Realizaste la Maestría en Espacios Naturales Protegidos en las Universidades Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid, ¿Qué destacarías de esta etapa de tu vida?
Fue la mejor experiencia de mi vida. Tuve la oportunidad de conocer gran parte de España, estudiar en las mejores universidades y tener acceso a materiales, publicaciones y libros… intercambiar experiencias con otros amigos latinoamericanos y españoles y, además, dedicarme a escribir e investigar. Eso me permitió hacer una propuesta para la Unión Mundial de la Naturaleza-UICN y ese año obtuve el Premio Mundial de Derecho Ambiental que otorga la UICN y que luego me llevo a otros espacios y experiencias profesionales.
Esa experiencia me permitió, a mi retorno, empezar a trabajar como asesor en la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (asesor del primer ministro del Ambiente, Dr. Antonio Brack, un hombre sabio, increíble, de quien aprendí muchísimo), que se creó en 2008. Fue una gran oportunidad para aplicar lo aprendido y seguir creciendo profesionalmente. Sin duda, fue la mejor experiencia académica y profesional.
Como abogado por la Universidad de San Martín de Porres y como autor de varias publicaciones, has conducido procesos participativos y analíticos de biodiversidad, recursos naturales, minería e hidrocarburos, tierras y pueblos indígenas, ¿Cuál es tu posición ante la destrucción de los recursos naturales y las tierras de los pueblos indígenas? ¿Qué pasó años atrás con el impacto de Pluspetrol en los territorios indígenas de la Amazonia norperuana?
Es increíble la presión que tienen no solo los pueblos indígenas, sino también nuestra Amazonia, con una visión de extracción, que no se detiene. En los últimos tiempos hemos visto cómo el afán de producir y producir más llevó a la destrucción más acelerada de los últimos tiempos de la Amazonia. Yo nací en la Amazonia central de Perú y cada día veo cómo se pierde este patrimonio valioso, y cómo impacta esto sobre la vida misma, sobre la capacidad de proveernos de recursos y mantener la calidad de vida de la gente.
Las décadas de extracción de hidrocarburos en la Amazonia norte dejó un legado de destrucción y contaminación de ecosistemas y afectación de los pueblos indígenas, que aun hoy no se recupera y genera, con justa razón, el rechazo de ese lamentable pasado y cada vez más exigencias de revertir el daño aún no resueltas. Esa experiencia debió enseñarnos, pero creo que el caos hoy en día en la Amazonia sur, por la actividad de la minería ilegal de oro en Madre de Dios, demanda mayor atención y acción, no solo de las autoridades nacionales, sino también de compradores y usuarios de oro.
Has sido negociador del Perú en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. ¿Cuáles fueron los temas más difíciles de acordar en dicho Convenio?
Mi posición profesional en el gobierno en diversos momentos me ha llevado a responsabilizarme de negociar y aportar en procesos internacionales. Uno de ellos fue el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y en el último tiempo asumí la negociación por parte de Perú del último Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo del principio 10 de Río, o Acuerdo de Escazú, que trata temas fundamentales como el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, elementos básicos en una región tan convulsionada y con grandes diferencias, de manera particular en el uso de los recursos naturales. Sin duda, es un reto el proceso de implementar este último.
Regresando al CDB, creo que es un instrumento fundamental para países megadiversos como el Perú, que, si bien ha tenido un desarrollo importante jurídicamente, y de muchos años, lo complejo es ver su objetivo de conservar la diversidad biológica como todo un reto en el escenario de cambio climático y el cambio en los ecosistemas, como se ha evidenciado en el último análisis de la Plataforma Intergubernamental en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que, en resumen, señala que más de un millón de especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción y la mayoría podría desaparecer en las próximas décadas.
¿Cuáles son los principales aportes legislativos en América Latina y Caribe sobre el combate al cambio climático?
Creo que en nuestra región ha habido aportes fundamentales en materia jurídica climática, desde México que fue el primer país en contar con una Ley Marco de Cambio Climático, luego Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Colombia, entre otros. Esos países hoy cuentan con leyes específicas. En el caso peruano tuve la oportunidad de trabajar en esa norma, y es un proceso dinámico, que permite a cada país responder desde el ámbito jurídico a sus necesidades y realidades, y además con una visión integral del territorio, con acciones concretas y que, de aplicarse, puede ser un modelo para compartir. Esto está plasmado en una investigación que realicé en 2013 para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente denominada “Aportes legislativos en América Latina y el Caribe en materia climática”.
¿Se está haciendo en estos momentos en Perú una política responsable con el medio ambiente?
Creo que el compromiso peruano en materia ambiental no es homogéneo. Aún tenemos sectores que sienten que el tema ambiental es un tema superfluo y no fundamental para ser estratégicos, en un mundo más cambiante. Los últimos escenarios evidencian acciones aisladas, y el entorno político suma a no ser estratégicos con los recursos. Lamentablemente, el incremento de actividades ilícitas como la tala y la minería ilegales están generando una destrucción nunca antes vista en la Amazonia a un ritmo que no tiene precedente.
Sin embargo, veo que hay nuevos actores: la juventud y los ciudadanos cada vez son mas conscientes del impacto de nuestras actividades y quiero creer que es y será un tema importante en las propuestas de las diversas autoridades y un tema bajo el control social y ciudadano cada vez más y de manera más común.
A esto hay que sumar que cobra cada vez mayor importancia el papel de los encargados de hacer justicia (fiscalías especializadas en materia ambiental, jueces ambientales, procuradores ambientales) en la defensa de nuestro patrimonio común.
¿Cuál puede ser la aportación de América Latina y Caribe a la COP 25?
Creo que un aporte importante es que gran parte de los países cuenten con marcos jurídicos apropiados y adaptados al Acuerdo de París, a pesar de que también son muchos los países de la región que son bastante vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Un aporte en la práctica es empezar a aplicar y replicar las prácticas ancestrales de adaptación a los efectos del cambio climático, ya que el reciente Informe Anual de Brecha de Emisiones del PNUMA dice que, incluso si se implementaran todos los compromisos incondicionales actuales en virtud del Acuerdo de París, se espera que las temperaturas aumenten 3,2 °C, lo que provocará consecuencias climáticas más destructivas y de mayor alcance. Entonces debemos, sí o sí, emprender mayores acciones globales y asumir compromisos más ambiciosos en todos los países del mundo y también, indudablemente, generar y utilizar mecanismos de adaptación como lo han hecho durante décadas nuestros pueblos indígenas.
