El mundo se enfrenta a una crisis global de dimensiones desconocidas hasta ahora. El FMI pronostica la mayor recesión económica y social desde la Gran Depresión del 29. La pandemia ha alterado el orden económico y social, y provocará un impacto sin precedentes en la economía global, golpeando más duramente a los más vulnerables. Las mujeres nunca han salido ganando en los tiempos difíciles, crisis, guerras, hambrunas, y muy al contrario, siempre han llevado la peor parte.
Si bien desde un punto de vista médico hay evidencia científica de que las mujeres muestran más resiliencia ante el virus que los hombres (con porcentajes de morbilidad y mortalidad de 60%-80% más altos en los hombres), la pandemia va a tener efectos más virulentos en las mujeres, como grupo especialmente vulnerable. Las mujeres están liderando la respuesta sanitaria representando casi el 70% de la fuerza laboral sanitaria con una mayor exposición al riesgo de contagio; cargan con el mayor peso de las tareas domésticas, con un trabajo no remunerado; afrontan un alto riesgo de desempleo y pérdida de ingresos y están expuestas al riesgo aun mayor de sufrir violencia doméstica, explotación, acoso y abusos durante el tiempo de crisis y cuarentena.
Esta vulnerabilidad se ve exacerbada en los países en desarrollo, donde las infraestructuras sanitarias son insuficientes o muy deficientes y las mujeres deben asumir una responsabilidad desproporcionada como personal sanitario no remunerado. La detracción de recursos limita el acceso de las mujeres a la atención sanitaria básica, con graves consecuencias en las situaciones de embarazo y parto. Las mujeres ocupan la mayor parte del trabajo informal (más del 60% en África Subsahariana, Sudeste asiático y América Latina, especialmente comunidades indígenas en zonas rurales) y en la “jerarquía de la pobreza” del trabajo informal (CSD/OCDE), las mujeres ocupan el escalafón más bajo. Las mujeres migrantes son un grupo especialmente vulnerable, al perder durante el confinamiento sus ingresos, lo que es fundamental para el mantenimiento de sus familias en sus países de origen. Finalmente, se prevé un incremento de las prácticas sociales discriminatorias contra la mujer, fuertemente enraizadas en los países y comunidades más pobres.
El COVID19 supone igualmente una gran amenaza para alcanzar los ODS de la Agenda2030, en especial el ODS5, poniendo en riesgo muchos de los logros alcanzados desde 2015 en materia de igualdad y empoderamiento de la mujer. Las consecuencias económicas de la crisis van a exacerbar las desigualdades y la discriminación ya existentes contra mujeres y niñas y en especial de las más marginadas y en situación de extrema pobreza, al tiempo que va a frenar políticas transformadoras y reformas ya en marcha, por el desvío de recursos hacia otras necesidades en detrimento de las mujeres. De acuerdo a un reciente informe de la OCDE “Las mujeres en el centro de la lucha contra la crisis el COVID-19”, ya antes de la crisis se estimaba que más de 2000 millones de mujeres y niñas viven en países que no podrán alcanzar los objetivos de desarrollo en 2030. Con la ralentización del progreso en las circunstancias actuales, tanto los países desarrollados como los menos avanzados necesitarán de mucho más tiempo para alcanzar los objetivos de igualdad de género.
En este contexto, se hacen más que nunca necesarias acciones globales, políticas públicas y programas que aseguren que ninguna mujer y niña se quede atrás. En este año 2020, en que se celebra el 75 aniversario de NNUU y el 25 de la Conferencia de Beijing, tanto los Estados como los Organismo Multilaterales deben garantizar que las respuestas a la crisis tanto a nivel nacional como internacional se van a centrar en la reconstrucción de sociedades más igualitarias e inclusivas.
España, desde la cooperación al Desarrollo, tiene mucho que aportar en la gestión global de esta crisis, tanto por sus capacidades y experiencia, muy valorada en el entorno internacional, como por su posicionamiento pionero y de liderazgo en la defensa de los derechos de la mujer. España asume así este compromiso desde un doble plano interno e internacional.
En el plano interno, hemos adoptado importantes medidas en relación a la violencia de género y la protección de las mujeres, por medio del refuerzo del marco legislativo y en concreto a través de herramientas específicas como el Plan de Contingencia contra la violencia de género en tiempos del COVID19. Desde el MAUEC se está trabajando en una estrategia de igualdad de género para el sector exterior, en la que se reiteran y refuerzan las acciones de la Cooperación española en materia de igualdad y protección de las mujeres y niñas Por su parte el Grupo Socialista en el Senado ha propuesto crear una Ponencia en la Cámara Alta para estudiar el impacto de género del COVID 19 en la cooperación al desarrollo española. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene ya avanzada la Estrategia de respuesta de la Cooperación Española a la crisis del COVID19, que va a representar la respuesta conjunta de la sociedad española, Administraciones públicas y sociedad civil organizada a este reto sin precedentes. Se prevé a través de una triple respuesta humanitaria, multilateral y bilateral la movilización de recursos y adaptación de programas y proyectos ya aprobados, para destinarlos a la protección y resiliencia de las poblaciones más vulnerables.
Ante esta grave crisis, nunca antes la acción multilateral se había hecho más necesaria y por ello damos la bienvenida y nos hacemos eco del informe que el pasado 9 de abril publicó el SGNU Guterres sobre el impacto del COVID en las mujeres. Al mismo tiempo estamos trabajando en el impulso, en colaboración con nuestros socios “like minded” de una Resolución ante la AGNU sobre “Las mujeres y la lucha contra el COVID19”, con el apoyo técnico de ONU-Mujeres. Pero para que las acciones que pongamos en marcha, incidan de manera eficaz en los derechos de las mujeres, debemos garantizar una serie de medidas imprescindibles: la participación igualitaria de las mujeres en todo el proceso de planificación y toma de decisiones en la respuesta al COVID; los planes de reconstrucción económica deberán contemplar específicamente el trabajo asistencial no remunerado con paquetes de estímulo en beneficio de las mujeres; asegurar el acceso igualitario a la atención sanitaria básica y avanzar en la eliminación de las normas sociales discriminatorias; reforzar los programas de prevención y lucha contra la violencia de género y finalmente incluir el enfoque de género en todas las acciones de ayuda humanitaria.
En definitiva, en un contexto crítico como el que vivimos, la Cooperación Española se posiciona como agente global para alcanzar estos cambios, con el enfoque de género como eje transversal que ha de inspirar todas nuestras actuaciones.
