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El impacto de la pandemia del COVID-19 en las metas colectivas de Desarrollo Sostenible que representa la Agenda 2030 se puede resumir en tres palabras: retrocesos, vindicación, y oportunidad,
Retrocesos, en primer lugar, debido al impacto de la pandemia en muchas de las metas contempladas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que integran la Agenda 2030. En dimensiones clave como el empleo, la reducción de la pobreza y el hambre, la salud o la educación los indicadores disponibles y las proyecciones realizadas por los organismos internacionales hablan de un panorama devastador, con retrocesos muy amplios y asimétricos, que han afectado en mayor medida a los países en desarrollo, a las personas más pobres y a los colectivos vulnerables. La pandemia ha tenido también un desigual impacto de género y en los derechos y el bienestar de las mujeres, y ha supuesto una aguda crisis de los cuidados. Más allá de las metas y los indicadores concretos, la respuesta a la pandemia, además, ha estado dominada por el “nacionalismo epidemiológico” y el “nacionalismo de vacunas” y no ha respondido a las exigencias de acción colectiva y multilateralismo eficaz que también requiere la Agenda 2030 como premisa básica de éxito.
La pandemia de la COVID-19 está poniendo a prueba las economías, las instituciones, los vínculos sociales y la capacidad de resiliencia de cada país y del conjunto del sistema internacional, en particular en cuanto a sus mecanismos de cooperación. La pandemia, como ha señalado Merrill Singer, es en muchos aspectos una “sindemia”. Con esta expresión se destaca el hecho de que el impacto sistémico de la pandemia parece responder más a la falta de preparación de los gobiernos, las instituciones y las políticas públicas, las sociedades y la respuesta multilateral, que al patógeno mismo, aun admitiendo las particularidades de este virus, más dañino cuando se manifiesta, y también más difícil de diagnosticar. Aún es pronto para hacer balance de las consecuencias de la pandemia a largo plazo, pero una de las lecciones más evidentes es que la capacidad de prevenir, enfrentar y sobreponerse al riesgo —lo que conocemos como resiliencia— depende, en gran medida, de esos factores, en el plano nacional e internacional. Como señaló en su momento el sociólogo Ulrich Beck, la sociedad internacional se enfrentaba a riesgos globales, y el COVID-19 puede ser también visto como uno de ellos. En suma, el impacto del COVID-19, más allá de la letalidad del virus, es la expresión de una crisis de desarrollo asociada a la globalización y a patrones previos de desigualdad y de vulnerabilidad y falta de resiliencia societal, y supone, por ello, una vindicación de la Agenda 2030 en lo que ésta supone de revisión crítica de las teleologías del desarrollo de la globalización, y como nueva ética del discurso basada en una concepción universalista y reflexiva del progreso humano, que asume los límites físicos y humanos que comporta la actividad humana en la tierra. En la conceptualización del filósofo alemán Jürgen Habermas, ello supondría una reafirmación del mundo de la vida (lebenswelt) frente a su mercantilización y su subordinación a la lógica de lo que este autor denomina el “sistema”.
El COVID-19, que empezó siendo una crisis sanitaria y, desde el punto de vista económico, un “choque exógeno”, rápidamente se torno en una grave crisis de desarrollo de carácter multidimensional y alcance global. Una de sus consecuencias más notables ha sido agravar brechas y asimetrías ya existentes, y acelerar tendencias de cambio tecnológico, en las demandas sociales, o en la arena política, que antes ya se anunciaban. Representa una crisis dentro de otra crisis más amplia, que afectaba a la globalización y al orden internacional liberal, en tanto modelo productivo y, también, orden hegemónico. La crisis de la COVID-19 puede verse como una coyuntura crítica, en el sentido que se da a esta expresión desde la sociología histórica: momentos en los que las estructuras y el orden vigente se debilitan; en los que, por ello, se amplían las fronteras de posibilidad para la acción colectiva y el cambio social, económico y político; en los que el devenir histórico se muestra abierto y hay distintos futuros posibles, y puede decantarse en una u otra dirección en función de las luchas sociales y la correlación de fuerzas que pueda gestarse. Como coyuntura crítica, la COVID-19 hace posibles propuestas de política económica y social que solo unos meses antes parecían inviables, hasta el punto de plantearse nuevas formas de relación entre el Estado, el capital, el trabajo y la sociedad, y hacer posible un nuevo contrato social que también abarca a las generaciones futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Por esa razón, a pesar de los retrocesos, la pandemia es también una oportunidad para relanzar la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y sus 17 ODS.
La pandemia del COVID-19 ha supuesto una profunda crisis, pero también está generando vigorosas respuestas de las sociedades, en todos los órdenes, y en particular de las instituciones, de la política económica y social y de las estrategias de desarrollo, con una clara vocación transformadora. Dentro de las limitaciones que impone un espacio fiscal más reducido, América Latina ha desplegado un importante esfuerzo de respuesta a una pandemia que ha expuesto, de manera dramática, las brechas sociales y de desarrollo que afectan a la región. La UE, por su parte, ya antes de la pandemia quería impulsar a través del “Pacto Verde Europeo” una profunda transición societal y ecológica que pretende ser, al mismo tiempo, marco para la renovación de los vínculos entre las instituciones y la ciudadanía, nueva estrategia de desarrollo y de política industrial, marca de su “poder blando”, y renovada narrativa movilizadora de la construcción europea. Con Next Generation EU, recuperación pospandemia y transformación “verde”, digital y social de la UE han recibido un impulso político y financiero aún mayor. Las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe y su diálogo y cooperación al desarrollo, por ello, habrán de redefinirse como dimensión externa del Pacto Verde Europeo, con una agenda común de reforma y convergencia regulatoria orientada a promover esa “triple transición”, de manera justa e inclusiva.
Esa triple transición supone múltiples desafíos para la política, tanto en su dimensión de ejercicio y legitimación del poder, como para el diseño y despliegue de las políticas públicas, en tanto acción de gobierno eficaz para satisfacer las demandas y derechos de la ciudadanía. Esta pandemia se ha desatado sobre un escenario social y político que ya era problemático antes de la aparición de este virus. Un escenario de creciente desafección ciudadana tanto en Europa como en América Latina, que se ha manifestado, entre otras cosas, con brotes iliberales de impronta excluyente y nacionalista. Parte de esos desafíos se encuentran en la esfera virtual, en unas redes cada vez más presentes que erosionan la esfera pública, envenenan la deliberación democrática, alientan la polarización, se nutren a menudo de desinformación que es contraria a la evidencia científica, y transforman la disputa por el discurso y la legitimidad.
Ante ese nuevo escenario, urge buscar formas innovadoras de democracia deliberativa, “gobierno abierto” y participación ciudadana que permitan relegitimar la acción de gobierno, restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, y revitalizar la democracia más allá de los procesos electorales. En cuanto a las políticas públicas, se plantean retos nuevos a partir de la revolución digital, la inteligencia artificial y la mayor capacidad de generación y procesamiento de datos: sea la lucha contra la pandemia, la movilidad urbana, la seguridad ciudadana, la gestión ambiental, o la medición de resultados de la política pública, la digitalización abre posibilidades de modernización de la gestión pública hasta hace muy poco difíciles de imaginar. Pueden ser, en suma, instrumentos efectivos para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en particular del Objetivo (ODS) 16, que junto a otros fines de paz, seguridad y acceso a la justicia, se dirige a “…construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Y es que en el malestar de la ciudadanía y la exigencia de políticas públicas efectivas también radica un componente de esperanza, pues es más exigente, tolera menos la corrupción y la captura de las políticas para intereses particulares, pide responsabilidad y rendición de cuentas, exige mejores servicios públicos, más seguridad ciudadana, y, en suma, ya no acepta ser gobernada como antes.
Esta nueva edición del programa de Liderazgo Público Iberoamericano, que se realiza con el respaldo de Telefónica, responde a esos problemas y aspiraciones, y trata de promover la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre altos funcionarios/as, para contribuir a la mejora de la calidad y la eficacia de la gestión y las políticas públicas de los países iberoamericanos ante los retos de esa triple transición, socieoconómica, productiva y digital, y ecológica. El propósito consiste en generar redes iberoamericanas de liderazgo público y, en última instancia, al fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática. Para la Fundación Carolina, es también una muestra de su mandato y compromiso con los valores y principios que sustentan la Comunidad Iberoamericana y su asunción de la Agenda 2030 como horizonte colectivo de progreso global.
Un cordial saludo,
