Todos los años nuestros países anuncian compromisos políticos en la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; sin embargo, en muchos casos suelen limitarse a medidas coyunturales y lamentablemente aisladas. Dichos anuncios, además, no suelen tener en cuenta las propias actividades humanas que día a día afectan al cambio climático, convirtiéndolo en un fenómeno que se erige como la principal amenaza para nuestra sociedad.
Cabe señalar que la pandemia que aún vivimos —de origen zoonótico— está relacionada con nuestra mala relación con la naturaleza, y que incluso en 2020, pese a los confinamientos que se decretaron en muchos países, no se registró una reducción de las actividades perniciosas hacia el medio ambiente. Fue un año asimismo lamentable, en el que se incrementó el nivel de deforestación en la Amazonia, y en el que la minería ilegal no solo aumentó, sino que sus promotores, al igual que en el terreno del narcotráfico, empezaron asesinar a quienes “defienden el territorio”. Estas situaciones no pueden entenderse de forma desconectada con “lo climático”.
Concretamente, el balance actual evidencia que el tiempo no alcanza y que las metas planteadas en el Acuerdo de París (2015) no serán cumplidas. En un informe de agosto de 2021, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señalaba que no se llegará a detener el aumento de temperatura en 2 °C para 2040, lo que complicará nuestra posibilidad de vivir en condiciones adecuadas y dignas.
Todo ello debe llevaros a reflexionar y a impulsar un proceso de transición ecológica, donde la cuestión ambiental emerja como la pieza fundamental de la reactivación económica y no se reduzca a un elemento decorativo. En este sentido, el uso de energías fósiles ha de quedar atrás, y debe potenciarse el empleo de energías limpias y renovables. Asimismo, los incentivos y beneficios relativos a la conservación de los bosques habría de destinarse hacia quienes los mantienen en buen estado, en lugar de hacia quienes dicen “representar y administrar” sus recursos. Igualmente, es imprescindible que desde el más alto nivel gubernamental se haga frente a las actividades ilícitas de traficantes, mineros y taladores ilegales, que cada día cobran mayor relevancia e incluso en ocasiones ocupan espacios de representación oficial, decidiendo e incidiendo en políticas públicas.
A su vez, estas medidas deben acompañarse de iniciativas que favorezcan que la ciudadanía pueda afrontar, con mecanismos efectivos, la desinformación así como que pueda intervenir ante situaciones que le afecten directamente. Resulta así fundamental contar con herramientas como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), un acuerdo que responde a la realidad de la región, impulsado por la participación ciudadana y que defiende a quienes protegen nuestro patrimonio común.
Si queremos vivir en un planeta viable para la humanidad, hay que repensar los discursos sobre el crecimiento infinito; transformar nuestra forma de entender y relacionarnos con la Tierra, y desarrollar, en concreto, el uso sostenible de los recursos, que son bienes finitos y agotables: los beneficios que estos nos brindan requieren un ejercicio de responsabilidad, pues si se destruyen perdemos todos.
Es preciso que quienes deciden e impulsan iniciativas desde el sector público y el privado piensen en lograr el mayor beneficio para toda la sociedad. Esto se traduce en acciones que supongan aprovechar los recursos de manera eficiente, luchar eficazmente contra el cambio climático, proteger el patrimonio natural y la biodiversidad de los bosques y el mar, recurrir a energías sostenibles, y plantear los retos que implica el incremento demográfico, puesto que no es un factor ajeno a las necesidades enérgicas y el empleo de recursos.
Todo lo anterior exige una revisión de los mandatos, competencias y roles que tienen los ministerios y autoridades a cargo del manejo de los recursos naturales y la gestión de la energía. No caben lecturas parciales o atribuciones fragmentadas cuando estas cuestiones involucran, a escala nacional, la viabilidad de nuestras sociedades. Pero, a su vez, se requieren respuestas colectivas, a partir de los acuerdos ambientales internacionales, a lo que se puede sumar la inclusión de los “ecocidios”, como actos ilícitos o arbitrarios que causan daños graves y duraderos al medio ambiente, dentro de los delitos perseguibles por la Corte Penal Internacional
Queda sin duda mucho por hacer y decir, pero la viabilidad de nuestra especie y el propio derecho a vivir dignamente, depende de cómo manejemos y administremos nuestra “casa común”.
