El Coronavirus cayó sobre el mundo con la fuerza de un meteorito. En menos de 3 meses se hizo presente con distinto grado de contagio en el 90% de los países del mundo. Abrió las puertas a la crisis más compleja y profunda en casi un siglo, comprometiendo la vida económica social y política del mundo, y poniendo en tela de juicio los avances conquistados en las relaciones internacionales. En tres meses, el virus llegó a 130 países.
Se podrían visualizar las respuestas de la política en 3 etapas. La primera la constituyó la respuesta sanitaria al desafío del contagio, con sistemas públicos no preparados, con carencias de personal sanitario, de instrumentos, de medicinas y de servicios hospitalarios.
Los gobiernos recurrieron con diferente rapidez al confinamiento de la sociedad, que con éxito habían puesto en práctica los países asiáticos. Donde se actuó con rapidez, la pandemia está cediendo, sin que nadie pueda asegurar renovados contagios.
Colaboraron en el éxito de la medida, por una parte, los servicios médicos y sus heroicos ayudantes y la dinámica respuesta de los científicos y sus laboratorios. Pero en forma destacada, la admirable aceptación, mayoritaria, de la sociedad.
En esa primera etapa, la firme decisión de los gobiernos de aplicar el confinamiento, acompañada de una buena política de diálogo y comunicación con la opinión publica, está dando resultados. Las excepciones han sido muy escasas.
Ha empezado la segunda etapa: el levantamiento del confinamiento. El efecto del encierro, con características especiales en cada caso, ha tenido un impacto muy fuerte en la estructura del mercado nacional e internacional.
En los mercados internos, se aumentó una crisis muy compleja por alimentar al mismo tiempo una crisis de demanda y de oferta.
Del lado de la demanda, el confinamiento de la población recortó fuertemente los mercados de consumo y en la misma línea se redujo la inversión y el comercio internacional. Grandes volúmenes de recursos financieros salieron de los mercados emergentes, como es el caso de América Latina. El Fondo Monetario Internacional estima que más de 100000 millones de dólares invertidos en los países emergentes regresaron a los mercados financieros internacionales.
Por el lado de la oferta, el cierre masivo de empresas y actividades económicas de gran impacto como la reducción de la inversión y en especial en el área de servicios como el turismo, la cultura, el deporte, etc. A nivel internacional, el Fondo Monetario estima que la producción mundial se verá recortada en 9 trillones de dólares en el año 2020, equivalente al Producto Bruto Interno sumado de Japón y Alemania. En América Latina, la caída del producto regional oscilará entre el 6 y el 9%.
En la búsqueda de salidas a la actual crisis, los Estados deben asumir grandes responsabilidades, tanto en la conducción económica interna, como en el funcionamiento de la economía internacional.
Sostener a las empresas viables y apoyar la catastrófica caída del empleo, serán sus grandes desafíos. El desempleo se nutre en el cierre de oportunidades de trabajo en sectores clave de las economías. En América Latina, el sector informal ocupa casi el 60% de la fuerza de trabajo. Un porcentaje muy significativo trabaja en la calle y vive de la calle. A eso se suman la caída de actividad en sectores de alto empleo como las anteriormente señaladas, a las que debe agregarse la caída de las remesas.
La respuesta del Gobierno se apoya en dos grandes pilares. El primero, la disponibilidad de financiamiento para hacer frente a su actual endeudamiento externo, a las nuevas demandas de las políticas de apoyo a las empresas en crisis, y a los programas sociales dramáticamente necesarios. Esto requiere movilizar la cooperación internacional del financiamiento internacional que hasta hora ha sido muy tímida. El Fondo Monetario ha sido sensible a este propósito, pero no le han aprobado el aumento de recursos para ampliar su colaboración, en especial con los países de renta media como son los latinoamericanos.
Se requiere junto con la cooperación internacional, movilizar fuertemente la red de organizaciones financieras regionales (BID, CAF, BCIE, CDB, FONPLATA, FLAR) que tienen los mejores canales de llegada a los problemas de los países. Sus recursos ya están siendo movilizados. Necesitan fortalecerse con aumentos sustanciales de sus capitales.
Pero la cooperación internacional y regional no es suficiente en las presentes circunstancias. Se requiere otro pilar, que son los grandes acuerdos entre el gobierno, el sector privado y el sector del trabajo, que permitan articular las políticas distribuyendo en forma equitativa los costos de los ajustes. Sin ellos los conflictos pueden minar el éxito de las políticas públicas que demanda la situación actual.
La tercera etapa en la evolución de la crisis la constituye la pérdida de vigencia de las reglas de funcionamiento de las relaciones políticas y económicas que imperan desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión, Naciones Unidas y Bretton Woods dieron origen al multilateralismo que rige las relaciones internacionales con reglas democráticamente aprobadas por todos los países. En forma especial debe preocuparnos el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, institución vital para un comercio justo y dinámico, que debe renovarse, pero seguir vigente. La pérdida de vigencia de una cooperación mundial, renovada pero vigente, es una de las condiciones fundamentales para superar la crisis generada por la pandemia.
También Iberoamérica, con vieja tradición de diálogo y cooperación con los acuerdos comerciales internacionales, debe participar en estos esfuerzos de diálogo y en la reconstrucción del multilateralismo en las relaciones internacionales.
Será necesario movilizar especialmente las energías de la cooperación iberoamericana que coordina la SEGIB y demás instituciones iberoamericanas.
La red de empresas españolas y portuguesas deben realizar una importante contribución a los países donde operan, sumándose a las políticas públicas y aportando nuevas inversiones para la ampliación de los mercados. España y Portugal deben ser grandes abogados en el diálogo de los países latinoamericanos con los organismos financieros internacionales y especialmente con la Unión Europea. Como han hecho en el pasado, España y Portugal debieran apoyar la aprobación del tratado Mercosur-Unión Europea, dando nacimiento al área comercial más grande del mundo en número de países que sirve a las dos regiones.
La superación de la crisis económica y social que se está gestando en el mundo no será fácil. Los Gobiernos deben jugar un papel central en sus soluciones. Ellos solo serán viables si logran concertar grandes acuerdos dentro de los países y entre países. La calidad de la política esta en juego, así como el sentido común y la visión a largo plazo de los interlocutores nacionales e internacionales.
