabaja conjuntamente con los gobiernos: i) el diseño de políticas públicas basadas enlaevidencia, avaladas por ejemploen la garantía dela calidad de la información (rasgo esencial para la toma de decisiones); ii) la gestión del financiamiento,en tanto el PNUD estima que la región precisa de 228.000 millones de dólares para afrontarla crisis de la COVID-19; y iii) la construcción de la confianza y la legitimidad, inherentes al ODS 16, yque hay que fomentar mediante la creación de espacios de diálogo encaminados a renovar el contrato social.
Las instituciones financieras internacionales y el multilateralismo
En la parte final del seminario, la secretaria de Estado retomó el asunto del acceso a la financiación y el papel que están jugando los grandes organismos financieros internacionales. En este punto, Alicia Bárcena indicó que el nuevo gobierno de EE.UU. parece estar manifestando cierta apertura, lo que, de materializarse, facilitaría la activación de mecanismos para atajar la desigualdad. En este sentido, mencionó el recurso a los derechos especiales de giro (DEG), cuya emisión parece estar próxima, y que supondrían recursos por unos 55.000 millones de dólares para la región. Un segundo paso consistiría en revisar las taxonomías establecidas en el terreno de la ayuda al desarrollo, basadas en el ingreso per cápita, que obstaculizan que los países de renta media accedan a fondos.
Con relación a las instituciones financieras, Bárcena destacó el respaldo a la región, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina, aunque es preciso proceder a la recapitalización delanterior, y potenciar más el peso de la banca regional. En cuanto al Fondo Monetario Internacional (FMI), el liderazgo de Kristalina Georgieva parece abierto a atender el problema de la reestructuración de la deuda soberana. Pero,en cualquier caso, la cuestión inmediata radica en apoyar a los países de ingreso medio, en una línea similar a la del fondo solidario que se ha planteado desde Costa Rica: se trataría de que las economías más fuertes invirtiesen 500.000 millones de dólares a un plazo de 50 años, con una tasa fija de interés cero, permitiendo que los países de renta media accedan a él.
Otras acciones a barajarson la reducción del 12% de la deuda externa del Caribe, o la creación de un fondo de resiliencia para proyectos de inversión en adaptación climática, al que también se sume el Fondo Verde para el Clima. Asimismo, según recordó Lopez Calva, hay que contar igualmente con instituciones más pequeñas,como el Banco Centroamericano de IntegraciónEconómica (BCIE), donde el PNUD actúa asistiendo a Cuba para que tenga acceso a fondos para proyectos de desarrollo.
Ambos ponentes coincidieron en que las iniciativas expuestas deben englobarse bajo una acción internacional multilateral concertada, conclusión a la que se sumó Cristina Gallach, reafirmando el apoyo de España a la región, y al fortalecimiento de un sistema global multilateral.
Relatoría redactada por Andrea Ruiz Tarín, Fundación Carolina
