A principios de 2009, junto con un equipo de excelencia, asumimos la responsabilidad de constituir una entidad pública con el mandato de promover el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Chile. Con altas expectativas en el entorno social, el proceso tuvo la singularidad y complejidad de no contar con vacancia legal alguna, por lo que, en forma paralela, se instaló la institución y se dio inicio al ejercicio de sus funciones y atribuciones.
La tarea se abordó con un sentido de urgencia plasmado en objetivos claros y medibles, y un modelo de gestión que, sobre la base de una planificación periódica, alineó la dinámica institucional a la satisfacción de las expectativas y necesidades de los usuarios de este nuevo sistema, asumiendo la mejora continua como consigna de desarrollo y maduración institucional. Para encauzar esta intensa dinámica organizacional se relevó prontamente, como central, la gestión del conocimiento y la necesidad de generar capacidad de aprendizaje con base en los resultados propios y, muy especialmente, a la luz de las experiencias comparadas de aquellos que ya habían transitado este camino.
En efecto, no estábamos solos, ya que el fomento del principio de transparencia era un desafío compartido con otros países que contaban con una institucionalidad en régimen, o en los que se habían dictado leyes que debían implementarse o, en ciertos casos, se encontraban en pleno debate legislativo de iniciativas tendientes a incorporar esta política.
En ese contexto histórico, se desarrolló un proyecto tendiente a generar una instancia que se plasmó en la formación de una red internacional de cooperación e intercambio de experiencias y conocimientos entre órganos encargados de promover el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
En 2011, esta red se constituyó con organizaciones de 5 países (Bolivia, Chile, México, Perú y Uruguay), y hoy abarca un universo de 34 organizaciones1 de 17 países de Iberoamérica, cuya Presidencia es ejercida actualmente por la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, y su Secretaría Ejecutiva por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México. Durante los 7 años que nos correspondió colaborar en su desarrollo, convocó 14 encuentros en diversos países, con una alta y significativa participación de autoridades nacionales e internacionales, representantes de organismos de cooperación, de la sociedad civil y ciudadanos en general.
Dichas instancias se celebraron en torno al desarrollo de proyectos y realizaciones que se tradujeron en modelos de aplicación e instrumentos de trabajo replicables en los países partícipes, en temas centrales para el proceso de implementación de la política pública de transparencia. En esta dinámica se abordaron cuestiones como la fiscalización de cumplimiento en óptica de uso ciudadano; la construcción de metodologías e indicadores comparables de medición del acceso a la información pública; la gestión documental; la difusión de criterios jurisprudenciales; el uso de sistemas alternativos de solución de controversias, con foco en la mediación; los planes y estrategias de difusión del derecho de acceso a la información, sensibilización y habilitación ciudadana; y la vinculación de los órganos garantes con los planes de acción de gobierno abierto, entre muchos otros.
Efectivamente, estas realizaciones y resultados tangibles dan cuenta de un dinamismo particular y deseable en una instancia de esta naturaleza. Convocados a identificar algunos elementos que podrían explicar la orientación a la acción que revela la intensa agenda de esta red de cooperación internacional, y que pudieran ser replicados en experiencias equivalentes, hemos destacado nueve elementos que sintetizamos a continuación.
- En primer término, debe señalarse que esta instancia fue concebida desde la gestión del conocimiento y el aprendizaje, haciéndose cargo de una necesidad existente y compartida por las entidades que serían sus futuras partícipes. Como hemos explicado, diversas instituciones estaban enfrentando los desafíos de la implementación con la premura de mostrar resultados en contextos con altas expectativas, y ejecutaban acciones y programas con el mismo propósito. El paradigma fue que las lecciones aprendidas en cada realidad nacional no debían desaprovecharse, para lo cual era conducente generar un espacio conversacional que permitiera intercambiar experiencias, analizarlas y generar aprendizajes con base en dicha evaluación. Este propósito fue un imán que generó una importante y rápida adhesión a la organización.
- Adicionalmente, la oferta de conocimiento y aprendizaje no fue genérica, sino que se estructuró con base en un diagnóstico de las necesidades de cooperación de los órganos garantes. Para ello se desarrolló un proceso sistemático de levantamiento de los intereses compartidos de las entidades de diversos países con la participación de consultores especializados. Dicho diagnóstico concluyó que, a pesar de las diferencias políticas, culturales e institucionales, existían desafíos prioritarios y compartidos que se concentraban en ámbitos bien concretos. En el caso de esta red, apuntaban a la promoción y capacitación de funcionarios y ciudadanos; la evaluación de los avances de la política; los criterios para la resolución de conflictos y la gestión de los archivos públicos. Estos hallazgos fueron el leitmotiv de la iniciativa y, prontamente, dieron lugar a una primera agenda de trabajo y la constitución de fuerzas de tarea a cargo de impulsar su desarrollo.
- Una cooperación efectiva y la inserción de esta red en el entorno demandó un esfuerzo de institucionalización. Se necesitaba configurar una mínima estructura que habilitara la representación e interlocución con el entorno y la instalación de funciones permanentes para dinamizar el desempeño colectivo. Todo lo anterior se tradujo en la formalización de una estructura de gobierno interno acorde con las características e inspiración de la organización y, por lo mismo, no excesiva, muy flexible pero efectiva, con instancias resolutivas y ejecutivas con ámbitos competenciales delimitados. Un estatuto formalizó los principios y funciones generales de la red, sus mecanismos de ingreso y un amplio abanico de posibilidades para participar en diversas calidades, de miembros plenos, asociados o adherentes; sensibilizando las normas a la luz de la diversidad de las características que presentaban las entidades promotoras o garantes del derecho de acceso a la información. Dicha normativa interna estableció una Secretaría Ejecutiva focalizada en impulsar el trabajo colaborativo a través de la planificación, seguimiento y control de los proyectos desarrollados por la red.
- Replicando un modus operandi que había sido efectivo en el proceso de institucionalización del órgano garante en nuestro país, promovimos la incorporación de un proceso de planificación, a intervalos definidos, para generar y actualizar continuamente un entendimiento compartido del sentido de la organización y un alineamiento en torno a objetivos de largo plazo. En dicho proceso se definieron insumos de análisis que abarcaban el rendimiento interno y una escucha activa del entorno, considerando estudios y espacios conversacionales con stakeholders especialmente convocados a dicho fin.
- Los sucesivos procesos dieron lugar a planes estratégicos para avanzar en el cumplimiento de una misión formalizada en términos de “generar un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de América Latina en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública”, con objetivos consensuados para dirigir la acción y fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones involucradas para, a su vez, honrar su propósito de impactar en sus respectivos entornos.
- Como correlato de este plan, nació una agenda de proyectos que, en su primera versión, fue también una suerte de espejo de las necesidades de cooperación detectadas en el proceso de diagnóstico y que, sucesivamente, se fue renovando junto con la maduración del diálogo al interior de la red. Todas las agendas se formalizaron en términos de planes de trabajo, con etapas, cronogramas e indicadores de cumplimiento bajo el liderazgo de organizaciones miembros a cargo de comisiones con representación de adherentes.
- Para el seguimiento de dicha agenda se consideró la utilización de metodologías e instrumentos de gestión que instalaron la planificación, la definición de metas y la evaluación como prácticas permanentes de la red. Sostenidamente, se aplicaron procesos de seguimiento y análisis de resultados compartidos en encuentros convocados a dicho efecto, en los que se volvía a mirar la estrategia y se refrescaban las conversaciones en relación a los énfasis y los nuevos desafíos del entorno. La reportería acompañó la evaluación y su comunicación, permitiendo que todos los miembros compartieran los avances de la estrategia. Todas esas acciones fueron debidamente documentadas, posibilitando que los responsables de guiar el funcionamiento de la red pudieran dar continuidad al cumplimiento de los compromisos asumidos como grupo.
- La red se impuso como estándar la realización de dos encuentros anuales que se constituyeron en instancias de rendición de cuentas, instaurando los procesos de seguimiento y reporte de resultados desde sus gestores como una condición habitual de funcionamiento. Esta acción se materializó como punto de partida y revisión de cada encuentro con el claro propósito de poner en contexto las conversaciones de la organización, sus desafíos permanentes, los aportes e incorporación de integrantes y la consideración de otros proyectos que fueran sumando el objetivo de cumplir su misión institucional.
- Finalmente, pero no menos importante, la red adoptó una explícita política de alianzas con organismos internacionales, programas de cooperación y la sociedad civil, en el entendimiento de que el proceso de implementación de una política pública se fortalece a través del trabajo conjunto con la multiplicidad de actores que tienen un rol en su ejecución, que no está delimitado solo a los órganos garantes. Esta mirada permitió enriquecer su agenda, levantar recursos para apalancar la ejecución de los proyectos y posicionarla como un actor relevante en la articulación de iniciativas de cooperación en su ámbito de acción.
Para finalizar estas líneas, conviene destacar que hemos concentrado este relato en aquellos elementos o procedimientos que, en nuestra particular opinión, podrían resultar apropiados o aconsejables para una organización equivalente, y que dicho juicio se funda, precisamente, en los resultados positivos que arrojaron esta experiencia de instalación y desarrollo. Desde luego que el proceso no estuvo exento de dificultades y otras lecciones aprendidas, cuyo análisis quedará para otra oportunidad.
1 Ver información de sus integrantes en la página de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA): https://redrta.org/quienes-somos/
