América Latina se encuentra en una situación de crisis e incertidumbre general. ¿Qué diagnóstico se puede hacer de la actual agenda de desarrollo y democracia en la región?
Como ha señalado Naciones Unidas, existen problemas sociales y económicos recurrentes en América Latina, que se incrementaron con la pandemia y que el regreso a cierta normalidad no ha logrado solventar, en un contexto de crecimiento de la economía mundial que no ha producido el dinamismo esperado en la región:
- La persistencia de la pobreza y su fuerte incidencia en las mujeres, menores, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y personas con discapacidad
- Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio: “Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL. América Latina es la región más desigual del mundo y no se han producido los cambios estructurales necesarios para acabar con ésta. Las desigualdades abarcan también la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras. Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la cultura del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los beneficios del crecimiento, a las estructuras de poder y al capital productivo;
- A pesar de los avances, persisten las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos;
- La falta de trabajo y la incertidumbre e informalidad del mercado laboral que hace que el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores se haya debilitado. En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad;
- Un acceso parcial y desigual a la protección social: la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social sigue muy limitada y en ocasiones tiene un fuerte componente clientelar;
- En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance, especialmente en un contexto de desconfianza institucional;
- Necesidad de fortalecer las capacidades estatales a través de la reforma fiscal que permita ejercer al Estado sus atribuciones.
Existen otros problemas que más recientemente están condicionando el desarrollo:
- El creciente peso de la violencia, la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, incluso en países que no habían tenido este problema con anterioridad;
- La persistencia de desastres naturales y las repercusiones del cambio climático que están generando serios problemas en algunos países;
- La transición demográfica, el descenso de la fecundidad y el incremento de las personas mayores que obligaran a profundos cambios en las políticas públicas;
- Los fuertes flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política;
- Los cambios tecnológicos que están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.
Los datos del Latinobarómetro 2023, muestran altos niveles de desafección democrática por parte de los/as ciudadanos/as latinoamericanos/as ¿qué examen haces de esta situación?
Como muestra el mismo Informe del Latinobarómetro en el año 2023 solo el 48% de los latinoamericanos apoyan la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales respecto al 63% que lo hacía en el 2010. Una parte de la explicación tiene que ver con la incapacidad del modelo productivo y de desarrollo para superar las desigualdades y las brechas entre amplios sectores de la población. Con la frustración de expectativas que sufrieron las nuevas clases medias emergentes en la región, con la persistencia de la pobreza que afecta especialmente a algunos territorios, a las mujeres, a las poblaciones originarias y afrodescendientes, la ciudadanía responsabiliza a las administraciones públicas de estas carencias y del mantenimiento de las desigualdades. Frente a este contexto socioeconómico, las crisis políticas, las quiebras presidenciales, las condenas por corrupción, la ruptura de las normas constitucionales frente a la reelección, la debilidad y/o falta de autonomía del poder judicial, las carencias del Estado de Derecho, especialmente en lo referente a la defensa y protección de los derechos humanos y de las poblaciones más vulnerables, la crisis de los partidos políticos y de los sistemas de partidos,… todos ellas son cuestiones que afectan negativamente la confianza de las y los ciudadanos en las soluciones políticas de los gobiernos de la región.
¿Qué impacto crees que está teniendo la agenda securitaria en los procesos electorales de América Latina en este 2024?
La preocupación en torno a la seguridad es recurrente en la región; ésta tiene una tasa de homicidios tres veces superior al promedio mundial (18 vs. 5,6 por 100,000 habitantes según UNODC en 2023). La misma fuente señala que el 50% de los homicidios totales en las Américas están asociados al crimen organizado (en comparación con el 24% a nivel mundial). De igual manera, el BID (2023) muestra que el 30% de los hogares han sido víctimas de un delito en el último año y el 51% de la población informa no sentirse segura (en comparación con el 20% a nivel mundial). Estos datos nos indican que el tema de la seguridad ciudadana está en la agenda pública y también en la agenda política y mediática. Aunque, por supuesto, no se manifiesta de la misma forma en todos los países. En este 2024, tenemos elecciones presidenciales en seis países (El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela) y elecciones locales en otros tres (Costa Rica Brasil y Chile). Hasta el momento, se han celebrado elecciones en El Salvador (febrero), Panamá y República Dominicana (mayo) y muy recientemente, en México (junio). En todos ellos, el problema securitario ha sido relevante, especialmente en El Salvador. Las políticas de mano dura o tolerancia cero que permiten tomar medidas extraordinarias como la captura y el encarcelamiento sin juicio, se vuelven ordinarias y se propagan como relatos legítimos; la legitimación del ejército como actor fundamental para desarrollar estas medidas; la criminalización del espacio público donde la ciudadanía está secuestrada y no puede expresar su acuerdo o desacuerdo con los gobernantes; el desarrollo de un populismo punitivo que aprovecha la poca confianza de los ciudadanos en la efectividad del aparato judicial y debilita los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía, que vulnera las reglas del juego amparándose en la percepción de inseguridad de los ciudadanos, incrementando su miedo. En suma, lo que se percibe es una profunda debilidad estatal frente al crimen organizado. Aquéllos gobernantes que son capaces de trasladar seguridad y certidumbre tienen más oportunidades de alcanzar buenos resultados electorales.
En los últimos años han resultado electos varios líderes que socavan la democracia y que refuerzan las políticas de mano dura, ¿crees que existe alguna relación entre estas elecciones y las percepciones de los ciudadanos sobre la democracia?
Hoy casi nadie duda de que existe un progresivo debilitamiento de la democracia en la región. Quizás una parte de la explicación está en el comportamiento de sus líderes. Como señalan Levitsky y Ziblat en el libro Como mueren las democracias de 2018: “Una causa del debilitamiento de la democracia es el comportamiento cada vez más autoritario de presidentes elegidos democráticamente. Los líderes electos pueden erosionar gradualmente los procesos para aumentar su poder. Eso lo vemos claramente en casos como Bolivia o Venezuela, donde Morales, Chávez y Maduro acumularon poder copando la Corte Suprema y la Corte Electoral con aliados, entre muchas medidas que llevaron a un desgaste de las normas democráticas. Eso pone a los partidos de oposición en una situación muy difícil: o aceptan participar en un sistema semi-autoritario, con reglas de juego desiguales, o redoblan la apuesta usando métodos inconstitucionales para volver al poder. Ninguna de las dos opciones es buena para el fortalecimiento de la democracia” (2018).
Por otra parte, los procesos electorales que se han producido hasta el momento han significado un cambio importante respecto a elecciones presidenciales anteriores. Salvo en el caso de Panamá, en los otros 3 países se ha ratificado el liderazgo (ya sea personal como en El Salvador y República Dominicana o de partido/proyecto como en el caso de MORENA en México). Parece finalizar así un ciclo electoral iniciado en 2018, que castigaba significativamente al oficialismo y que permitía “tumbar la mesa completa”. Parece mostrarse así una cierta “despreocupación” respecto al tipo de régimen político (un 28% en el 2023 según el Latinobarómetro). Si a este dato le sumamos que un 17% entiende que puede ser preferible un gobierno autoritario frente a uno democrático en determinadas circunstancias, parece claro que se ha establecido una nueva agenda política, donde nuevos y viejos problemas como el de la seguridad permean las elecciones. Para terminar, quiero rescatar la importancia que tiene la construcción de nuevas narrativas en torno a los problemas públicos. Estos liderazgos han logrado definir el problema (sus contornos y sus límites) y, de igual manera, han conseguido definir las posibles soluciones, aunque éstas sean autoritarias.
Preguntas formuladas por Fernando Ortuño, estudiante de RRII y Filosofía en la UCM y colaborador del área de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina
