En Fundación Carolina, como sabes, estamos fuertemente comprometidos con la Agenda 2030. ¿Qué valoración haces de su implementación hasta ahora, en una coyuntura aún marcada por la pandemia de COVID-19?
Estábamos ya lejos de la implementación de la Agenda 2030 y desafortunadamente más lejos estamos tras la pandemia. La crisis del COVID-19 ha llevado a la pobreza a más de 97 millones de personas en el año 2020, una cifra sin precedentes históricos. La desigualdad, por ende, ha crecido también puesto que a ese incremento del número de pobres se suma un número creciente de personas con ingresos multimillonarios. Otros objetivos (ODS) no parecen estar mejor, por ejemplo, con el incremento de la inflación por la subida de los alimentos y de la energía.
La agenda 2030 es amplia y ambiciosa, y puede que llegue a crear frustraciones, incluso si su cumplimiento se adapta a las condiciones a nivel nacional. En estos años que quedan hasta 2030 y en el camino de la recuperación de la crisis del COVID-19, necesitamos trabajar en el “como”, es decir afinar la cooperación internacional y las prioridades, para crear una hoja de ruta que nos ayude a alcanzar al menos una implementación realista. El acceso a las vacunas, la sostenibilidad del apoyo financiero, pero también una mejor coordinación y alianzas para las grandes agendas globales, son elementos claves.
A medida que las restricciones relacionadas al COVID-19 desaparecen, la recuperación será distinta entre países, y estas diferencias estarán fuertemente marcadas por el acceso a vacunas. La comunidad internacional necesita trabajar más en este sentido, ya que actualmente la tasa de vacunación es del 58% de media en los países desarrollados comparada con una tasa inferior al 5% en países de renta baja.
A esto se suma las deficiencias en la financiación acentuadas por la crisis del COVID-19. Por una parte, la brecha de financiamiento de los ODS en países en países en desarrollo aparece más amplia que nunca. La OCDE estimaba que la brecha de los 2.5 billones de dólares previo a la crisis del COVID-19 aumentarían en torno a un 70% en el 2020. No solo hay un déficit en la financiación internacional, sino que esto se ve agravado además por las debilidades de los sistemas fiscales de los países en desarrollo, con altos niveles de deuda – acentuada por la disminución de préstamos concesionales frente a los prestamos dados a las condiciones de mercado.
En suma, necesitamos objetivos, pero sobre todo ahora necesitamos dotarnos con los medios para alcanzarlos. La crisis del COVID-19 nos ha dado la oportunidad de repensar la forma en la que hacemos cooperación y las reglas que guían la misma. Nos permite pensar en una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, así como en una ampliación y redistribución de la liquidez en desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, con los derechos especiales de giro. Nos permite re-priorizar, poniendo el enfoque desde la clave de exclusividad en la transformación digital y en una nueva ambición climática, entre otros. Tenemos que transformar estos objetivos en acciones con nuevas alianzas globales – ir a la practica en el SDG17.
¿Qué retos tenemos por delante para la implementación de esta agenda hasta el año 2030, en especial en el ámbito latinoamericano?
Ya mencioné arriba algunos de los retos para la implementación de la Agenda 2030, que pasan por el acceso a las vacunas, por nuevos paradigmas en la financiación internacionales, y por repensar ciertas reglas globales y redefinir la colaboración a nivel global, a partir de nuevas alianzas. En América Latina y el caribe estos retos están más presentes que nunca.
La implementación de la Agenda 2030 también se ha visto muy afectada por la crisis del COVID-19. Actualmente, según la CEPAL, la región cuenta con 209 millones de personas en situación de pobreza y 78 millones en situación de extrema pobreza (33,7% y 12,5% de la población total).
Ante la recuperación y en aras de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, la región se enfrenta a varios retos, el primero, un reto financiero. Es la región más endeudada del mundo (con una deuda externa total del gobierno central del 56% del PIB, CEPAL). Por otra parte, la capacidad de los gobiernos también se ha visto reducida por la crisis, frente a la disminución de los ingresos por impuestos – que cayeron un 9 % en términos absolutos en promedio-, se ha aumentado el gasto primario – que aumentó por encima del 10% del PIB. Aquí los retos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe son enormes en relación a la agenda internacional, desde cambios en la arquitectura internacional de la deuda, como en la provisión de la liquidez, con la asignación de los derechos especiales de giro, la gestión de los acreedores privados tan importantes para la región, o la incipiente discusión sobre la creación de una agencia multilateral de rating.
Las desigualdades por otra parte se han acentuado con la crisis del COVID-19, ya que su impacto ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. En este contexto, se hace aún más acuciante la necesidad de avanzar hacia sistemas de protección social universales, en una región. La falta de protección social es evidente, a pesar de los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger a los grupos más vulnerables durante la pandemia – cerca de 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis, como nos dice el informe LEO 2021. Por otra parte, la brecha digital va a continuar marcando estas desigualdades en un mundo cambiante – en la región hay 40 millones de hogares sin conexión a Internet.
El reto de la integración regional sigue siendo fundamental. El informe LEO 2021 nos apunta a una mayor integración productiva en sectores estratégicos para la recuperación, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. Y finalmente, el reto medioambiental. Para una recuperación verde e inclusiva América Latina tendrá que impulsar sectores y proyectos que sean sostenibles ambientalmente pero que también generen un número significativo de empleos de calidad – según la CEPAL una transición a las energías renovables puede reducir en un 30% sus emisiones de CO2 y crear cerca de 7 millones más de empleos en ALC.
Desde el Centro de Desarrollo de la OCDE habéis trabajado con ahínco en la noción de desarrollo en transición, que tiene un aterrizaje significativo en América Latina. ¿Por qué consideras que es una noción propicia para el contexto de recuperación pos-pandemia en América Latina?
En el Centro de Desarrollo hemos venido trabajando en Desarrollo en Transición (DiT, por sus siglas en inglés) de la mano de la EU y la CEPAL, en lo que se refiere a LAC –. DiT surgió en respuesta a la demanda de muchos países miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE, no solo en América Latina, para reflexionar sobre cómo adaptar la cooperación a una realidad socio-económica y de crecientes interrelaciones entre países.
La noción de DiT, es una noción que sigue siendo propicia, porque ya venía poniendo en evidencia, antes de la crisis del COVID-19, ciertos defectos del sistema de cooperación internacional, que hemos visto acentuados por la crisis. Defectos que tienen que ver con la falta de capacidad de reacción, de flexibilidad y adaptación para enfrentarse a un problema de magnitud global, como es en este caso el COVID-19.
Pero, sobre todo, DiT ya planteaba la necesidad de mirar al “desarrollo” desde una perspectiva multidimensional, de pensar en el desarrollo como un proceso continuo y del que se puede retroceder. Esto sigue más vigente que nunca. América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Por otra parte, las soluciones para la recuperación no son otras que soluciones integradas y multidimensionales.
Una mejor cooperación, más adecuada a las realidades actuales, y a nuevas nociones de desarrollo sigue siendo más necesaria que nunca. Desarrollo en Transición ayudo a tomar mejor conciencia de los retos de la región, como “trampas”, que son de difícil superación sin apoyo internacional. También puso énfasis en la necesidad de una mejor cooperación para la superación de esos retos. DiT llamaba a una cooperación facilitadora (informe LEO 2019): entre iguales, con más herramientas, y mejor enfocada en los problemas o planes-estrategias de desarrollo nacionales. Llamaba también a buscar mejores indicadores más allá de indicadores de progreso económico, para entender mejor la situación de un país y aplicarlo a sus políticas públicas.
La noción de DiT sigue siendo entonces propicia para la recuperación tras la crisis del COVID-19. Muchos de esos desafíos se han exacerbado y además esa cooperación internacional se ha mostrado más en deficiencia que nunca. La región seguir reflexionando junto a sus socios como mejorar esta cooperación en un mundo crecientemente interconectado y con objetivos de equidad y sostenibilidad: ¿qué indicadores nos permiten medir mejor el desarrollo? ¿Cómo aplicarlos a la cooperación internacional? ¿Cómo deben cambiar las reglas globales del sistema de cooperación para fomentar el desarrollo a nivel nacional, asegurando la coherencia de políticas –por ejemplo, en lo que concierne la deuda? ¿Qué tipo de soluciones integrales son necesarias? ¿Y se puede mejorar el apoyo a las agendas regionales de desarrollo? Aquí un gran ejemplo es el Plan de Autosuficiencia sanitaria de la CEPAL, ¿cuáles son las alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro?
Has trabajado en los últimos tiempos en materia de partenariados o alianzas, y has asistido al seminario “Relanzar las relaciones UE-América Latina” que ha organizado la Fundación Carolina con el auspicio de la Fundación ICO. para abordar, entre otras cuestiones, esta cuestión. ¿Qué potencial en materia de alianzas entiendes que existe para la asociación birregional?
El seminario de la FC fue muy completo y puso sobre la mesa cantidad de buenas ideas para afrontar una nueva relación EU-ALC. Existe mucho potencial en esta asociación birregional en el contexto de la recuperación de la crisis del COVID-19. Y más aún si se cree que esta crisis se puede tomar como una oportunidad para cambiar los modelos existentes de desarrollo, poniendo la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro de los esfuerzos.
Por una parte, a nivel internacional, en un mundo crecientemente interconectado como hemos podido ver durante la crisis, son muchos los retos que ambas regiones, EU y ALC van a tener que enfrentar, y en los que pueden ir de la mano. ¿Qué mejor socio para EU, que la región ALC a la hora de enfrentar por ejemplo la agenda de transformación digital? ¿O para delinear una recuperación ecológica que potencie nuevas industrias con impacto ambiental positivo?
La pandemia ha ofrecido una oportunidad al sector de la economía digital, sin embargo, se constatan brechas digitales importantes entre países, entre territorios, ciudades, y regiones urbanas y rurales en ALC. Hay un gran potencial en la colaboración birregional en todo lo relacionado con el incremento de la conectividad, la generación de capacidades digitales –sobre todo en el caso de las Pymes, en la creación de alianzas que apoyen los esfuerzos hacia la creación de un mercado digital regional, apoyando la agenda e-LAC (CELAC); pero también a la hora de trabajar juntos en la creación de marcos normativos e institucionales en relación a la transparencia en el manejo de datos.
En el caso del medio ambiente, la EU puede encontrar en ALC un aliado en la arena internacional. En la reunión de líderes EU/ALC de diciembre de 2021 se subrayó “que la lucha contra el cambio climático y la perdida de la biodiversidad deberían ser prioridades de primer orden para ambas regiones”, indicando además que la UE fortalecería su cooperación en apoyo de la adaptación climática. Esto es muy importante para que un avance en materia medioambiental no desestabilice las economías primarias de la región – por ejemplo, a través de impactos fiscales sociales negativos.
Por otra parte, a nivel nacional, la clave para esta cooperación interregional es basarse en romper las “trampas de desarrollo” de la región, los desafíos estructurales que presenta ALC y han sido exacerbados con la crisis del COVID-19. El descontento creciente en la región previo a la pandemia ya ponía de manifiesto la necesidad de repensar los modelos de desarrollo de los países de la región. La recuperación debe enfocarse en responder a este descontento inicial, con soluciones más centradas en las personas, en la reducción de las desigualdades y el bienestar.
Como he mencionado en el LEO 2021, las nuevas alianzas entre EU y LAC pueden facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Promoviendo, entre otros la expansión de la protección social y de los servicios públicos, en particular en relación a la salud, la progresividad fiscal, acelerando la formalización de las economías, promoviendo estrategias de producción a nivel regional. Estas agendas son además compartidas entre ambas las regiones.
Aunque los contratos sociales tengan un ámbito fundamentalmente nacional, la capacidad de acción a nivel doméstico está cada vez más reducida debido a la creciente interrelación a nivel global. La cooperación internacional tiene por tanto mucho que hacer a la hora de mitigar causas que fomenten desigualdades crecientes, por ejemplo, es el caso del acuerdo pionero en materia fiscal para la era digital. En el LEO 2021 se plantean algunas consideraciones para construir estas nuevas alianzas (mission driven partnerships), aplicables también al caso EU-LAC: la necesidad de tomar enfoques multidimensionales, que pongan el bienestar y los ciudadanos en el centro de su acción, que precisamente tengan más en cuenta estas interconexiones entre agendas nacionales e internacionales – asegurando la coherencia de políticas, que propongan acciones con herramientas y actores multiples (whole of government), o que promuevan un uso balanceado de apoyos – que incluya financiación, reglas globales y estándares y cooperación técnica y dialogo político-.
Respecto al reto y debate en torno a las nuevas métricas que también has abordado en tu contribución al seminario, ¿cómo resumirías los avances que se han llevado a cabo en los últimos años?
Durante el seminario tuve la oportunidad de presentar un trabajo reciente que hemos elaborado en la OCDE, entre el Centro de Desarrollo y el Centro para el Bienestar, la Inclusión, la Sustentabilidad y la Igualdad de Oportunidades (WISE, por sus siglas en inglés), en asociación con la CEPAL y con la UE. Este trabajo, que forma parte de la Facilidad de Desarrollo en Transición, se recoge en el informe “¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas”.
El objetivo de este trabajo ha sido precisamente adaptar el marco de bienestar elaborado y aplicado en los países OCDE a 11 países de ALC con el objetivo de mirar más allá de lo que nos permite el PIB para poder tomar mejores de decisiones en relación a las políticas públicas. Si no medimos lo que queremos alcanzar, no haremos lo adecuado. En este espíritu el informe insta además a la necesidad de integrar mejor este marco en la formulación e implementación de las políticas públicas.
La realidad de la región nos indica que aunque los países ALC han avanzado mucho en la incorporación de enfoques multidimensionales – sobre todo en el contexto de la Agenda 2030- , y al igual que ocurre en otras regiones en el mundo- son necesarios vínculos más fuertes entre, por una parte, los objetivos multidimensionales recogidos en los marcos jurídicos y los planes nacionales de desarrollo y, por otra, su aplicación real, incluso a través de la asignación presupuestaria, la formulación de políticas y la focalización, evitando además ciclos electorales. En realidad, aunque los Planes Nacionales de Desarrollo ALC adoptan cada vez más una visión multidimensional, los objetivos económicos siguen siendo ampliamente dominantes en las 11 dimensiones del Marco de Bienestar de la OCDE.
Desde el conocido informe de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi en el 2009, que creo el momento para el desarrollo de nuevas métricas para medir el bienestar y el progreso muchas iniciativas y esfuerzos se han puesto en marcha a nivel nacional e internacional. Un gran ejemplo es “presupuesto de bienestar” de Nueva Zelanda.
Pero desafortunadamente el resultado no ha sido el esperado. El PIB sigue siendo la pieza clave a la hora de determinar no solo las políticas públicas a nivel nacional, pero también muchos de los apoyos a nivel internacional, desde las formas más tradicionales como la AOD, como otros apoyos provenientes del Banco Mundial u otras instituciones financieras multilaterales. Esta es una de las principales premisas de Desarrollo en Transición, cambiemos las métricas para cambiar la forma en la que cooperamos. Construyamos una visión compartida de las prioridades en materia de políticas públicas, y utilicemos un marco común para identificar las fortalezas y debilidades de los países independientemente de su nivel de PIB, para puedan mejorar tanto las políticas nacionales como la cooperación internacional a través de nuevas alianzas internacionales más efectivas que apuntalen a la sostenibilidad del bienestar de las personas.
