El 11 de diciembre de 2020 tuvo lugar la undécima edición del ciclo “Diálogos con América Latina”, organizado conjuntamente por la Fundación Carolina y Casa de América, bajo el tema: “Derechos Humanos en América Latina: un balance tras la pandemia”. El evento, celebrado en la jornada posterior a la conmemoración del 72º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contó con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya; la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y la activista en derechos humanos, Érika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas. El encuentro estuvo moderado por Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe.
Los derechos humanos sitúan a las personas en el centro del debate, de modo que la respuesta a la pandemia de la COVID-19 debe estar basada en ellos, garantizando así una atención sanitaria para todos/as que preserve la dignidad humana. En este contexto, debe imperar la razón cosmopolita puesto que, o todos nos salvamos o nadie lo hará. De momento, el impacto del coronavirus no ha hecho sino exacerbar las desigualdades preexistentes en relación a los derechos humanos, afectando de manera especial a las poblaciones más vulnerables. Por ello, en la salida de la crisis, no se puede pretender volver a la situación de partida; debe procurarse en cambio avanzar hacia un mundo en el que se respeten íntegramente los derechos de todas las personas.
A lo largo del debate, las ponentes se centraron en el impacto de la pandemia sobre los derechos humanos en América Latina y el Caribe (ALC). Se discutieron cuáles habrían de ser las bases, propuestas e iniciativas más convenientes para una reconstrucción que no deje a nadie atrás. Entre sus claves, se trataron cuestiones como el acceso equitativo a las vacunas o la financiación de los países de renta media. Asimismo, se subrayó la situación de especial vulnerabilidad que padecen las mujeres y niñas, y el problema de persecución que sufrenlos activistas en derechos humanos, particularmente en ALC.
El análisis centrado en derechos humanos forma parte constitutiva delos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)de la Agenda 2030. De hecho, el respeto a estosderechos resulta esencial para alcanzar dichos Objetivos. En este sentido, los ODS representan un cambio sustancial frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), toda vez que losderechoshumanoshan adquiridoahoraun carácter transformador, más inclusivo e integrador.
El impacto de la pandemia sobre los derechos humanos
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, abrió el diálogo reivindicando los derechos humanos como una parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. Su carácter universal debe permear en el interior de los Estados, e integrarse en su política doméstica. Bajo esta línea, destacó la adopciónde un nuevo régimen general de sanciones de la Unión Europea (UE) en materia de derechos humanos, que anunció el 10 de diciembre su alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, al objeto de reforzar la capacidad europea de acción colectiva en este terreno.
La ministra recordó cómo, desde el inicio de la pandemia, se ha agravado lavulneración a los derechos humanos. No solo se ha incrementado la violación a los derechos civiles y políticos, sino que la propagación del SARS-Cov2 ha tenido igualmente repercusiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, como, por ejemplo: sobre el derecho a una vivienda digna, la luz o a un trabajo decente. La COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones de las políticas públicas a la hora degarantizar tales derechos. Enesteescenario, propuso sustituir la distinción entre países democráticos y autocráticos ante la gestión del virus,por la dicotomía entre gobiernos que han invertido en políticas públicas y los que no lo han hecho.
A continuación, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, insistió en recalcar cómo el virus afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. La discriminación sistemática y el acceso desigual a servicios y oportunidades, abren una brecha en las precondiciones de salud en detrimento de las capas menos favorecidas. Los casos de Estados Unidos y Reino Unido, señaló, ilustran esta realidad, ya que las minorías étnicas presentan las mayores tasas de contagio y muerte, lo que está estrechamente relacionado con la situación de pobreza y precariedad en la que viven.
Por su parte, desde la óptica del activismo social, Érika Guevara profundizó en la agravación que la COVID-19 ha supuesto sobre las crisis preexistentes en la región. Como apuntan los datos, ALC se ha convertido en el epicentro actual de la pandemia, con 29,5 millones de casos y 767.000 muertes, yuna incidencia diferenciada sobre los grupos históricamente marginados: indígenas, refugiados, migrantes, mujeres y niños. La directiva de Amnistía Internacional coincidió con la ministra González Laya en atribuir al factor político un peso determinante en el impacto de la pandemia. Pero no solo han faltado políticas eficaces, sino que el coronavirus ha desenmascarado uno de los mayores lastres de la región: la corrupción.
Asimismo, Érika Guevara cuestionó ciertas medidas punitivas puestas en marcha por los gobiernos ante la propagación del virus, ajenas a las necesidades urgentes y específicas de la población. En gran medida su resultado ha sido el de un aumento de las violaciones a los derechos humanos. Solo en el marco de las restricciones a la movilidad se han constatado al menos 60 casos de vulneración de derechos. En algunos países, como El Salvador, Paraguay o Venezuela, se han producido detenciones arbitrarias entre quienes se saltaban las medidas de confinamiento. Pese a la legitimidad de lasrestricciones, gran parte de las infracciones las cometían personas provenientes de zonas marginales, y en situación de pobreza, que necesitaban salir de sus hogares en busca de alimentación o medicamentos. Según Amnistía Internacional, dichas acciones a menudo prolongan las tendenciasrepresivas que algunos gobiernos vienen ejerciendo ante demandas básicas de laciudadanía, pero también antereivindicaciones históricas en defensa de la protección medioambiental, o de lucha contra el racismo y la violencia de género.
Hacia una salida equitativa de la crisis: vacunas y financiación
Michelle Bachelet sostuvo que las respuestas que implican restricciones, y que puedan limitarel ejercicio de los derechos fundamentales, tienen que adoptar como marco referencial el respeto a los derechos humanos. Es más, habida cuenta de que en gran medida las desigualdades de partida han agudizado los efectos de la pandemia, no cabe “Debemos buscar soluciones transformadoras. No podemos volver a las mismas políticas. No podemos dejar a millones de ciudadanos/as atrás”DIÁLOGOS CON AMÉRICA LATINA114aspirar volver al estado previo. En su lugar, debe reconstruirse un modelo económico y de sociedad que garantice la igualdad de oportunidades a todas las personas. De ahí que la Agenda 2030 y los ODS resulten muy pertinentes, ya que se perfilan como el mejor instrumento para reforzar la solidaridad, el diálogo y la cooperación global.<7p>
La Alta Comisionada insistió también en el papel que han de jugar los gobiernos por medio de políticas públicas ambiciosas. Por ello, criticó el carácter temporal de muchas ayudas emitidas, sin duda indispensables, pero que carecen de vocación para transformar la realidad. Así, ante el futuro inmediato, sugirió la necesidad de desarrollar políticas anticíclicas que respalden los derechos socioeconómicos (salud, protección social, educación, o vivienda digna), y vengan acompañadas por una asignación financiera adecuada para asegurar su aplicación. A escala internacional, por su parte, reivindicó el establecimiento de mecanismos participativos e inclusivos que garanticen una protección universal basada en derechos humanos.
Tras este punto, se debatió sobre la gestión del proceso de vacunación global, planteado igualmente desde un enfoque en derechos humanos. Bajo esta mirada, Erika Guevara denunció que los países más ricos —en torno al 14% de la población mundial—hubiesenadquirido ya el 55% de las dosis del mercado. En el norte de América, Estados Unidos o Canadá han comprado un número de vacunas que triplica al de su población, y el presidente estadounidense ha emitido un decreto obligando a las farmacéuticas del país a priorizar el mercado interior, lo que puede perjudicar al espacio latinoamericano. En consecuencia, Amnistía Internacional apela a que todos los países, y en especial los más ricos, aumenten sus esfuerzos en cooperación con el fin de asegurar que todas las personas tengan acceso a las vacunas. Este objetivo pasa, en primera instancia, por abandonar las negociaciones bilaterales con la industria farmacéutica —que excluyen a los países más desfavorecidos—y por articular mecanismos de cooperación multilateral y regional, como el plan “Explorador de coronavirus” (CoVex)1o el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (ACT, por sus siglas en inglés).
González Laya ahondó en ello, recordando que, en un mundo interconectado e interdependiente, vacunar solo a los ciudadanos del propio país carece de sentido. Para favorecer el acceso equitativo a la vacuna cabe capitalizar el alcance, entérminos de producción y distribución, de mecanismos ya existentes, como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas en inglés), o la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). A su vez, se hace preciso activar iniciativas de cooperación internacional en el ámbito sanitario y científico, como está haciendo el gobierno español.
Al reto de alcanzar un acceso equitativo a la vacuna, se suma el desafío de la financiación. En este campo, Bachelet aludió a la situación especialmente delicada de la 1Iniciativa de la Organización Mundial de la Salud(OMS), asumida por más de 150 países de distinta renta, que busca establecer mecanismos para garantizar a escala global un acceso equitativoa las vacunas. El alto número de casos y fallecidos a causa de la crisis redobla los problemas del pasado, ligados a la baja productividad o a las desigualdades estructurales, tanto económicas (derenta) como sociales (de género o raciales). Dadas las previsiones que anuncian una caída del 10% en el PIB, la Alta Comisionada propuso que se adoptasen políticas fiscales progresivas, se persiguiese la evasión fiscal de las grandes industrias y se intensificase la lucha contra la corrupción. En paralelo, en un contexto de contracción de las arcas estatales, resulta crucial establecer mecanismos multilaterales de financiación para sufragar los esfuerzos gubernamentales. Ahora bien, la región ha de estar dispuesta a trabajar conjuntamente en la reconstrucción de sus sociedades, resguardando la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades fundamentales. El acuerdo de recuperación sostenida, inclusiva y resiliente, alcanzado en octubre de 2020por los miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante su 38º periodo de sesiones, apunta en esta dirección.
Sin abandonar el debate de la financiación,González Laya se refirió al estado de alta vulnerabilidad delos países de renta media, puesto que, tanto por la lógica del mercado como por la falta de instrumentos de cooperación, pueden encontrarse sin recursos para acceder a las vacunas. Bachelet, a este respecto, afirmó que no se trata de un problema nuevo, toda vez que lo sufren algunos países del Caribe, los cuales —aun registrando altas tasas de turismo—siguen viéndose muy expuestos a los efectos devastadores de los desastres naturales. Enlazando con esto, cuestionó los criterios empleados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) y propuso trascender el sistema de “graduación” en pro del postulado de “gradación” del paradigma del“desarrollo en transición”.
Como horizonte paradefinir medidas concretas, la ministra apuntó aabril de 2021, momento en el que se celebrará la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra. Elencuentro debe servir como foro de diálogo y entendimiento para plantear una respuesta coordinada a la pandemia, que recoja los puntos tratados: tanto respecto al acceso equitativo a las vacunas como al diseño de mecanismos de financiación para los países de renta media. También se habrán de afrontar otros desafíos estructurales, como los de la brecha digitalo la descarbonización de la economía. Para ello, deben idearse fórmulas que transformen los sistemas socioeconómicos, por medio de políticas públicas sólidas y una colaboración inteligente con el sector privado, que no deje a nadie atrás. Para ilustrarestas propuestas, González Laya mencionó al caso español. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha abierto espacios de diálogo en los ámbitos sanitario, laboral, social, científico o en materia de género. Gracias a ello, desde marzo se ha aprobado el ingreso mínimo vital, para combatir la pobreza extrema; una nueva ley educativa, que apuesta por el acceso igualitario a la educación pública de calidad; y una normativa específica para luchar contra la violencia de género en el contexto de pandemia.
Mujeres, niñas e impacto de la COVID-19
Mediado el debate, la secretaria de Estado Cristina Gallach, hizo un llamamiento a “ponerse las gafas de género”, es decir, a centrar la atención en el impacto diferencial de la pandemia sobre mujeres y niñas. Bajo talperspectiva, Bachelet explicó cómo la COVID-19 ha afectado de forma particular a las mujeres: por un lado, estas trabajan más en los sectores más perjudicados por la pandemia, como el turismo o la hostelería; por otro, muchas mujeres —en especial, las mayores—nunca han trabajado o se han dedicado a la economía informal, por lo que están excluidas del acceso a prestaciones sociales, como las pensiones. Érika Guevara agregó la sobrecarga que las mujeres experimentan en el trabajo de los cuidados, realidad que se manifiesta en la vida laboral, dada la mayor proporción de enfermeras o cuidadoras, y en la esfera privada, donde dedican más tiempo a labores del hogar o al cuidado de mayores.
La violencia de género fue otro tema a debate. El periodo de pandemiaha supuesto en Iberoamérica un incremento del número de denuncias registradas —de manera sustancial en países como El Salvador o Uruguay—así como de las tasas de feminicidios. Los confinamientos forzosos han obligado a muchas víctimas a compartir espaciocon sus agresores, lo queha aumentadoel riesgo a ver dañada su integridad física y psicológica. Ante este escenario se pusieron de relieve algunas iniciativas llevadas a cabo. Bachelet elogió los casos de España y Portugal, donde la atención a las víctimas se ha mantenido como servicio esencial. Francia, por su parte, ha puesto a disposición de las mujeres maltratadas habitaciones dehotel para que puedan acudir a un lugar en el que estar protegidas, con independencia de su situación económica.
No obstante, la respuesta en ALC ha sido menos contundente. Ciertamente, ha habido alguna iniciativa, como el de la activación de un código en las llamadas a farmacias para alertar sobre casos de violencia de género, bajo la consigna: “Quiero una mascarilla roja”. Con todo, Érika Guevara denunció que las instituciones correspondientes han quedado relegadas a un segundo plano, y su personal se ha visto reducido de forma drástica. Además, muchos sistemas de atención a víctimas requieren de una conexión en línea, lo que excluye a un amplio volumen de mujeres pobres, indígenas, o ubicadas en zonas rurales o remotas. En este punto, tanto Bachelet como Guevara lanzaron algunas propuestas para la acción. La primera recalcó la necesidad de analizar la cuestión de los derechos humanos teniendo siempre en cuenta la imbricación de la variable de género “Los derechos humanos son la salida para la pandemia y la entrada al mundo que queremos con otras desigualdades de carácter estructural. Asimismo, de cara a alcanzar una igualdad efectiva, instó a priorizar los servicios de atención a la violencia de género, incentivar el acceso a la educación y a la libre elección de estudios, eliminar los prejuicios, reducir la brecha digital y mejorar la educación sexual.
Como dato curioso, perono irrelevante, la Alta Comisionada destacó que siete de los doce países que mejor han gestionado la primera ola de la pandemia están gobernados por mujeres. En consecuencia, el papel de las mujeres se está convirtiendo en un factor clave para afrontar la crisis de confianza ante las instituciones. Es más, garantizar la participación plena e igualitaria de las mujeres en el proceso de diseño y toma de decisiones se torna imprescindible para recuperar dicha confianza. La directiva de Amnistía Internacional subrayó por su parte el esfuerzo realizado por ONG, colectivos feministas y asociaciones vecinales, en donde las mujeres han reemplazado la ausencia del Estado en la provisión de alimentación o salud. Del mismo modo, gracias a las movilizaciones de mujeres jóvenes se han logrado obtener nuevos derechos reproductivos y sexuales, como muestra la despenalización del aborto en Argentina adoptada el 15 de diciembre (pendiente de ratificación en el Senado).
Por último,Cristina Gallach,elogió el esfuerzo realizado por la ministra González Laya en la adopción —a propuesta de España—por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de la Resolución “Mujeres, niñas y COVID-19”, en la que se propone abordar de manera específica el impacto y el papel de las mujeres y niñas en el proceso de reconstrucción tras la pandemia.
La persecución de los/as defensores/as en derechos humanos
Finalmente, las panelistas trataron el problema de que ALC sea la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos: dos tercios de los asesinatos contra activistas se localizan en la región. Además, cinco de los primeros siete países en términos de letalidad están en ALC. De acuerdo con Bachelet, los gobiernos tienen una gran responsabilidad en el asuntoy, por ello,debenproteger a la sociedad civil, pero también asumir su mayor participación, incluso cuando es crítica. Las políticas públicas son más eficaces, eficientes y sostenibles cuando incluyen propuestas y soluciones que proceden de las personas que viven en los territorios, y que introducen una óptica local y de defensa sobre el terreno de los derechos humanos. Frente al temor a la participación, ha de empoderarse a los/asactivistas y perseguir con contundencia a quienes atentan contra su integridad. En este sentido, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) puede constituirse como base fundamental, no solo para consolidar las democracia ambiental y el multilateralismo, sino para amparar a los defensores de derechos humanos, contribuyendo a la construcción de un derecho universal en el ámbito medioambiental.
Desde un punto de vista crítico, Érika Guevara denuncióla complicidad de los gobiernos que en ocasiones se produce en la persecución a activistas. A menudo, se emplean mecanismos de justicia contra quienes reclaman derechos y, en el contexto de la pandemia, esta situación ha empeorado, puesto que muchos gobiernos han instrumentalizado el temor y la incertidumbre para silenciar a quienes exigen mayor rendición de cuentas. La experta en derechos humanos ilustró la gravedad del momentocon algunos datos: en Colombia han sido asesinadas 281 personas durante 2020 por defender los derechos fundamentales; en México 18, de los cuales siete eran periodistas; en Guatemala, entre julio y agosto,se contabilizaron ocho asesinatos a defensores ambientales, con implicación de autoridades locales y estatales. En otros países como Cuba o Venezuela se hostiga a periodistas, activistas e incluso a profesionales que denuncian la precariedad de los sistemas de salud. Además, la situación es especialmente trágica en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha desarticulado por completo el tejido social.
A la luz de estos hechos, Guevara instó al gobierno español y la UEa nofinanciar a lospaíses que no cumplan con los derechos humanos, apoyando en su lugar a entidades de la sociedad civil. Asimismo, subrayó la responsabilidad de las empresas provenientes del norte, yaque generan condiciones propicias a que se violenten los derechos de quienes defienden elmedio ambiente. Por todo ello, es preciso remover las condiciones previas a la COVID-19 e impulsar un mundo pospandemia que garantice la seguridad y la participación de los/as activistas y la sociedad civil en el espacio público.
Relatoría redactada por Fernando N. Saiz González, Fundación Carolina
