¿Cómo resumirías los avances de América Latina en igualdad de género?
A escala mundial, el informe del panorama de género de ONU-Mujeres sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) advierte que aún falta mucho para alcanzar la igualdad de género[1]. Si todo sigue igual, en América Latina y el Caribe solamente un cuarto (el 24,6%) de los ODS se lograrían, menos de la mitad (el 48,4%) estarían en la tendencia correcta, pero insuficiente para alcanzar la meta, y cerca de la tercera parte (el 27%) está en retroceso, según el Sexto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 2023 publicado por CEPAL[2].
El desafío global y de la región para el avance de la igualdad es estructural, pero hay que reconocer, que al igual que otras regiones del mundo, en América Latina se ha avanzado significativamente en las últimas décadas.
Es cada vez más comprensible para la población y las autoridades a qué nos referimos cuando decimos que las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan grandes desigualdades en lo social, lo económico, lo educativo, lo laboral, en la política o en el deporte. La igualdad de género ya no es un término que sólo entienden las expertas en la materia, ni un debate que concierne sólo a las mujeres, sino un debate público, ya que se cuestionan cada vez más las prácticas violentas y machistas de instituciones y gran parte de la ciudadanía.
En términos históricos, estamos en condiciones mucho mejores de avance de los derechos humanos de las mujeres que nuestras abuelas y madres, y todas las generaciones anteriores, pero nuestra generación aún enfrenta discriminaciones múltiples. Hemos posicionado este problema en el debate público como generación, por eso desde ONU-Mujeres promovemos el concepto de avanzar la igualdad de género y los ODS como parte de la Generación Igualdad.
Sin embargo, este avance del debate público, la actualización de marcos normativos arcaicos o discriminadores, o la modernización de la gobernanza de género, lleva a que haya personas y grupos que crean o quieran posicionar el hecho de que ya hemos logrado la igualdad de género y cuestionan la necesidad de seguir avanzando en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Ese es el llamado backlash o los grupos de presión para el retroceso de los derechos humanos.
El backlash se manifiesta como una resistencia al cambio y al cumplimiento del derecho constitucional a la igualdad de la mitad de la población que no lo ha podido ejercer históricamente, es decir, las mujeres. Y afecta de forma exacerbada a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes o refugiadas, o con discapacidad y en situación de pobreza.
Pero, más allá del avance de los marcos jurídicos e institucionales, la concientización y el debate ciudadano, todavía estamos muy lejos del logro de la igualdad de género en los hechos. Esto es porque el punto de partida era tremendamente atrasado y los niveles de violencia contra las mujeres, que aún no llegan a medirse en su integralidad, son aún inhumanos, y en un gran número de casos siguen impunes.
Los datos de la CEPAL nos indican que hay al menos 12 muertes violentas de mujeres al día por razón de género en la región, y hay otras estimaciones, a la vez, que sugieren que el número aproximado de feminicidios en México es de entre 11 y 12 mujeres al día. Queda un camino por recorrer para medir mejor la violencia de género y poder diseñar respuestas más eficaces. Cada feminicidio es una muerte evitable, con lo que los altos números de feminicidios nos alertan sobre la necesidad de fortalecer el ecosistema de prevención y respuesta a la violencia en todo su ciclo.
Hay algunos avances en este sentido. En la región 13 países ya han aprobado leyes integrales que amplían la comprensión y el rango de acción frente a la violencia contra las mujeres y niñas, y 17 países han tipificado el delito de femicidio, feminicidio o muerte de una mujer por razón de género. A la vez, la crisis social y económica provocada por la pandemia ha significado un retroceso importante para la autonomía económica de las mujeres de América Latina y el Caribe. La pandemia desencadenó notorias caídas de la ocupación y la participación laboral en general, pero los impactos fueron sentidos en mayor proporción por las mujeres, las jóvenes, las trabajadoras del sector de servicios y las que trabajaban en la informalidad con ingresos bajos y sin acceso a la protección social.
La crisis puso en evidencia el aumento de los cuidados bajo responsabilidad de las mujeres en general, y en particular de las mujeres de los hogares más pobres. Desde entonces los gobiernos de la región acordaron avanzar en la implementación de sistemas integrales de cuidados en el “Consenso de Buenos Aires” adoptado por los Estados miembros de la CEPAL en noviembre de 2022, en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Recordemos, que, entre los hogares más pobres, están sobrerrepresentados los hogares liderados por mujeres solas que tienen a cargo menores y mayores en muchos casos, y que no tienen la posibilidad de redistribuir los cuidados en el hogar, sino que dependen de soluciones públicas o comunitarias.
Otra dimensión importante para entender qué está pasando en la región es analizar la participación de las mujeres en la consolidación de la democracia, la gobernanza de género y la participación de las mujeres en las instituciones y espacios de toma de decisiones. En el ámbito político hay avances, pero aún son lejanos a la paridad. Sólo hay un 35,8% de mujeres parlamentarias en la región según los datos de CEPAL de 2023, y tomará más de 40 años alcanzar la paridad en los parlamentos.
En el plano regional hay solamente un 28,7% de mujeres en los gabinetes ministeriales y un 30,4% en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas. A nivel local, tan sólo un 15,4% de alcaldes son mujeres, y según los datos de ONU-Mujeres de 2022, un 25,5% de los escaños son ocupados por mujeres en los gobiernos locales de la región.
A pesar de las diferentes dificultades que, en muchos, casos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas, celebramos el avance de 18 países de América Latina y el Caribe que ya cuentan con normativas de cuota o paridad, y de los 13 países que han generado normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres en política.
Esta semana, en el marco del 78º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, se está haciendo la evaluación de medio término de los ODS; estamos en el punto de inflexión para tratar de alcanzar —y acelerar— la Agenda 2030. Seguimos a distancia los discursos presidenciales; pero quizás de forma menos visible también participan muchas organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas acompañando este espacio y formando parte de los debates en torno a la Generación Igualdad y la necesidad de responder como comunidad internacional a las crisis de cuidados, democráticas, ambientales y del cambio climático, así como a la crisis migratoria.
Uno de los trabajos más recientes publicados por la Fundación Carolina se titula: La triple transición. Visiones cruzadas desde Latinoamérica y la Unión Europea. En su introducción se señala la importancia de la interseccionalidad al momento de abordar la triple transición. Particularmente en lo que se refiere a género, ¿cómo se puede avanzar hacia transiciones justas?
La igualdad de género sólo puede lograrse con base en un enfoque interseccional; entendido como un enfoque que parte por reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo. Por lo tanto, hay que incorporar el efecto multiplicador de la desigualdad y las discriminaciones que cruzan el género con otras dimensiones como el ingreso o la clase social, la raza o etnia, la ubicación geográfica, el origen, el acceso a educación, la condición de discapacidad, la condición de movilidad, entre otras.
Cuando pensamos en las transiciones justas desde este enfoque, lo primero que debemos cuestionarnos es qué dirección y forma tiene esa transición y quiénes participan, para garantizar que la misma sea justa. Las preguntas a plantear son, por ejemplo: ¿cómo una iniciativa de inclusión digital o inversión en infraestructura digital integra a esos colectivos en su diseño, y cómo contribuye a reducir una u otra brecha de género en el sector o el territorio? O, ¿cómo los trabajos que se generan en las inversiones para las energías renovables son trabajos decentes e integran las comunidades de esos territorios, o incorporan —con el desarrollo de competencias necesarias— a más mujeres para su inserción en sectores tradicionalmente masculinizados?
Esto implica, por una parte, garantizar la participación de las organizaciones de mujeres en toda su diversidad en los espacios de decisión y debate de las cuestiones vinculadas con la triple transición y, por otra, el reconocimiento de sus capacidades y saberes para brindar soluciones y contribuir con el desarrollo sostenible. Adicionalmente, para avanzar hacia transiciones justas, resulta importante no olvidarnos de la dimensión social de la transición.
La triple transición, si sólo considera la dimensión social y no la pone al centro de las transiciones digital y energética, corre el riesgo de reproducir las desigualdades existentes. La plataforma europea de Global Gateway, que promueve las inversiones de la UE en el mundo en desarrollo, debería de promover para el caso de América Latina el sector de cuidados como un sector más, en el que se jugará parte de la transición social y que puede ser generadora de empleos y reducir desigualdades.
Específicamente en la transición digital: ¿cómo se puede asegurar la igualdad de género de las mujeres y las niñas en la era digital? ¿Se podría hablar de nuevas formas de discriminación digital? ¿Crees que es necesario impulsar la educación de las jóvenes en áreas STEM?
Según los datos del último informe que elaboramos entre la CEPAL, UNESCO y ONU-Mujeres en 2023[3], en América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres graduadas de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM, o STEM por sus siglas en inglés) en general no alcanza el 40% en la mayoría de los países. Una gran proporción de mujeres aún no aprovecha los beneficios de la digitalización; es por eso por lo que alertamos que corremos el riesgo de que las mujeres queden excluidas de buena parte de los trabajos del futuro (que es el corto plazo), o de aquellas cadenas de valor intensivas en tecnología en cualquiera de los sectores productivos.
En la región, la participación de las mujeres es aún menor en los estudios de tecnologías, de la información y las comunicaciones (TIC): en Brasil solo el 15% de las graduadas en TIC son mujeres; en Chile, el 13%; Costa Rica, el 20%; y en Uruguay, sólo el 18%. En otros países, la proporción es mayor, pero en ningún caso supera el 50% según los datos de la CEPAL, UNESCO y ONU-Mujeres.
Es fundamental reducir la brecha digital, asegurar acceso a conexión y datos para quienes están en situación de pobreza, así como en zonas remotas, centrarse en la educación de las nuevas generaciones, propiciando entornos de aprendizaje digital sensibles al género y, a la vez, contar con espacios digitales seguros para que mujeres, niñas y adolescentes puedan aprovechar los beneficios de la digitalización en igualdad de condiciones.
Desarrollar competencias para trabajos decentes a futuro, y crear ecosistemas de innovación más inclusivos, requiere de políticas productivas y de empleo con perspectiva de género. La transición digital tiene un gran potencial tanto para disminuir las brechas de género como para ampliar las ya existentes. Esto dependerá de la gobernanza que la comunidad internacional y cada país instale para el manejo de los datos en masa, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y el uso de las redes sociales.
La transición digital no es sólo invertir en infraestructura, sino promover la digitalización con un enfoque de género desde la educación, la codificación y el diseño, hasta la toma de decisiones y el avance de liderazgos en estas áreas.
Parte de tu trabajo como directora regional a.i. para América Latina ONU-Mujeres ha sido visibilizar la importancia de avanzar hacia una sociedad de cuidados. De igual forma, en el marco del curso de verano realizado con la UIMP señalaste que el 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares. Teniendo esto como contexto: ¿cuáles consideras que son las claves para avanzar en América Latina y el Caribe hacia una sociedad de cuidados?
No hay ninguna duda que avanzar hacia sistemas integrales de cuidados será un motor para reducir las desigualdades, creará empleos e ingresos, contribuirá a una mayor autonomía de las mujeres, a una mejor calidad de vida de todas las personas a lo largo de su vida. Implica un trabajo de institucionalización, de voluntad política y de financiamiento. Actualmente, más de 12 países de América Latina y el Caribe diseñan e implementan Sistemas Integrales de Cuidados, con el apoyo técnico de ONU-Mujeres[4].
Pero lo más importante es que los Estados de la región, acordaron el Compromiso de Buenos Aires en noviembre de 2022 mencionado antes. Esta es una hoja de ruta para que todos los países puedan revertir la distribución desigual del trabajo de cuidados, mejorar la calidad e integralidad de los servicios de cuidados para avanzar hacia sistemas de cuidados más eficientes y de cobertura universal a mediano plazo. El concepto acordado de ir más allá de la economía del cuidado a una sociedad de los cuidados implica una visión de todo el ecosistema social y ambiental, así como la necesidad de profesionalizar el sector, desarrollarlo, dotar de gobernanzas adecuadas a los sistemas y políticas de cuidados, y darle valor social al trabajo de cuidados, que se reconoce como un derecho y como un trabajo.
Hemos desarrollado estudios de costeos y retorno de las inversiones en cuidados, y llamamos a los Estados y toda la sociedad a desarrollar políticas productivas que promuevan el sector de los cuidados, como un nuevo sector productivo. Porque el trabajo reproductivo, es decir, de cuidados, conforma una cadena de valor en la que se puede fortalecer todo el sector de pymes, cooperativas y los cuidados comunitarios, y complementarse con la inversión en infraestructura de cuidados. Esta cadena de valor es, además, una cadena en la que aún impera el trabajo informal, y donde la mayoría de esas trabajadoras, son mujeres migrantes, indígenas, rurales o afrodescendientes.
Los días 17 y 18 de julio se celebró la Cumbre UE-CELAC de jefes/as de Estado y de Gobierno en Bruselas luego de ocho años sin reuniones de este tipo: ¿qué resultados destacarías de la Cumbre UE-CELAC en cuanto a avances sobre igualdad de género?
Reanudar el diálogo y la cooperación entre ambas regiones es un paso importante en el contexto internacional actual. Son dos regiones, que tienen una agenda común de defensa del multilateralismo, la paz, la democracia, la igualdad de género y los derechos humanos. Jefas y Jefes de Estado se comprometieron en el párrafo 9 de la declaración final de la Cumbre a:
“combatir las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia de género, y a promover los principios y derechos laborales fundamentales y las normas y Convenios laborales esenciales de la OIT relativos al trabajo digno para todas las personas, la igualdad de género, la representación y la participación plenas y equitativas de todas las mujeres y las niñas en los procesos de toma de decisiones, los derechos de los pueblos indígenas según se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos del niño, los derechos de los defensores de los derechos humanos y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y de los afrodescendientes”.
Este diálogo político del más alto nivel propició la dinamización de las relaciones entre las dos regiones, y podría traducirse en una profundización de la cooperación birregional reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas de ambas regiones y el compromiso para el avance del desarrollo sostenible y el multilateralismo.
En 2023 hemos avanzado la idea de que, en esta nueva etapa de las relaciones UE-LAC, debemos instalar un Pacto birregional de cuidados, con el objetivo de impulsar la cooperación en materia de políticas públicas y sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género que garanticen el derecho al cuidado de quienes lo requieren, al autocuidado, y a brindar cuidados de calidad, impulsando nuevas acciones de cooperación.
Celebramos que la Declaración de la sociedad civil de América Latina, Caribe y UE, tras el Foro UE-LAC, pusiera como prioridad la igualdad de género y la sociedad del cuidado. Se retomó la propuesta de un pacto birregional por los cuidados basado en la Estrategia Europea de Cuidados y el Compromiso de Buenos Aires sobre la sociedad del cuidado, y un Pacto birregional para la erradicación de cualquier forma de violencia basada en género, según los marcos establecidos por la Convención de Estambul y Belém do Pará. Ambas regiones cuentan con sólidos instrumentos regionales de avanzada en dichas dimensiones, y ambas regiones han jugado un rol central en el acuerdo de los ODS y en gran parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Celebramos también el apoyo de varias parlamentarias de la UE y de América Latina al Pacto birregional de cuidados durante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), que tuvo lugar en Madrid a finales de julio. Firmaron un compromiso por el avance de la igualdad de género en el que instan “a fortalecer la cooperación birregional para asegurar el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado en condiciones de igualdad y calidad y, por lo tanto, avanzar en la consolidación y financiamiento de sistemas integrales de cuidados en todos los países latinoamericanos, caribeños y europeos”, tal como se expresa en la Estrategia Europea de Cuidados adoptada en Septiembre de 2022 por la UE y en el Compromiso de Buenos Aires.
Desde ONU–Mujeres estamos apoyando a las organizaciones feministas y de mujeres, así como a los gobiernos e instituciones subnacionales y regionales, en el avance de la agenda birregional, colocando la igualdad de género, los cuidados, la interseccionalidad, el desarrollo en transición y la cooperación circular en el centro de las alianzas y la cooperación para una transición justa. Y finalmente recordemos que, en este contexto, es vital reposicionar la agenda de mujeres, paz y seguridad como una agenda que permite construir diálogos, paz y consenso social en una época en que el aumento de la violencia y las crisis migratorias requieren de nuevos abordajes y respuestas coordinadas tanto en el territorio, a escala local, como de mayor cooperación regional y birregional.
[1] ONU Mujeres (2022) : El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2022: https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2022/10/el-progreso-en-el-cumplimiento-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-panorama-de-genero-2022
[2] CEPAL (2023): América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración. Síntesis (LC/FDS.6/4/Rev.1), Santiago: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/4407b374-b3e3-48ab-a732-d2ac2ee7e17c/content
[3] CEPAL (2023): La igualdad de género y la autonomía de las mujeres y las niñas en la era digital: aportes de la educación y la transformación digital en América Latina y el Caribe (LC/MDM.64/DDR/1/Rev.1), Santiago: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/s2300100_es.pdf
[4] Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se encuentran en el proceso de diseño o implementación de Sistemas Integrales de Cuidados con el apoyo y asistencia técnica de ONU-Mujeres.
