Conforme se expande la pandemia de Covid-19, los Gobiernos —y el de España no es una excepción— están adoptando medidas excepcionales con el fin de lograr lo que se ha denominado, gráficamente, “aplanar la curva” de contagio del virus. Esa expresión, verdadera consigna política, alude a la necesidad imperiosa de reducir el ritmo e intensidad de los contagios para que los sistemas sanitarios no se colapsen, a través de medidas como el cierre temporal de los centros educativos, la suspensión de la mayor parte de la actividad productiva, o el confinamiento de la población, todas ellas con un coste ingente para las economías, sociedades y familias.
En respuesta a la necesidad de proteger a sus ciudadanos, en estos días se legitima más que nunca el pacto hobbesiano de libertad a cambio de seguridad, sin que este retorno del Leviatán suponga una vindicación de fórmulas autoritarias. Por el contrario, esta crisis está demostrando que la resiliencia de una sociedad —es decir, su capacidad de encajar y sobreponerse a un shock— radica, sobre todo, en la fortaleza de sus instituciones y su tejido social y económico, en la legitimidad de sus autoridades y su sistema de Gobierno, en la responsabilidad individual y colectiva, y en un alto grado de confianza entre personas e instituciones, más que en el control directo por medios coercitivos. El comportamiento ejemplar de la sociedad española responde sobre todo a esas realidades.
Algunas de las medidas de excepción adoptadas en estas fechas por España y por otros países, como el cierre parcial de fronteras nacionales y las restricciones al transporte internacional, responden a la necesidad de reducir la interacción humana y, por tanto, la tasa de contagio. Se sitúan, pues, en la misma lógica que el confinamiento domiciliario o las limitaciones a la movilidad dentro de cada país. Pero pensar que un país puede por sí mismo mantener a raya una pandemia mediante esas restricciones es ilusorio y, además, peligroso, pues puede crear una falsa sensación de seguridad que inhiba la adopción en paralelo de otras medidas igualmente necesarias. En estas semanas se ha podido comprobar que la propagación de la pandemia no ha sido muy distinta en países que han cerrado fronteras respecto de aquéllos que sí lo han hecho, demostrando que son otras las acciones que producen los principales resultados tangibles.
El principal error de ese “nacionalismo epidemiológico”, reside en que desconoce el imperativo de la cooperación y el multilateralismo. La salud pública es, por definición, un “bien público”. Es decir, uno de esos bienes con externalidades positivas que benefician a todos, al margen de que hayan contribuido o no a sus costes. En el plano global, asegurar que se generen los bienes públicos internacionales —y se eviten “males públicos”, como la pandemia del Coronavirus— exige una cooperación internacional robusta que asegure que, actuando concertadamente, entre todos evitamos que haya “eslabones débiles” allí donde hay Estados con menos capacidad o recursos. De la misma forma que todas las personas se benefician del “entorno seguro” que supone la inmunización, que crea un entorno libre de riesgo de contagio, todos los países estaremos en riesgo o nos veremos afectados por un brote infeccioso que se produzca más allá de nuestras fronteras, por lo que sostener al país más afectado es un imperativo de supervivencia para todos. Hasta que todos estemos a salvo, nadie estará a salvo.
Así pues, la actual pandemia exige una acción colectiva en dos ámbitos: el sanitario, y el económico y social.
En el ámbito sanitario, desde el Gobierno de España hemos buscado en todo momento el amparo del conocimiento experto y de la orientación de políticas de la Organización Mundial de la Salud y otras instancias europeas y nacionales y, a la larga, estamos convencidos de que esta crisis habrá de resultar en una cooperación más intensa en los ámbitos científico y tecnológico, y en el de la educación superior.
En el ámbito social y económico también se requiere una respuesta coordinada, para preservar la actividad productiva y el empleo, y asegurar que nadie quede atrás y se vea privado de medios de subsistencia mientras dure la emergencia sanitaria, y aún después. Esas son las metas del importante paquete de medidas económicas adoptado por el Gobierno de España, sin precedentes históricos por sus dimensiones y alcance.
En la Unión Europea ya se ha dado “espacio fiscal” a los Gobiernos activando la “cláusula de escape” del Pacto de Estabilidad, lo que permite a los Estados miembros hacer frente a la emergencia sin ataduras de déficit o deuda pública. El Banco Central Europeo, por su parte, ha anunciado un masivo programa de emergencia de compra de activos que asegurará liquidez y financiación adicional. Falta ahora por definir mecanismos de mutualizacion de la deuda pública que va a generar el gasto necesario para enfrentar la pandemia y para mantener en hibernación la economía mientras dura la pandemia.
También se precisa la acción concertada de los miembros del G20, así como el respaldo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el FMI o los Bancos de Desarrollo. De esa actuación conjunta y coordinada dependerá que los países en desarrollo, y en particular los menos avanzados, cuenten con suficiente margen fiscal para reforzar sus sistemas de salud y poder encajar la crisis económica que, sin duda, será el corolario de la actual crisis sanitaria.
La ética del cuidado y el apoyo mutuo son aplicables, pues, tanto a las relaciones entre personas como entre países. Ese es quizás uno de los primeros y más importantes aprendizajes del Covid-19: de esta crisis sólo saldremos si permanecemos unidos y actuamos de manera coordinada y solidaria.
