¿Qué valoración haces del resultado del Plebiscito de Salida y del proceso constituyente en su conjunto?
Hay cosas positivas del proceso. Primero, hemos mostrado la solidez institucional que tiene Chile, el servicio electoral funcionó muy bien, con la eficiencia que ha tenido siempre, y no hubo cuestionamiento del funcionamiento y del resultado. Creo que habla de la solidez de las instituciones y creo que la amplia participación también es una cosa positiva. Es bueno que las decisiones cuenten con el respaldo de los votos y es una lección de la primera vez que tenemos una elección con voto obligatorio. Desde que se instauró el voto voluntario en el 2012, es la primera vez en la historia que tenemos voto obligatorio con inscripción automática, que es un sistema nuevo. El sistema político, en general, lo ha valorado positivamente, porque es una expresión mucho más real de la voluntad de la mayoría de las personas electoras de Chile.
El resultado no es lo que yo hubiera querido. Yo era partidaria del apruebo. El triunfo del apruebo hubiera garantizado un punto de partida del cambio político mucho más consistente con el estallido social, con el descontento que se había expresado en el pasado, y con los problemas que ha tenido Chile, producto de la herencia de la Dictadura y de la rigidez institucional. Hubiera sido mucho mejor punto de partida para empezar a cambiar ese sistema. Hoy día volvemos al inicio, a antes del Acuerdo del 15 de noviembre y estamos, de nuevo, con las reglas del juego que generaron la crisis en primer lugar. El triunfo del rechazo en el corto plazo parece una opción moderada, pero creo que, en el mediano plazo, si no se resuelve satisfactoriamente la oferta de realizar un nuevo Proceso constituyente democrático, es posible que se prolongue la crisis de legitimidad de las instituciones.
En cuanto al voto obligatorio, ¿crees que ha tenido algún efecto en el resultado?
El voto obligatorio movilizó a un sector desafecto de la política, a un sector menos informado y que, en general, mostró rechazo a la propuesta constitucional. La mayor parte del voto nuevo, es decir, del voto menos politizado, se fue al rechazo. Es una señal importante para la centroizquierda, sobre todo. Si se llega a discutir en el futuro el voto obligatorio, tiene que ampliar la ciudadanía a la que dirigir su mensaje político, mucho más allá de los grupos que ha movilizado hasta ahora. Tiene que abordar sectores de la ciudadanía, que, como no votan, no son destinatarios ni de las campañas, ni de los discursos políticos. En ese sentido, el voto obligatorio fuerza al sistema político a buscar mucha más sintonía con esa amplia base ciudadana que no se involucra en la política.
La teoría general dice que el voto obligatorio moviliza sectores de nivel socioeconómico más bajo y de menor educación, que son los que menos votan y que votan solo cuando es obligatorio. También indica que estos sectores, generalmente, debieran tender a favorecer a la izquierda y las políticas más retributivas, pero el hecho de que esto sea un plebiscito hace que sea un poco distinto a una elección de representantes. No es lo mismo el voto obligatorio para elegir representantes que el voto obligatorio para aprobar o rechazar, y hubo bastante confusión en lo que significaba.
La gente que aprobó el texto, de alguna forma, aprobó la actuación de la Convención Constitucional. En cambio, el voto de rechazo desestimó, en parte el texto, pero, sobre todo, el comportamiento de la Convención y algunos temores que no necesariamente se deducen de lo que está realmente en el texto. Se trata de un voto que, en general, quiere una nueva Constitución, pero no ésta. Pero el rechazo no garantiza que haya una nueva propuesta constitucional que le guste más a la gente. Se trata de un problema que tienen los plebiscitos, ya que son decisiones binarias, sí o no, y tienden a prestarse para la polarización, para votos de castigo. Por eso creo que, junto con generar mecanismos participativos, lo importante es fortalecer la democracia representativa.
La propuesta del texto constitucional es muy novedosa dentro del constitucionalismo internacional, incluye la ciudadanía digital, los derechos de los ciudadanos, es vanguardista en cuanto a género, incluyendo el sistema general de cuidados que está en la agenda feminista, propone también incorporar el cambio climático, los derechos de la naturaleza y los animales, proteger el agua como derecho humano… si hubiera sido aprobada, se habría convertido en la primera Constitución del mundo que reconociera la crisis climática y señala al gobierno como responsable de las medidas de mitigación. ¿Cómo crees que ha acogido la población chilena esta dimensión verde de la propuesta constitucional? ¿Crees que ha tenido algo que ver en su no aprobación?
Es posible alguna resistencia a la propuesta, porque la actuación de los convencionales que iban con la agenda ambiental de la Comisión de Medioambiente, en general, fue una actuación poco dialogante, y aparecían como muy extremos. La Comisión de Medioambiente, en una sesión, gritó traidores a personas que no quisieron aprobar las normas que habían propuesto. Parecieron un grupo muy exaltado, pero las normas que se aprobaron por los dos tercios son normas compatibles con el desarrollo económico, con la industria minera, con la agricultura, o con el desarrollo forestal, que son fuentes de recursos importantes para el país.
Es posible que haya habido algo de temor de que la protección del medioambiente chocara con el desarrollo económico, pero eso no fue una agenda central del rechazo. En general, la gente en Chile tiene mucho más apoyo a las medidas ambientales que temor al efecto que puedan tener. Los sectores que estaban más alerta con el tema ambiental son más bien las élites, los inversionistas que podían pensar que les podría afectar en las inversiones de industrias extractivas, pero para la ciudadanía en general, el tema ambiental es el más transversal políticamente, y salió muy prioritario en los encuentros locales autoconvocados que organizó Bachelet. Es un tema que ya estaba presente en el año 2016, cuando se empezó a discutir el cambio constitucional.
Así que no creo que la cuestión ambiental haya jugado a favor del rechazo, al contrario, creo que genera adhesión, pero no la suficiente como para mitigar el miedo al cambio, que fue finalmente lo que primó en el triunfo del rechazo.
Además, con la primacía tan desmesurada de lo privado sobre lo público en Chile, con los derechos de los inversionistas, o los derechos de las empresas sobre consideraciones de bien común que hemos tenido en el sistema jurídico y constitucional, se ha generado, lo que llamamos en Chile “zonas de sacrificio”. Son zonas con alto nivel de contaminación con condiciones inhumanas de vida, y también zonas donde el uso del agua es especulativo. El agua es un bien que está consagrado en la Constitución de Chile: el único país del mundo en el que la titularidad del derecho al agua se plasma como propiedad privada.
Ello ha dado origen a situaciones donde, por ejemplo, en la zona de La Ligua, en Petorca, donde se cultivan paltas, hay campos y hasta cerros hasta arriba de paltas, pero las personas tienen que beber agua de camiones. Las personas no tienen agua para bañarse. Por todo ello, hay una necesidad de intervención en el uso del agua, particularmente a raíz de la sequía.
No es una agenda que vaya a morir, pero parece increíble que personas que viven en esa situación hayan votado, mayoritariamente, por el rechazo, porque en las zonas de sacrificio también ganó el rechazo. Hoy día, se están haciendo reportajes, la gente está preguntando qué pasó, cómo es posible que gente que no tiene agua para beber, haya votado el rechazo a esta Constitución que es tan robusta en ese ámbito. Eran personas que tenían miedo de que se vieran afectados temas como el rodeo o sus formas tradicionales campesinas.
En este sentido, ni las mujeres votaron masivamente por el apruebo, ni la población indígena votó masivamente porque el texto incluyera derechos indígenas, ni las zonas de sacrificio votaron masivamente por la protección ambiental. Primó esta visión general de que la Constitución generaba incertidumbre, y por ello primó el temor al cambio.
¿El resultado de este plebiscito supone el comienzo de un nuevo ciclo político? Si es así, ¿hacia dónde van a dirigirse las conversaciones?
Si pensamos en ciclos políticos en Chile, empezamos un nuevo ciclo político hace varios años con el fin de la política de dos grandes coaliciones, del sistema electoral binominal y con la fragmentación del sistema de partidos. Se expresó en la elección del 2017, cuando emergió el Frente Amplio con mucha más fuerza y entraron algunos partidos por la derecha, como un partido que se llamaba Amplitud, y que luego desapareció, así como otros partidos. No es solo en la izquierda donde surgieron partidos nuevos que desafiaban a los partidos tradicionales. Surgieron nuevos partidos que desafían tanto a los partidos de izquierda como de derecha. También tiene que ver con la desafección y la desconfianza en la política y en los partidos, pero la verdad es que ese ciclo que se inició se ve un poco frenado con el triunfo del rechazo, porque repone una agenda mucho más cupular.
Hoy día el Proceso constituyente vuelve al Congreso con las reglas de la Constitución del 80, pero con la modificación de los cuórums, de dos tercios a cuatro séptimos. Pese a ello, con una presencia mayoritaria de la derecha volvemos al status quo anterior, que prolonga la crisis política. No hay una salida a las condiciones estructurales que generaron el estallido social. Se mantiene el sistema político intacto.
¿Cuál es el futuro del proceso constituyente? ¿Qué horizontes vislumbras para este proceso?
Soy más bien pesimista. Creo que si hay cambio va a ser uno modesto. No se va a acabar Chile, ni mucho menos, vamos a seguir igual. El problema es que no se puede negar lo que ha pasado en estos últimos tres años: un estallido social donde 400 personas perdieron la vista por perdigones de la policía o en el que hubo enfrentamientos con más de 30 muertos. Hubo un costo humano para empujar cambios sociales, que al final, se han visto frustrados por el miedo al cambio y por una reacción conservadora.
El contexto actual de mayor inseguridad es importante: nunca habíamos tenido inflación en Chile de este nivel, de pérdida de empleo, de aumento de la delincuencia y de una crisis en el Sur que también resulta fundamental. El tema de la plurinacionalidad jugó mucho a favor del rechazo, porque la gente lo asocia a pequeños grupos violentos en el Sur que reivindican la causa mapuche y están en contra del Estado de Chile. Incendian camiones, queman casas, matan a personas inocentes y dicen que lo hacen por la causa mapuche, pero, evidentemente, no tiene nada que ver con la mayoría de lo que el pueblo mapuche es, ni con la necesidad de reconocer a los pueblos originarios. Pero la gente lo asocia y eso contribuye a que toda la presencia indígena en la Constitución, hoy día, no tenga un respaldo mayoritario. El tema indígena es uno de los puntos que más se argumentan para rechazar. Es muy incierto el futuro y está en manos de la derecha. Depende de lo que la derecha esté dispuesta a ceder, porque es la que ha salido fortalecida con el triunfo del rechazo.
