Juan Luis Guerra, uno de los cantantes latinoamericanos de más prestigio, tituló en 1998 a uno de sus álbumes más vendidos: Ni es lo mismo ni es igual. Esta frase cobra fuerza en el actual contexto latinoamericano, donde “democracia” y “seguridad” emergen como conceptos que muestran, cada vez más, un estrecho vínculo.
Tal y como refleja el calendario de 2024, América Latina iniciará un nuevo ciclo electoral en algunos de sus países, siendo especialmente relevante la celebración de elecciones en El Salvador, debido a los altos niveles de aprobación del líder del Ejecutivo, Nayib Bukele, tanto dentro como fuera del país. La importancia de este hecho es que actualmente Bukele lidera el gobierno de la región con mayor impronta securitaria, basado en el control y la violación sistemática de derechos humanos[1], caracterizado por una deriva autoritaria y denominada por algunos expertos como “modelo Bukele” o “bukelismo”.
Lo paradójico de este hecho es que, actualmente, para la ciudadanía latinoamericana la noción de “democracia” parece estar vinculándose a la percepción y a la propia noción de “seguridad”. Y esto se afirma según datos de las principales encuestas de la región —como, por ejemplo, la última edición de Latinobarómetro 2023—, las cuales evidencian que el grado de satisfacción de los ciudadanos con la democracia, y la propia desafección con ella, guardan relación con el manejo que hacen los líderes políticos de la seguridad[2].
Esta hipótesis la refuerza el Informe sobre Desarrollo Humano 2023/2024: Salir del estancamiento: reimaginar la cooperación en un mundo polarizado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que insiste en lo que denomina la “paradoja de la democracia”, esto es, que mientras nueve de cada diez personas apoyan la democracia, al mismo tiempo una de cada dos apoya a líderes que pueden debilitarla. Según este mismo informe, la mayoría de la población en América Latina y el Caribe posee una noción positiva de la democracia y de los líderes que la socavan.
Los datos antes mencionados preocupan porque, si bien el Estado tiene como una de sus funciones principales garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, la actual percepción de los latinoamericanos se está orientando a combinar estos dos conceptos y a no distinguir que, por la deriva del segundo, pueden, en ocasiones, ser mutuamente excluyentes. También es relevante acotar que, por parte de los líderes, esta idea trasciende a la ideología, ya que las campañas electorales de varios países —como es el caso de Ecuador—, el eslogan de “mano dura” —que evoca al modelo Bukele— ha sido transversal a los discursos y debates de los distintos candidatos y candidatas.
Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023), en la actualidad América Latina y el Caribe concentra a ocho de los diez países con mayor tasa de homicidio de todo el mundo, siendo necesario que los países de la región apuesten por políticas de seguridad integrales que, ante todo, garanticen los derechos fundamentales de las personas. A esto se suma, en todo caso, una leve mejora de los datos sociodemográficos, según las estadísticas de CEPAL recogidas en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, con más de 180 millones de personas que no poseen los recursos para cubrir las necesidades básicas y 70 millones que no poseen ingresos para cubrir la canasta básica de alimentos. Como bien menciona este mismo informe, esto sitúa a la región en una “trampa estructural de bajo crecimiento caracterizada por altos niveles de pobreza y desigualdad”, esta última no solo económica, sino también en términos de brechas de género: existe una mayor tasa de participación laboral de los hombres (74,5% para 2022) frente a las mujeres (51,9), y estas últimas con una mayor tasa de desocupación (8,6% frente al 5,8% de los hombres).
Finalmente, al hacer referencia a la seguridad, es inevitable mencionar la relación causal que se ha fijado con la inmigración. En América Latina llama la atención que líderes de distinta orientación ideológica han incorporado dentro de sus discursos de campaña y gobierno a la migración, fijando una clara relación con la inseguridad de los países que lideran. Destacan especialmente algunos de los gobiernos autodenominados como de izquierdas o progresistas, que también incorporan en sus discursos y políticas esa relación perniciosa entre seguridad y migración, como es el caso de Chile, país que combina la acción del gobierno con la acción policial y el rechazo de un sector de la ciudadanía a ciertos colectivos y nacionalidades inmigrantes.
La seguridad seguirá siendo un tema prioritario en las agendas políticas latinoamericanas y, frente a la tentación que hoy representa para muchos ciudadanos de la región leer este concepto aparejado al propio concepto de democracia, es necesario tender puentes de investigación con América Latina y priorizar este tema como parte fundamental de la cooperación. Es necesario dar la debida atención a la difusa línea que hoy separa a la democracia de la seguridad y analizar de forma temprana en qué medida —de forma inconsciente o no—, la ciudadanía es capaz de renunciar a una por garantizar la otra. Y es que “ni es lo mismo, ni es igual”.
Artículo publicado originalmente en galego en el IGADI Annual Report 2024
[1] Tal y como señala Amnistía Internacional (2023), estas violaciones de derechos humanos se concretan en: detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, violaciones del debido proceso, desapariciones forzosas o la muerte de 132 personas bajo custodia del Estado. Información disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/04/el-salvador-state-emergency-systematic-human-rights-violations/.
[2] En el siguiente trabajo publicado por la Fundación Carolina se comprueba esta correlación: Sanahuja, J.A. y Mila-Maldonado, A. (2024): “La inseguridad ciudadana y los riesgos para la democracia en América Latina”, Análisis Carolina n.º 5/24.
