La triple crisis – sanitaria, económica y social – desencadenada por la pandemia de COVID-19 ha agravado las vulnerabilidades de una región, América Latina y el Caribe, que podría enfrentarse a una nueva década perdida de no sentarse las bases de un desarrollo sostenible en línea con la Agenda 2030. Sólo una apuesta decidida por la renovación del contrato social, la institucionalidad democrática y la apuesta por un modelo económico y social que reconcilie prosperidad, personas y planeta, permitirán evitarlo.
En efecto, el crecimiento económico de la región en años previos a la pandemia (por otra parte anémico en muchos países en los últimos años) no dio lugar a economías más diversificadas ni redundó en una reducción clara de las brechas de desigualdad. La celebrada y notable reducción de la pobreza extrema y el crecimiento moderado de las clases medias de esos años, se han visto lamentablemente lastrados por la debilidad de los sistemas de protección social y la aplicación de políticas económicas con escaso impacto en la pre- y redistribución de los ingresos y la riqueza. La región ha afrontado una tormenta perfecta como resultado de una combinación de: (1) una pirámide demográfica en proceso de envejecimiento ya no muy distinta de la europea, y (2) un margen fiscal escaso para hacer políticas contracíclicas y unos sistemas sociales y sanitarios con importantes debilidades y una cobertura limitada.
La triple crisis derivada de la pandemia, ha desvelado la crudeza de esas debilidades y comprometido los logros alcanzados.
En efecto, según el FMI, el PIB agregado de toda la zona cayó un 7% sólo en 2020 (la región del mundo más afectada) y, según la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región fue en 2020 la más alta de los últimos veinte años, llegando hasta el 12,5% de la población. El retroceso económico y en lucha contra la pobreza ha redundado en una desafección creciente con los sistemas democráticos que, aunque no es exclusiva de la región, ha tenido una especial incidencia en las sociedades latinoamericanas más desiguales. De hecho, según el Latinobarómetro, entre 2009 y 2020 la proporción de personas insatisfechas con la democracia ha pasado del 50 al 70% en la región y todos recordamos los episodios de descontento social de distinto signo y orientación que se produjeron en diversos países latinoamericanos en 2018 y 2019.
Vivimos pues un contexto de crisis. Pero las crisis son también grandes oportunidades para que las sociedades se repiensen y se reinventen, para lograr consensos colectivos sobre el futuro y abrir debates que parecían cerrados. Esa tarea corresponde obviamente a las ciudadanas y ciudadanos latinoamericanos y a sus sistemas políticos. Pero las cooperaciones, empezando por la española, debemos jugar también nuestro papel.
Es preciso adoptar un compromiso renovado con nuestros socios latinoamericanos a través de una cooperación que refuerce los modelos de cooperación avanzada, que abrace el concepto de desarrollo en transición, flexible, innovadora en la búsqueda de soluciones globales para los actuales retos que afrontamos a ambos lados del Atlántico y capaz de generar alianzas con otros actores, como la sociedad civil o el sector privado.
España y la Cooperación Española tienen que estar a la altura del desafío histórico de la reconstrucción post-pandemia y las necesidades de nuestros países socios en Latinoamérica. La futura Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuyo anteproyecto acaba de aprobarse en Consejo de Ministros, permitirá la actualización de nuestros instrumentos de cooperación, fundamentalmente la cooperación financiera, facilitará una reforma de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), piedra angular del sistema de Cooperación español, y conducirá a la adopción de un nuevo Estatuto para los cooperantes. En 2022, este impulso reformista se ha visto acompañado además de un notable incremento de la ayuda oficial al desarrollo española y del propio presupuesto de la AECID hasta niveles no vistos desde hace diez años. La disponibilidad de más recursos nos permitirá reforzar muchas de nuestras líneas de trabajo en la región y afrontar con garantías las reformas que tenemos por delante y la elaboración de un nuevo Plan Director que verá la luz una vez aprobada la nueva ley.
En la próxima década, y con el aval de nuestra larga experiencia en la región, y con este nuevo marco normativo, institucional y estratégico, estaremos en mejores condiciones para acompañar a la región y encarar los retos de desarrollo que afronta América Latina y caribe, entre otros: las desigualdades y la exclusión social; la especial exposición y vulnerabilidad al cambio climático y el resto de crisis medioambientales o la debilidad de los sistemas institucionales incluyendo los sistemas sanitarios.
En el primer ámbito, un eje fundamental de nuestro trabajo será impulsar la creación de espacios de diálogo con los actores políticos, económicos y de la sociedad civil de la región para promover el debate sobre un nuevo contrato social que defina lo que la ciudadanía espera de sus instituciones. La cohesión social para la generación de consensos pasa por el impulso a sociedades más incluyentes, por lo que continuaremos apoyando las políticas de igualdad de género y de integración de los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes. Trabajaremos también cuestiones centrales para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, como el reforzamiento de sistemas tributarios justos y progresivos o la apuesta por los servicios públicos de calidad. Queremos ayudar a nuestros países socios para lograr sociedades más cohesionadas y democracias más sólidas.
La crisis climática tiene una especial incidencia en América Latina y el Caribe tanto por los riesgos naturales a los que está expuesta, como por sus importantes activos climáticos y en términos de biodiversidad. Destaca en nuestra cartera de proyectos el papel relevante de ARAUCLIMA, un programa de la Cooperación Española que desde 2015 ha impulsado un total de 27 proyectos en 13 países de la región dirigidos a afrontar los retos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Otro elemento principal de nuestro compromiso en línea con el Pacto Verde Europeo debe ser el apoyo a la transición ecológica justa y sostenible y la salvaguarda del derecho al agua y saneamiento, siendo nuestro buque insignia el Fondo de Agua y Saneamiento. Este tipo de programas y proyectos están llamados a desempeñar un papel clave en una AECID y una Cooperación más verde y que apueste por una transición hacia una economía descarbonizada que sea al mismo tiempo motor de prosperidad y oportunidades para todos y todas.
Por último, en el contexto actual, no podemos dejar hacer una referencia a la salud como bien público global. La pandemia nos demuestra que debemos apostar por sistemas sanitarios incluyentes, eficientes y que nos permitan alcanzar la cobertura sanitaria universal de acuerdo con el ODS 3. En el corto plazo, el reto es la vacunación. España es el segundo donante internacional de vacunas a América Latina y Caribe. Desde la AECID queremos además apoyar a nuestros socios compartiendo la exitosa experiencia española en la logística y la aceptación pública de la vacunación. Debemos además apostar por el fortalecimiento de los sistemas de salud en su integridad, apostando en particular por la atención primaria, o por desafíos que la pandemia ha exacerbado, como la salud mental. España y su sistema sanitario son referentes internacionales y la experiencia de un país que puso en marcha uno un sistema universal público de asistencia sanitaria apenas un lustro después de dejar de ser país receptor de AOD puede ser un ejemplo para nuestros socios latinoamericanos.
Estos aspectos deben abordarse desde la perspectiva de la Agenda 2030 que incluye planteamientos de cooperación Sur-Sur y triangular, e incorpora la innovación y la co-creación como elemento de trabajo para la identificación de problemas y búsqueda de soluciones, a través de metodologías como son los laboratorios de innovación pública. En este aspecto, el renovado Programa Intercoonecta y los Centros de Formación de la Cooperación Española, jugarán un papel clave.
Para finalizar, cabe destacar que, en estos importantes retos es especialmente relevante la capacidad de AECID para fomentar alianzas, atrayendo a socios como otras cooperaciones, la sociedad civil o el sector privado, fundamental para lograr acelerar el cumplimiento de los ODS en la llamada “década para la acción”. La Presidencia española de la UE durante el primer semestre de 2023, será clave para impulsar estos mensajes y atraer a nuestros socios europeos hacia la región. La activa contribución de la Cooperación Española al Equipo Europa en la región, a través de numerosas iniciativas nacionales y regionales, nos debe permitir colocar las prioridades de nuestros países socios y del espacio iberoamericano en el centro de la agenda de cooperación europea.
Estamos en un momento crucial para la cooperación española, que debe estar a la altura de su compromiso con la región aportando soluciones ambiciosas e innovadoras a los retos globales que todos compartimos, pero también a los más específicos de una región con la que nos unen no sólo lazos históricos y de amistad inquebrantables sino también valores e intereses compartidos. La AECID estará, como siempre ha estado, al lado de América Latina y Caribe para afrontar estos desafíos.
