Son muchas las cuestiones sobre las que reflexionar y los aspectos a compartir sobre las dinámicas de las sociedades actuales en los ámbitos iberoamericano de la cooperación internacional, en los que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que en 2019 celebró 65 años de labores desde su nacimiento en 1954 (Lima, Perú), tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social, mediante el intercambio y aprovechamiento de experiencias compartidas en seguridad y protección social, en la convicción de que la mayor cohesión social y la lucha contra las desigualdades han contribuido significativamente a un desarrollo más equitativo de nuestras sociedades.
Es una labor que continuaremos haciendo en el futuro, ante los cambios y retos a los que debemos hacer frente, como la sostenibilidad ambiental, la evolución demográfica, las migraciones, la digitalización de la economía, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización o la robótica.
Hoy el camino a seguir nos viene marcado por los Objetivos de la Agenda 2030, con la que todos los países iberoamericanos están comprometidos y en cuya consecución también la OISS se encuentra implicada, especialmente en aquellos que hacen referencia a la protección social, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Dada esta perspectiva, la OISS viene impulsando diferentes programas dirigidos a tales fines por medio de la cooperación entre los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, programas que pretenden incidir en temas como la sostenibilidad y suficiencia de los sistemas de pensiones, la universalización y calidad de la asistencia sanitaria, la formalización laboral, la mejora de las condiciones de trabajo, la extensión de los servicios sociales, la transversalización de la perspectiva de género en la protección social o la atención a colectivos vulnerables como las personas con discapacidad, los mayores, los jóvenes o los trabajadores migrantes y sus familias.
En todos estos campos, la OISS viene trabajando a partir de acciones de formación, de impulso o de asesoría técnica, respetando siempre la autonomía y singularidad de cada uno de los países, pero fomentando la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos planteados.
A estas premisas responde precisamente el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social al que quiero referirme en particular, ya que se le ha considerado como el primer instrumento propiamente iberoamericano que reconoce derechos individuales directamente exigibles por los ciudadanos y como tal ha sido reconocido por instituciones como el Parlamento Europeo (Resolución del 14 de marzo de 2013) o el Comité Económico y Social Europeo (dictamen del 14 de noviembre de 2012), además, por supuesto, de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno de las que emana.
Se trata de un Convenio de coordinación de legislaciones que, con absoluto respeto a las normas nacionales de seguridad social de cada Estado, permite la acumulación de los periodos de cotización registrados por un trabajador en distintos países iberoamericanos, de manera que le permita cumplir los requisitos necesarios para poder alcanzar el derecho a pensión en los casos de jubilación, incapacidad o muerte, sin que el hecho de que las aportaciones a la seguridad social se hayan realizado en diferentes Estados le suponga la pérdida de tales derechos.
Este Convenio que, a iniciativa de la OISS, tuvo su origen en la XV Cumbre Iberoamericana (Salamanca, España, 2005) está plenamente en vigor ya en 11 países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay), ha sido ratificado parlamentariamente por Venezuela y muy recientemente por República Dominicana, y está en trámite de ratificación en Colombia y Costa Rica.
Son así ya 15 los países comprometidos con este instrumento, en los que la garantía del derecho a obtener una pensión al fin de la vida laboral es o será una realidad gracias a este Convenio, a partir del cual se han tramitado ya más de 50.000 expedientes que han permitido conservar o mejorar ese derecho a sus beneficiarios.
Creo que este es un buen ejemplo de lo que la cooperación internacional puede lograr en beneficio de los ciudadanos y en la consecución de los Objetivos de la Agenda 2030 y que, como tal, puede en cierto modo señalar un camino a seguir en otros ámbitos en los que esa cooperación debe contribuir al bienestar de nuestras sociedades.
