¿Cómo describirías tu experiencia como estudiante en España, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y como becario de Fundación Carolina?
España me brindó la oportunidad de conocer personas con mucha experiencia en el estudio de los problemas que globalmente enfrentamos y activa en la elaboración de propuestas e ideas para superarlos. Además, desde el punto de vista social, el país en ese momento –2012– estaba atravesando una grave crisis que ponía en discusión el modelo social y económico. Ello me permitió entender un proceso que se ha reproducido históricamente –guardando las distancias– en los países de América Latina, y que no había logrado comprender hasta ese momento. Pero, más importante aún, fue presenciar cómo el país y la sociedad española le hacían frente a este contexto con iniciativas innovadoras, que apuntaban a la mayor democratización del sistema a través de la participación activa de la población en muchos de los aspectos de la convivencia diaria.
Mi experiencia en la UCM me aportó mucho en ese sentido. La Complutense es una universidad que ofrece un espacio muy diverso con muchísimas perspectivas y discusiones, que la convierten en un centro de aprendizaje vivo, cargado de dinámicas que permiten a sus estudiantes desarrollar sus habilidades para insertarse en el mundo laboral y académico. No obstante, el espacio cumple con una función fundamental en la vida del país; formar personas comprometidas e involucradas con el desarrollo económico y social de su entorno.
La beca de Fundación Carolina, surgió en un momento personal en el que sabía lo que quería hacer, pero no tenía las herramientas suficientes, desde el punto de vista técnico, para llevar a cabo el trabajo. La beca me dio la oportunidad de profundizar en el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, y afianzar mis conocimientos en esta materia para luego ponerlos en práctica en Costa Rica y la región.
Actualmente trabajas en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)… ¿En qué países trabaja el CEJIL? ¿Cuántos beneficiarios tiene? ¿Trabajan con otras organizaciones? ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones financiadoras de la CEJIL?
A principios de la década de los 90, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos empezaba a promoverse como un importante espacio para la defensa y promoción de los derechos humanos en un continente azotado por la desigualdad, la corrupción y la violencia. Por una parte, la Comisión Interamericana insistía a los Estados que, después de décadas de conflictos armados y dictaduras, debían garantizar los derechos más fundamentales para poder transitar a modelos democráticos. Mientras tanto, la Corte Interamericana se iniciaba con el desarrollo de su jurisprudencia en la materia, para garantizar la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en estos periodos.
CEJIL surge en este contexto en 1991, como una organización regional que lucha por la justicia, la libertad y una vida digna para quienes habitamos el continente americano, a través del uso estratégico del derecho internacional, del cumplimiento de los derechos humanos y de los órganos de protección del Sistema Interamericano y Sistema Universal.
Nuestro trabajo ha sido posible gracias a la alianza que hemos establecido con cerca de 380 organizaciones locales e internacionales. Ello nos ha permitido representar a más de 10.000 víctimas en distintos asuntos. Entre ellas, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, ambientalistas, periodistas y víctimas de graves violaciones.
Este trabajo se lleva a cabo gracias al apoyo brindado por organizaciones y Estados cooperantes del norte global, principalmente europeo. Entre ellos la cooperación danesa, Pan Para el Mundo, la Unión Europea, el principado de Liechtenstein, Open Society Foundation, Noruega y Diakonía, entre otros, así como donaciones y apoyos particulares.
¿Cuáles son los casos más emblemáticos sobre los que ha trabajado CEJIL? ¿Cuáles son los más importantes en los que has trabajado tú?
Cuando CEJIL inició su trabajo, la mayor parte de sus casos versaban sobre violaciones al derecho a la vida, la integridad física, al debido proceso o la libertad de expresión cometidas durante las dictaduras y conflictos armados en América. Así, por ejemplo, los casos como Barrios Altos y la masacre de la Cantuta en Perú, demostraron la responsabilidad del expresidente Alberto Fujimori en la creación de una fuerza paramilitar que cometió estas masacres. Dichas acciones fueron determinantes para su enjuiciamiento, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, y para derogar la Ley de Amnistía que no permitía llevar a la justicia a los responsables por graves violaciones de derechos humanos.
En Guatemala, hemos tenido la oportunidad de acompañar a las víctimas de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y organizaciones que luchan por romper con la impunidad. Por ejemplo, el caso Molina Theissen, relacionado con la desaparición forzada de Marco Antonio, un niño de 14 años, como represalia por la huida de su hermana de un centro de detención clandestino y por la actividad política de la familia en general. El caso representa un patrón de crímenes que se dieron entre los años 1979 y 1983 cometidos contra niños, utilizados para castigar a sus familiares considerados “enemigos internos” del gobierno.
También el caso de la Masacre de las Dos Erres, otro ejemplo de las barbaries cometidas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto en contra de población campesina e indígena considerada subversiva por los militares. En estos y otros casos, la Corte Interamericana ordenó eliminar obstáculos, como las leyes de amnistía, para investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, incluidos los altos jerarcas del Estado. Ello abonó a que en Guatemala se iniciaran con las investigaciones por los crímenes cometidos durante la época, llevando incluso al banquillo de los acusados al General Rios Montt por el caso del Genocidio Ixil.
He tenido la oportunidad de trabajar y vincularme en estos casos. Durante un tiempo fui responsable de los asuntos de El Salvador, lo que permitió trabajar muy de cerca en el caso de las Masacres de El Mozote, en particular en el proceso de implementación de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Las masacres de El Mozote son el asesinato masivo más grande documentado en América Latina, cometido en 1984 por militares salvadoreños.
En 1993, El Salvador aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que impedía la investigación de las atrocidades cometidas en el conflicto y perdonaba los crímenes. La sentencia de la Corte Interamericana del año 2012 señaló que esta ley era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y un obstáculo para investigar los hechos de la masacre y sancionar a sus responsables. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional salvadoreña, haciendo alusión a la sentencia de la Corte Interamericana declaró inconstitucional la Ley de Amnistía abriendo la posibilidad de reanudar los procesos por casos como las masacres de El Mozote.
A nivel internacional, desde CEJIL también representamos en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), a las víctimas y familiares de la masacre de los Jesuitas españoles y sus dos colaboradoras, investigación que fue abierta recientemente por el impacto que tuvo la anulación de la Ley de Amnistía.
Estos casos representan una parte de las grandes luchas lideradas por organizaciones sociales, colectivos de víctimas y movimientos sociales, que en los diferentes países buscan justicia, impulsan la democracia y la garantía de los derechos humanos.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando ahora en Nicaragua?
Nicaragua se encuentra enfrentando la mayor crisis política y social desde que finalizó la guerra en 1979. El pasado 18 de abril se cumplió un año desde el estallido de las manifestaciones, un año marcado por la fuerte represión del gobierno y las reivindicaciones sociales por la democracia.
Los datos de la represión y el horror son abundantes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis hasta la fecha ha tenido como consecuencia la muerte de 325 personas; más de 3,000 heridas; un número indeterminado de desaparecidas; 777 personas detenidas arbitrariamente y criminalizadas. Asimismo, se contabilizan más de 300 profesionales de la salud que han sido despedidos por brindar atención a las víctimas de la represión; 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios de comunicación se vieron forzados a exiliarse por la persecución; y alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han sido desplazadas forzosamente en búsqueda de refugio, principalmente hacia Costa Rica.
La gravedad de los hechos consecuencia de la acción de las fuerzas estatales y de grupos para-policiales afines al gobierno ha implicado que en Nicaragua se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, según el informe de Grupo Internacional de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI) establecido por acuerdo entre el gobierno de Nicaragua, la Comisión Interamericana y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pese a la presión internacional, el Estado se ha negado a cumplir con sus obligaciones. De hecho, en el marco de la represión las autoridades nicaragüenses expulsaron a los organismos de derechos humanos, entre estos la Comisión Interamericana y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Desde entonces, el incansable trabajo de organizaciones, víctimas y familiares resiste a los intentos del gobierno de acallar las voces disidentes y que denuncian la grave situación que atraviesa el país.
La salida a esta crisis sigue siendo incierta. Si bien hay un proceso latente de diálogo entre el gobierno actual y distintos representantes de la oposición, principalmente el empresariado, los estudiantes y otros sectores de la sociedad civil, el Estado se niega aceptar las condiciones básicas para avanzar; la liberación de todos los presos políticos y la convocatoria inmediata a elecciones bajo condiciones de igualdad que permitan la participación de todos los sectores.
Cabe señalar que, si bien la crisis se inició en 2018, desde hace años, el gobierno en colusión con empresarios y el partido liberal, emprendieron reformas que fueron, poco a poco, erosionando la democracia y el estado de derecho.
Mientras tanto, los nicaragüenses insisten en que haya justicia y democracia sin caudillos y están convencidos que para ello la acción no violenta es la vía. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrá que ceder frente a la presión internacional, pero sobre todo a la resistencia pacífica de un pueblo que en los años 80 soñó con una Nicaragua libre y sin hambre, y que se ha visto traicionado por las ansias de poder de la familia Ortega Murillo.
Pareces tener una clara tendencia a defender la participación de la sociedad civil en la vida política… ¿Es así? ¿Cómo crees que debe ser dicha participación?
Estoy convencido que las democracias más sólidas y justas dependen de la participación activa, propositiva, directa e inclusiva de las personas que las conforman. Desde mi experiencia en la región, he podido constatar cómo las políticas públicas que desarrollan los Estados para enfrentar problemáticas sociales como la pobreza, la seguridad, el empleo o la violencia contra las mujeres, entre otras, son más efectivas, sostenidas en el tiempo y justas, cuando se diseñan de la mano de aquellas personas u organizaciones de la sociedad civil que conocen los problemas y que se han especializado en cómo abordarlos.
La política representativa es fundamental para canalizar el sentir ciudadano y elegir a la clase política que la sociedad quiere para dirigir los asuntos públicos. No obstante, eso no debe excluir que la sociedad civil –incluyendo las personas que sufren las consecuencias de las políticas–, que es la que cuenta con un amplio conocimiento y especialización en las complejas problemáticas sociales, no pueda participar, ya que, de lo contrario, la posibilidad de fracaso es muy alta.
Conoces bien la realidad guatemalteca… ¿Cuál es la situación actual del país? Y en lo que se refiere a los Derechos Humanos, ¿qué supone la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país?
En Guatemala, a más de veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten varios de los motivos que generaron el conflicto interno armado. Entre ellos, la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil y altos niveles de corrupción. De igual forma, subsisten graves problemas estructurales relacionados con la desigualdad social, pobreza, exclusión y falta de acceso a la justicia, que se han constituido en verdaderos obstáculos para la garantía de los derechos humanos.
Ligado a ello, la problemática de la impunidad derivada de la falta de capacidad del Estado para garantizar un sistema de justicia adecuado y una justicia independiente e imparcial. En el país hay cerca de 6.000 homicidios por año y sólo el 2% de estos crímenes llegan a juicio.
Pese a ello, en los últimos años se han presentado avances en el combate contra la corrupción e impunidad gracias a instituciones como la CICIG y el propio Ministerio Público –o Fiscalía General-. La contribución de la CICIG ha sido significativa, tanto en su labor de investigación, como de apoyo en promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia en la administración de justicia.
El avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción que ha vinculado a altas autoridades del Estado con redes criminales y estructuras del crimen organizado, ha desatado amenazas y ataques contra jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos.
Precisamente, la CICIG y sus funcionarios, han sido también objeto de amenazas y ataques por parte de altos funcionarios del Estado, entre ellos el propio Presidente, la actual Canciller y el Ministro de Gobernación, al punto que en agosto de 2018 las instalaciones de la CICIG fueron rodeadas por unidades militares y cuerpos de seguridad altamente armados.
Cabe recordar que la CICIG ha presentado hallazgos de investigaciones conocidas como: La Línea, Plazas Fantasmas o Corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que dieron lugar a casos conocidos como Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud o Plazas fantasmas de la Junta Directiva del IGSS, asuntos relacionados con el robo de millones de dólares por parte de altos funcionarios y estructuras paralelas que funcionan al margen de la institucionalidad. El caso “La Línea”, el cual salió a la luz pública en 2015, envió a juicio en 2017 a 28 personas, incluido el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, acusados de liderar la red de defraudación aduanera.
Sin embargo, y a pesar de los avances, el país enfrenta un gran reto para sostener los esfuerzos y luchas que han fortalecido su institucionalidad. A raíz de la decisión del gobierno de Jimmy Morales, la CICIG tendrá que abandonar el país a finales de 2019. Ello, sumado a los recientes crímenes de alto perfil que han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada en el Estado, plantea una grave amenaza para el estado de derecho. Estas redes amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país arduamente ha logrado en los últimos años.
¿Cuáles son los casos más importantes en los que has trabajado en Guatemala?
El más reciente fue el caso Cuscúl Pivaral y otros, un caso relacionado con 49 personas con VIH quienes por décadas no han recibido una atención integral para enfrentar la infección, un virus que hoy en día se sabe puede ser tratado. La mayoría son personas de áreas rurales o urbanas marginales de Guatemala. Lamentablemente 15 de ellas no lograron ver la justicia pues fallecieron durante el proceso, precisamente por la falta de respuesta de Guatemala.
ONUSIDA estima que en Guatemala hay más de 42000 personas viviendo con el virus –número que aumenta anualmente– y sólo cerca del 36% recibe tratamiento antirretroviral, aunque de forma irregular, pues la población tiene que enfrentarse constantemente a problemas de desabastecimiento del sistema de salud el cual tiene sus causas estructurales en la corrupción, el monopolio de las patentes de los medicamentes y problemas de contratación administrativa.
En agosto de 2018, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica dando la razón a los pacientes y declarando la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida por las víctimas fallecidas y del derecho a la integridad y salud de las víctimas que pasaron graves sufrimientos debido a las secuelas físicas y psíquicas de la falta de atención.
Asimismo, la sentencia es histórica, pues además de otorgar reparaciones a las víctimas, ordena al Estado desarrollar una política pública encaminada a una reforma integral en el sistema de salud para garantizar el tratamiento y la atención a las personas con VIH, y abordar los problemas en torno a ella, incluido el acceso a medicamentos. Además, impacta en el resto de países latinoamericanos que enfrentan cuestiones similares, pues sienta las bases y obligaciones que tienen los Estados en materia de salud y atención a personas con VIH.
También conoces bien la realidad centroamericana. ¿Es una región con distintas realidades en los países o cada vez se van pareciendo más todos?
Somos una región muy diversa y distinta desde Guatemala hasta Panamá. Pero muy similar a la vez. Nos unen una serie de lazos culturales y procesos históricos y, sin duda, muchísimos problemas sociales que hemos arrastrado por décadas. Pero también nos unen esas incansables luchas por sociedades más justas y solidarias. Somos gente sencilla y valiente, con ganas de salir adelante.
¿Ha merecido la pena la práctica profesional de la abogacía como compromiso social para exigir el respeto de los Derechos Humanos en la sociedad?
El derecho es una herramienta muy poderosa para la transformación social. Yo creo en el uso del derecho desde una perspectiva crítica y como una forma de acción política, cuando se utiliza para impulsar cambios en las estructuras que sostienen la desigualdad, la corrupción y la impunidad y facilitan el espacio para las violaciones a los derechos humanos. Ese ha sido mi camino y ha valido mucho la pena, cuando los resultados de la justicia llegan.
