Puede parecer todavía demasiado pronto para empezar a preocuparse acerca de la presencia de la educación superior en los planes de recuperación cuando millones de estudiantes siguen sin poder volver a las aulas. Pero la situación creada por la pandemia empieza a tener características muy distintas en las diferentes regiones del mundo. Mientras que en las universidades europeas se recupera, poco a poco, el pulso de la presencialidad, en las norteamericanas los campus empiezan a exigir certificados de vacunación y, finalmente, en América Latina y el Caribe sigue predominando la educación remota sin que sea posible predecir todavía una fecha cercana de retorno masivo a las aulas. Inevitablemente, el ritmo de la vacunación será determinante en la vuelta a la normalidad del sector.
La disparidad en los ritmos de vacunación se refleja también en la rapidez con la que los gobiernos se apresuran a diseñar planes de recuperación y, por supuesto, en el papel que asignan en ellos a la educación superior. Un análisis somero indica, para empezar, que no todos los gobiernos optan por las mismas soluciones. Aunque la mayoría de ellos han hecho lo posible para apoyar al sistema de educación superior para garantizar la continuidad pedagógica durante el azote de la pandemia, la forma en que diseñan las estrategias de salida obedece también a opciones políticas distintas. De forma semejante a como ocurre con los planes de ayuda económica, en el sentido de que pueden ir destinados a las empresas o a los trabajadores, o a ambos, en el caso de la educación superior emergen con claridad tres distintas estrategias.
La primera, ejemplificada en el caso de las recientes iniciativas del presidente Biden en Estados Unidos, centra sus esfuerzos en apoyar a los estudiantes directamente, en particular a los más vulnerables, ya sea por causa de la deuda crediticia o porque la pandemia les ha afectado en mayor medida que a los restantes. La segunda estrategia es más frecuente en aquellos países donde la financiación de sus respectivos sistemas de educación superior depende, en buena medida, del flujo de estudiantes internacionales. El impacto económico que la pandemia ha tenido en las instituciones de educación superior de países como Australia, Inglaterra o Nueva Zelanda ha puesto de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de financiación pública de los correspondientes sistemas y su extrema dependencia de la comercialización internacional de servicios docentes. En este caso, las estrategias tratan a la educación superior como una industria peculiar que ha perdido decenas de miles de lugares de trabajo y que asiste con estupor a las dificultades de viabilidad económica de muchos centros. En estos casos, el flujo predominante de las ayudas se dirige a garantizar el funcionamiento de las instituciones. La tercera estrategia, que solo se empieza a discutir en unos pocos países europeos como, por ejemplo, Alemania, Francia y algunos países nórdicos, considera la educación superior como una necesaria palanca de cambio y un motor de salida de la crisis. En esencia, se trata de reconocer que, del mismo modo que las universidades y los centros de investigación estuvieron desde el primer momento al servicio de la búsqueda de soluciones de todo tipo a los estragos causados por la pandemia, también tienen el potencial de convertirse en piezas esenciales en el proceso de recuperación y de transformación social y económica.
Es fácil observar que en estas tres estrategias se reconocen tres orientaciones muy distintas acerca del papel que el Estado debe tener en materia de educación superior: desde el máximo respeto a la autonomía y la autorregulación de las instituciones, con políticas públicas centradas en la igualdad de oportunidades, hasta la consideración de la educación superior como una verdadera industria que compite en un mercado internacional, que el Estado no solo debe regular sino también proteger cuando están en juego lugares de trabajo o el propio prestigio internacional, sin olvidar la opción por un uso estratégico de la educación superior mediante la creación de programas que incentiven la capacidad de repuesta de la educación superior a los retos científicos, sociales y económicos que la crisis plantea.
Pero se echa en falta una cuarta estrategia tan global como lo es la propia pandemia. Esta estrategia que debemos ayudar a construir desde los organismos internacionales y también desde las instituciones y organizaciones que promueven la cooperación académica internacional, debe basarse en el principio de que nos enfrentamos a problemas planetarios cuya solución difícilmente podrá encontrarse dentro de las propias fronteras nacionales. Debemos aspirar a construir espacios de cooperación internacional en materia de educación superior, investigación y ciencia que nos ayuden a encontrar juntos mejores soluciones, más rápidamente, apoyando las iniciativas de ciencia y conocimiento abiertos.
La pandemia ha hecho que la agenda 2030 sea ahora más relevante y urgente, si cabe. Todas las personas que tenemos responsabilidades en educación superior debemos alertar de la necesidad de que, junto a la necesaria presencia de las universidades en los planes nacionales de recuperación, es imperativo reforzar los espacios de cooperación y de movilidad internacional porque cada vez más dependemos de ellos para encarar los retos del presente y del futuro.
