Iberoamérica y el Caribe ocupan un lugar privilegiado en la política exterior de España fruto de las estrechas relaciones derivadas de la historia, la cultura, los movimientos migratorios, los lazos sociales y económicos. Sin embargo, esta afinidad que hace de América Latina y el Caribe no solo la región más próxima a nosotros, sino también la más compatible por la defensa de valores comunes, no está exenta de retos y desafíos.
La fragilidad de la democracia es un fenómeno global, que afecta a todas las regiones, pero que tiene un impacto especial en América Latina y el Caribe.
Una de las líneas constantes y prioritarias de nuestra política exterior hacia Iberoamérica es la defensa de sistemas democráticos y gobiernos plenamente respaldados por las urnas, el respeto a los derechos humanos, con una especial atención a los derechos de las mujeres y la diversidad, la búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas y, en definitiva, el fomento de una región estable.
Estamos convencidos de que la fortaleza y la calidad de la gobernanza democrática son condiciones imprescindibles para la eficacia y credibilidad de las políticas y reformas ligadas a la actual coyuntura de recuperación pospandemia. Así pues, planteamos la necesidad de impulsar la adopción de un nuevo contrato social que aborde la desigualdad y la exclusión para “no dejar a nadie atrás”, y que permita avanzar en la defensa de la democracia frente al autoritarismo.
Las reformas y el crecimiento económico han de estar orientados a reducir la brecha de la desigualdad, uno de los principales “males” estructurales que asolan la región, y que se ha visto exacerbado por el impacto de la pandemia.
Y es que, como consecuencia de la crisis sanitaria, América Latina y el Caribe está acusando retrocesos equivalentes a diez años en el Producto Interior Bruto per cápita regional, a quince años en términos de niveles de pobreza, y a cerca de treinta años en términos de pobreza extrema. Por lo tanto, debemos hacer frente a lacras como la desigualdad, la informalidad y la desprotección social, que van a verse agravadas por el impacto económico de la agresión de Rusia a Ucrania.
Apoyamos firmemente las transformaciones estructurales en las economías de los países iberoamericanos, de la mano de una estrecha colaboración entre el sector público y el privado, de gobiernos y empresas, imprescindible si queremos que el crecimiento y desarrollo de nuestras economías sea inclusivo y sostenible.
Si no conseguimos atajar la desigualdad mediante reformas estructurales, y ofrecer estímulos o incentivos para que la sociedad civil siga creyendo en la democracia como forma de gobierno, la desafección democrática aumentará.
Ante estos desafíos que se entrelazan, la hoja de ruta del espacio iberoamericano no debería alejarse de la consecución de la triple transición socioeconómica, digital y ecológica, estrechamente ligada a la recuperación del tejido social y económico, construyendo una transición que ha de ser sostenible, inclusiva, duradera y orientada al interés público.
Sin embargo, la condición de América Latina y el Caribe como región de renta media supone un obstáculo para que sus países puedan acceder a mecanismos de financiación internacional adaptados a sus necesidades para avanzar hacia esta triple transición, y alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Para superar esta situación, es el momento de acompañar y generar consensos en el seno de los foros internacionales, de modo que América Latina y el Caribe pueda avanzar sin hipotecar su desarrollo futuro y las perspectivas de crecimiento de las generaciones venideras.
La región es escenario de una creciente competencia geopolítica. En este contexto, no es posible dar por sentada la afinidad estratégica, sino que la Unión Europea, y España en particular, debemos redoblar esfuerzos por mantener la estrecha vinculación y fortalecer la relación birregional.
En este sentido, tenemos en el futuro más cercano un muy nutrido calendario iberoamericano. La Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023, y que representa un ámbito único de diálogo, de concertación y cooperación, regido por el principio de consenso, y que es seña de identidad del espacio iberoamericano.
Y en el segundo semestre del 2023, el Gobierno de España tendrá la responsabilidad de encabezar la Presidencia del Consejo de la Unión Europa a la que queremos darle un fuerte cariz latinoamericano, acercando ambas orillas del Atlántico.
Y, por último, el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, previsto también para marzo de 2023, que se ha consolidado como un excelente foro de reflexión acerca de la situación y los retos de nuestra lengua.
Estamos en un momento clave en el que debemos trabajar conjuntamente, poniendo en valor lo que nos complementa por el bienestar de nuestras sociedades.
